No parece que los patronos vizcaínos encontrasen exageradas las diez o diez horas y media que trabajaban sus obreros a primeros de siglo, para los mineros por ejemplo, la jornada de diez horas, no puede estimarse excesiva para los obreros, sus labores no requieren un penoso esfuerzo que aconseje la disminución de la jornada por la intensidad del trabajo.

Es sabido que los trabajadores organizados, consideraban excesivas, inhumanas dichas jornadas. Ya los primeros estatutos de la UGT contemplaban la petición al Gobierno de la jornada de 8 horas, que fue también solicitada por los obreros bilbaínos durante la primera celebración del primero de mayo, en 1890. La misma petición se incluía en las conclusiones elevadas al Gobierno en los primeros de mayo de 1917 y 1918 y en el Estatuto del trabajo que solicito la UGT en enero de 1.919.

Establecida la nueva jornada, no se volvió en los años siguientes a los antiguos horarios, salvo en algunos pueblos en los que a veces eran los mismos obreros los que querían trabajar más, pero los patronos no ocultaron las consecuencias gravísimas del descenso de producción originado por su implantación, ni su deseo, de aumentar las horas  de trabajo.

LAS HORAS EXTRAORDINARIAS

Siempre se hicieron horas extraordinarias en la industria vizcaína pero el tema solo adquirió verdadera relevancia, después de establecida la jornada de ocho horas.

En los meses inmediatamente posteriores a la implantación de la nueva jornada, las organizaciones trataron de suprimir las horas extraordinarias, conforme a las disposiciones de sus estatutos.

Dichas campañas tuvieron muy poco éxito, porque la supresión de horas extraordinarias, no convenía a los patronos, que las preferían al incremento de la plantilla, ni a muchos obreros, que las cobraban con un fuerte sobreprecio.

EL DESCANSO SEMANAL

El establecimiento del descanso dominical-no incluido expresamente en ningún programa de reivindicación obrera- era con la regulación del trabajo de mujeres y niños y de los accidentes de trabajo, uno de los proyectos de reformas sociales no fue aprobado.

LAS VACACIONES RETRIBUIDAS

El derecho de los trabajadores a siete días anuales de vacaciones retribuidas. Dicha reforma había sido incluida ya en el anteproyecto de ley sobre Contrato de Trabajo aprobado por el pleno del IRS en enero  de 1924, con el voto en contra de la representación patronal.

La concesión o, imposición de “tan radical innovación” había de implicar una carga efectiva y abrumadora para la industria española, que, añadida a las demás que sobre la misma pesan, la llevaría a no poder sostener la ruda y desigual competencia a que se ve condenada con las industrias extranjeras, libres de tales gravámenes.

Fitxa

Nombre : Matadero municipal de Barakaldo

Localidad : Barakaldo

Barrio : Juan Garai

Provincia : Bizkaia

Tipología exacta : Matadero

Autor : Alfredo Acebal

Fecha de construcción : 1917

Siglo : XX

Época : Edad Contemporánea

Estilo : Formal

Tipología general : Mataderos

Descripción actual:

Este complejo edificio está en el casco urbano, en pleno centro. Tiene tres pabellones unidos por un patio central cubierto y hay una vivienda de dos plantas cerrando el patio. También hay dos pequeños espacios que se comunican con los pabellones centrales a través de pasillos cerrados. Junto al conjunto están las cuadras, y una valla rodea el complejo por tres lados.

Datos históricos:

A consecuencia del crecimiento demográfico de Barakaldo, debían construir un nuevo matadero y se otorgó la construcción en subasta pública. En lo concerniente a las instalaciones mecánicas y a la distribución de pabellones, siguieron el modelo implantado en Mataró. La construcción del edificio comenzó en 1917 y estuvo en funcionamiento hasta comienzos de los años 80.

2.- Mercado de Barakaldo

Fitxa

Nombre : Mercado de Barakaldo

Localidad : Barakaldo

Provincia : Bizkaia

Tipología exacta : Mercados

Autor : Ismael Gorostiza

Fecha de construcción : 1931

Siglo : XX

Época : Edad Contemporánea

Tipología general : Mercados y cooperativas

Descripción actual:

El mercado es de planta rectangular, y tiene tres alturas. La planta baja alberga los almacenes, refrigeradores y pescadería; en la primera, en el centro, hay puestos de verduras y hortalizas y en el perímetro carnicerías y charcuterías; y en la segunda planta puestos de ropa y mercería. Tiene estructura de hormigón, las paredes son de ladrillo y mampostería , perimetrales, y están enlucidas y pintadas. Tiene cubierta a dos aguas con cimbras y tiras de hormigón y el suelo es de terrazo y asfalto. El techo es transparente y luminoso. Los accesos al interior están en los laterales; hay escaleras para subir a los pisos superiores. En cada lado hay diecisiete vanos y la luz entra del exterior por los mismos.

Datos históricos:

Ismael Gorostiza proyectó este edificio hacia 1920 y se inauguró en 1931. En la parte alta del municipio vivía cada vez más gente y para satisfacer sus necesidades fue necesario construir un nuevo mercado.

La falta de vivienda y los elevados alquileres, fue otra de las consecuencias del desarrollo industrial y demográfico de la zona, y que iba a repercutir sobre la población obrera y la higiene.

Los testimonios que describen la insalubridad de las viviendas y el hacinamiento de sus moradores, el azote de todo tipo de enfermedades, la explotación del obrero, el excesivo número de horas de trabajo, la deficiente alimentación se agolpan desde los primeros años de la industrialización. Se denuncia las deplorables condiciones de vida de los trabajadores, algunas clases de obreros de las fábricas y de los Altos Hornos, que la índole permanente de su trabajo, tienen que trabajar necesariamente de día y de noche, lo mismo los días laborales que los festivos, tienen establecidos sus turnos para dormir en una misma cama, y cuando se levante el uno se acuesta el que le sustituye, pasándose largas temporadas sin que se laven sus ropas y sin que las habitaciones tengan otra ventilación que la que se produce por las rendijas de sus puertas y ventanas. Esta clase de obreros es la que presenta mayor número de enfermedades contagiosas, principalmente de las tifoideas, originadas por los venenos morbosos que satura la confinada atmosfera de sus sucias y oscuras habitaciones.

El albergue obrero adolece de estrechez, no es confortable, no tiene condiciones de convivencia, es una habitación dividida en dormitorios.

Algunas de las denuncias fueron hechas con la único y pragmática finalidad de convencer a la clase empresarial de que un obrero sano proporcionaba más rendimiento que un obrero enfermo.

La explotación intensiva de las minas, la puesta en marcha de las fábricas y talleres siderúrgicos, la instalación de ferrocarriles…. requería mano de obra abundante. Los jornaleros del campo, ante un salario fijo no lo dudaron, hicieron un petate y se presentaron en las urbes-industriales en busca de un empleo remunerado. La propagación del cólera de marzo de 1.885 evidenció la miseria, el hacinamiento, y la escasa, cuando no nula, salubridad  de muchos de los barrios más densamente poblados del municipio.

La epidemia supuso una primera toma de conciencia por parte de las autoridades concejiles, dispuestas en arbitrar medidas que erradicasen el contagio e impidiesen el desarrollo de futuros brotes.

Debido a esto se nombre una Junta de Sanidad y un inspector por cada barriada. A pesar de que el presidente honorario de la misma era el director del ferrocarril de la compañía Orconera y de que la mayoría de sus miembros eran a su vez los propietarios de muchas de estas viviendas no se puede obviar las deplorables condiciones de habitabilidad que sufría la clase trabajadora.

El número de familias que afrontaban la excesiva renta de alquiler con el recurso del pupilaje ascendía al 62,2%. Los casos más frecuentes eran los de matrimonios con dos hijos que alojaban a cuatro realquilados compartiendo unos y otros dos alcobas y una sola cocina. La Junta de Sanidad señala cómo muchas de las viviendas carecían de excusados y lavaderos. Algunas, incluso, son denominadas como cortijos, barras y cuadras. Serán estas las primeras en recibir la orden de demolición.

La situación de una barriada en 1.889 era escandalosa, sobre todo antihigiénica, la aglomeración de habitantes en las casas por la escasez y carestía de las viviendas. Los primeros arrendatarios alquilan por ejemplo una habitación por veinte pesetas al mes y por no poder satisfacerlos admiten dos o más posaderos o uno o dos matrimonios. A los primeros les cobras mensualmente dos duros, por cuidarles, la comida, la ropa y darles cama, con los segundos comparten de tres o cuatro piezas pequeñas en donde viven diez, doce y más seres vivientes. Como consecuencia los barrios están infectados de viruela, difteria y otras enfermedades infecciosas y contagiosas.

Había habitaciones donde no se podía penetrar, por los olores fétidos y nauseabundos que despiden debido a la suciedad y la aglomeración de gentes que en ellas habitan

Los informes sobre la vivienda nos permiten desglosar las características de estos edificios y asomarnos a las míseras condiciones de sus curadores.

Los médicos incidían en la idea de que a muchas de las viviendas se las había concedido la licencia para habitar sin tener las habitaciones el cubo de aire necesario y otras en que si bien al concederles el permiso tenían suficiente capacidad, posteriormente y sin previa solicitud el municipio, los propietarios las habían subdividido y reducido con tabiques, la consecuencia eran dormitorios que daban a patios cerrados, lóbregos y sucios donde el aislamiento del hogar domestico no existía y los vecinos del 2º piso respiraban los gases que se despedían del primero y los secretos de vida intima eran traídos y llevados a través de los suelos.

Aconsejaban la construcción de casas higiénicas y baratas donde el obrero por un bajo alquiler se le diera sin lujos una habitación sana y agradable. Si a esta situación deplorable de la vivienda , refugio del trabajador tras las largas y duras jornadas laborales, le añadimos el empleo cotidiano de las aguas contaminadas de los ríos, no sólo para el lavado de la ropa sino también para el uso y aseo humano, el que las basuras se arrojen directamente a la calle ante el abandono de la municipalidad que se olvida de recogerla en los barrios más indigentes, y que los animales compartan habitación con sus dueños, estaremos desglosando las condiciones míseras de la vida obrera a finales de la centuria pasada.

En las fabricas y talleres de la zona fabril, la salubridad era menor que en las minas. La gran mayoría de pequeños talleres se hallaban situados en plantas bajas, con mucha humedad, sin ventilación, espacio, ni luz suficientes. Los servicios higiénicos eran o muy deficientes o inexistentes. En los Altos Hornos, cuyas sangrías producían atmosfera y falta de oxigeno, por la emanación de gases tóxicos, humos densos y altas temperaturas. Las condiciones eran insoportables. Los accidentes laborables eran frecuentes sobre todo en talleres metalúrgicos y carpinterías, más que por imprudencia, por la práctica inexistencia de dispositivos de protección, incumpliéndose de forma sistemática las disposiciones legales para su prevención.

En el año 1.886 se dictó el Reglamento de Policía e Higiene, en el cual se hacía referencia a las habitaciones. Se insistía en los edificios no podrían tener más de dos pisos sobre el bajo, no permitiéndose en los dormitorios más de un individuo por cada 20 metros cúbicos de aire. Bajo ningún concepto se permitía que estos fuesen ocupados de día y de noche, salvo por enfermedad y en caso de que pudiesen contener más de ocho personas, deberían disponer de una ventilación constante por medio de una chimenea de tiro, siempre abierta. Las personas de sexo distinto, no podían ocupar el mismo cuarto, excepto los matrimonios y los padres con hijos menores de diez años, ni más de un matrimonio, debiendo establecerse siempre entre los cuartos de dormir, tabiques sólidos y a una altura conveniente. No se consideraban habitables cuevas, chozas y casas de tierra. Las de madera tendrían doble tabique.

Las cuadras para ganado de cerdo, caballar y vacuno tenían que ubicarse en edificios independientes de las viviendas humanas, prohibiéndose su circulación por las calles y caminos públicos. Se reglamentaron una serie de normas conducentes a mejorar la higiene, tales como la prohibición del uso de aguas inmundas, la construcción de lavaderos municipales, la recogida sistemática de basura, la canalización de aguas sucias e inmundicias sólidas. Este reglamento de Policía e Higiene debía regir en la zona minera o fabril de los municipios de Barakaldo, Sestao, Portugalete, Santurtzi, Muskiz, Galdames, Tragaran y Abano y Ciervana.

EN BARAKALDO

Propiedades del mayorazgo.

• La casería de Amézaga

Propietarios.

Fue propiedad de Juan de Zaballa de Landaburu y de su mujer María San Juan de Landaburu Amézaga quienes en 1658 dotaron con la casería a su nieto Francisco de Zaballa, hijo de Santiago de Zaballa y Mariana de Alzaga Landaburu.

Francisco de Zaballa casó con María de Lecubarri de cuyo matrimonio nació una hija, cuyo nombre desconocemos, que casó con Domingo de Escauriza. Fueron padres de Manuel de Escauriza y Zaballa en quien concluyó la casería, el cual casó con María de Echabarri.

Gregorio Bañales

5.- El franquismo

El debate sobre la naturaleza del franquismo ha producido una amplia bibliografía y notables esfuerzos teóricos por parte de historiadores y otros científicos sociales por conceptualizar el régimen. Buena parte de este debate se ha venido vertebrando en torno a la caracterización del régimen realizada en los años sesenta y desde la ciencia política por J.J. Linz, que definía al régimen como una dictadura autoritaria con pluralismo limitado1. Con ello, Linz desgajaba el franquismo del grupo de regímenes fascistas clásicos como el alemán o el italiano, pues no encajaba en el concepto de totalitarismo en el que la ciencia política enmarcaba a los fascismos.

Las críticas a la formulación de Linz estuvieron muy condicionadas por el potencial justificador de su caracterización. No en vano la actitud norteamericana ante el régimen se justificaba en formulaciones bastantes similares a las de Linz. La condena del régimen y la memoria de sus víctimas aparecía estrechamente ligada a su conceptualización como fascista.

Sin embargo, a pesar de este transfondo, el debate nunca se circunscribió a argumentos de tipo político o moral. Frente a la propuesta de Linz se fue desarrollando todo un entramado argumentativo teóricamente solvente que subrayaba los profundos paralelismos entre el franquismo y los casos alemán e italiano, al menos en sus orígenes.

Y es que la supervivencia del régimen a las dictaduras europeas y la evolución que necesariamente implicaba su larga duración dificultaban notablemente una conceptualización global.

La caracterización de Linz parecía inspirarse en la realidad del régimen en los sesenta, mientras que los primeros años de postguerra centraban el interés de los defensores de su caracterización como fascista. En este sentido, Josep Fontana establecía que la comprensión del régimen debía centrarse en la inmediata postguerra, que “es cuando se nos aparecen sus propósitos libres de disfraces e interferencias” que caracterizarían su larga evolución adaptativa. En esta formulación, el planteamiento de Fontana puede ser criticado como esencialista e idealista, en la medida en que se centraba más en las intenciones de los dirigentes franquistas que en la configuración real del régimen. Sin embargo, Fontana tenía razón en su acotamiento cronológico e incidía en una cuestión clave para el debate que hay que explicitar en toda conceptualización del régimen si no se quiere derivar hacia eruditos debates escolásticos.

No se trata tanto de que si el franquismo hubiera caído ante las tropas aliadas en 1945 el debate hubiera dejado de existir. Incluso en ese caso hubiera sido posible, especialmente si parte de la historiografía posterior hubiera sentido la necesidad de justificarlo o exculparlo. La cuestión es que si el fascismo italiano no hubiera entrado en la guerra y hubiese sobrevivido adaptándose al contexto de la guerra fría ¿se le podría caracterizar de fascista? Obviamente una respuesta sería que entró en la guerra y que por eso era fascista o, de manera similar, puesto que era fascista no podía dejar de hacerlo. En ciencias sociales, las hipótesis contrafactuales corren siempre el riesgo de convertirse en estériles ante este tipo de respuestas. Sin embargo, parece indudable que la victoria aliada supone una cesura histórica de tal magnitud que puede sostenerse que de la evolución del régimen no se deriva su caracterización anterior. Por ello, la cuestión cronológica es crucial en el debate y hay que aclarar si se habla del régimen antes de que la derrota alemana se viera clara o del régimen en su conjunto. Pocos mantienen que el régimen fuera fascista en los años sesenta. El tema es si el franquismo en su conjunto es  la evolución adaptativa de un fascismo inicial o si es la deriva de otro tipo de régimen.

Delimitado así el debate, los defensores de conceptualizar el franquismo como fascismo presentan argumentos de peso. El franquismo pretendió una reestructuración radical de la sociedad con el fin de ofrecer una respuesta definitiva a los desafíos políticos, sociales y culturales planteados por las masas a los sistemas liberales heredados del siglo XIX. Y esta respuesta pasaba básicamente por derrotar a los sectores que venían planteando tales desafíos, prioritariamente a los trabajadores, pero no sólo a ellos. Esto implicaba acabar con los presupuestos liberales que habían permitido su planteamiento y que estaban en la base del funcionamiento de las sociedades europeas, como mínimo, desde la caída del absolutismo. Pero no sólo coincidía con los regímenes italiano y alemán en sus objetivos. También los mecanismos aplicados para llevar a cabo tal proyecto eran notablemente similares, y, por tanto, la configuración del régimen.

Sin embargo, esta identidad no puede obviar las peculiaridades del régimen español frente a sus congéneres, desde la debilidad de Falange pasando por el papel de los militares o, más todavía, el de la Iglesia. Ello ha dado lugar a que se preste mayor atención al funcionamiento real de los regímenes italiano y alemán, más allá de la imagen de perfecto totalitarismo que proyectan, y se subrayen algunas similitudes en cuanto a actuación de otros grupos, continuidades de situaciones anteriores, etc.

Paralelamente, se ha insistido en que aún cuando los agentes actuantes no fuesen los mismos, sí que existen notables paralelismos en lo concerniente a la función que realizaron. Estas peculiaridades derivan de la específica toma del poder del proyecto fascista a través de una guerra civil protagonizada por los militares y no de la ofensiva del partido fascista. Necesariamente ello implica una configuración específica que no cuestiona la identidad. Pero, ¿realmente no la cuestiona?. ¿Puede mantenerse que la similitud de proyecto y actuaciones basta para convertir en secundaria la correlación de fuerzas diferenciada fruto de la guerra civil?. ¿O debe afirmarse, por contrario, que la necesidad de una guerra civil ante la debilidad del fascismo español constituye precisamente la constatación del fracaso del fascismo en España?.

Para dar cuenta de esta especificidad del franquismo como “el menos fascista de los regímenes fascistas o el más próximo al fascismo de entre los no fascistas”, Ismael Saz ha propuesto su conceptualización como dictadura fascistizada. Llegados a este punto, pudiera parecer que la conceptualización del franquismo se retrotrae al principio del debate. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las peculiaridades españolas a las que ahora se presta atención no remiten ya a la relativa benevolencia del régimen frente a nazis o fascistas italianos, sino, por el contrario, al papel secundario que en el franquismo jugaron “los mecanismos de integración y movilización [que] permitieran ampliar las bases de apoyo popular”5 . En su lugar, la intensa represión sobre los vencidos se erigió en uno de sus rasgos constitutivos. Desde esta perspectiva, el debate sobre el fascismo del régimen puede liberarse de la losa política y moral que lo constreñía. Que el franquismo no sea fascista no significa que fuera menos malo. Por el contrario, era peor.

En todo caso, la rotulación del régimen va perdiendo centralidad en la medida en que se consolida la producción historiográfica sobre la realidad que impuso y su funcionamiento. Estos estudios, muchos desde el ámbito regional y local, acotan unas franjas de consenso historiográfico que limitan notablemente las posibilidades de caracterización que se dirimían en el debate meramente teórico. Como se verá, en la presente investigación las peculiaridades del caso español planean continuamente sobre el análisis. Pero su objetivo no es conceptualizar el régimen a partir de las resistencias de la derecha tradicional a ser desplazada por los falangistas o del papel de la Iglesia. No se trata de postular el fracaso del proyecto totalitario, ni, por el contrario, de apuntalar la concepción fascista subrayando las identidades funcionales como la función socializadora en los nuevos valores de la Iglesia. Se pretende simplemente señalar que estas peculiaridades estaban ahí, pero a la vez marcar los límites de estas disidencias y tensiones y subrayar el consenso básico en torno a las radicales y novedosas medidas de intervención sobre la sociedad que puso en práctica el franquismo y que tanto se asemejan a las alemanas e italianas. Si este consenso basta para caracterizar al régimen como fascista o si además es necesario un acuerdo adicional sobre quién debía mandar, qué organizaciones debían encuadrar la sociedad y una ideología cerrada y coherente es algo que desborda las pretensiones de este estudio. Posiblemente en estos momentos resulte más fructífero desbrozar entre todo lo escrito lo que no puede sostenerse a la luz de las investigaciones que ofrecer una conceptualización acabada de la naturaleza del régimen.

5.1.- El franquismo a escala local: las lógicas de la victoria.

Con bastante independencia de la postura mantenida en el debate sobre su conceptualización, el funcionamiento político del régimen se ha venido enmarcando en la pugna entre los grupos políticos que se han conocido como familias políticas, con sus componentes falangista, tradicionalista, católico y monárquico. Así lo han reflejado multitud de aportaciones locales o provinciales que traducen este esquema general a su ámbito de estudio.

Sin embargo, otras investigaciones señalan la dificultad de realizar esta traslación del esquema politicista a sus respectivos ámbitos de estudio. En un principio, esta dificultad se atribuyó a las características propias de los contextos políticos que se estudiaban, en los que no todas las familias estaban presentes. Pero progresivamente se fue haciendo evidente para muchos investigadores que la explicación del inestable y heterogéneo panorama político local y provincial del primer franquismo apuntaba más allá de las dificultades de traslación de un equilibrio político central a condiciones locales heterogéneas en el proceso de asentamiento del régimen. Tampoco el centro parecía disponer de criterios políticos unívocos sobre quién debía vertebrar políticamente la Nueva España, tal como ponen de manifiesto las intervenciones centrales en las pugnas locales. Muestra de ello es el panorama descrito por A. Cazorla en el que la desorientación política de la Falange y la lucha de bandos o capillas por el poder presidiría la realidad de la España de la postguerra. La constatación de este reguero de conflictos requiere de un marco explicativo que lo haga comprensible si no se quiere transmitir la imagen de un régimen inestable y extremadamente débil que, en el fondo, se mantendría por la ineptitud de los que debían haberlo derrocado. No es esto lo que afirma Cazorla, pero algo de ello destilan las páginas que dedica a la oposición.

Por el contrario, el régimen no era débil y prueba de ello fue no sólo la represión que siguió ejerciendo durante años sobre los vencidos, sino que nunca se viera en la necesidad de tender puentes hacia ellos. Esta heterogeneidad y relativa inestabilidad política se derivaba del hecho de que no había sido un partido el protagonista de la destrucción del Estado y la sociedad liberal en España, sino un golpe militar que desembocó en una larga guerra civil. El franquismo fue el resultado de la victoria en esa guerra civil y ello impuso lógicas que no estaban presentes en los casos italianos y alemán, aunque estos regímenes constituyeran la referencia de la nueva sociedad que se pretendía construir y se aplicaran mecanismos de organización y encuadramiento similares. Por tanto, fue la victoria bélica lo que legitimó la Nueva España, y no una ideología política partidista concreta. De ahí que, a pesar que de que el falangismo tendiese a erigirse en el referente ideológico oficial del régimen, no pudiera desplazar al resto de las tradiciones políticas que habían colaborado en tal victoria. Además, el escaso arraigo de los falangistas en muchas zonas los convertía en poco o nada representativos de aquellos poderes sociales que también habían ganado la guerra. Y es que la victoria no se agotaba en su dimensión política. En la guerra civil se lidiaron otros muchos temas estrechamente vinculados. Existió un victoria religiosa que acabó con el largo debate sobre el papel de la Iglesia en la sociedad española. Muy ligado a ello, existió también una victoria cultural que mandó al paredón, a la cárcel o al exilio a los presentantes de un amplio espectro de tradiciones culturales y científicas que se habían venido oponiendo a la estrecha tradición cultural integrista y reaccionaria que salía vencedora de la guerra. Forzando la caracterización podría incluso hablarse de una victoria de género. La victoria acabó radicalmente con los procesos de promoción de la mujer española y, de hecho, la disidencia frente al modelo femenino victorioso se consideraba, como se verá, una afrenta la sangre de los mártires. Finalmente, existió otra victoria crucial para la comprensión del régimen: la victoria social.

La concreción del régimen en sus distintos niveles y ámbitos geográficos respondería a la combinación de las lógicas derivadas de todas estas victorias. En esta investigación se propone tomar la victoria política y la social como los parámetros de la comparación. Victoria política y victoria social constituyen, así, dos ejes de coordenadas que delimitan un espacio de posibilidades de concreción del régimen a escala local y regional cuya utilidad, como mínimo heurística, no se restringe al caso de Barakaldo.

La victoria política.

El eje de la victoria política expresa el grado de identificación con las tradiciones políticas que el régimen declaraba como suyas. Por tanto, no supone ningún pluralismo, puesto que la ortodoxia falangista no agotaba la victoria política. Los falangistas eran, de hecho, un sector minoritario en la alianza política que generó el bando nacional.

Tampoco puede dar cuenta exactamente del grado de radicalidad y novedad de las propuestas políticas de los grupos que integraban esta coalición. Como señala Saz, la alianza contrarevolucionaria “no se daba sólo entre las fuerzas clásicas de la derecha y los fascistas, sino que en su conjunto hay que incluir como un elemento esencial a las fuerzas de la derecha fascistizada”7. Nada autoriza a pensar que los monárquicos siguieran defendiendo los principios liberales clásicos o que los sectores procedentes de otras tradiciones de la derecha quedaran a la zaga en la radicalidad en sus proyectos de reestructuración de la sociedad española. En realidad, el eje de la victoria política no mide esta radicalidad ni la novedad de estas propuestas, sino la presencia de las tradiciones políticas de preguerra entre los vencedores. Y éstas no eran un elemento secundario, sino que se esgrimían como argumento de peso para reclamar o denegar un lugar político en la Nueva España.

Las luchas locales por el poder en los años cuarenta, con sus secuelas de descalificación política del contrario, muestran que el régimen no contaba con un criterio político claro para determinar quién debía mandar. Esta ambigüedad nos remite al proceso específico por llevó a Franco al poder.

En Alemania e Italia el proceso de destrucción de la sociedad y el Estado liberales fue liderado por partidos fascistas. En ambos casos, se produjo una convergencia y satelización del espectro antiliberal en torno a estos partidos, ya fuera integrando sectores procedentes de tradiciones políticas diferenciadas dentro del partido, ya fuera por medio del pacto entre el partido fascista y poderes claves para la consecución de sus objetivos. En todo caso, en el momento de instauración del régimen fascista existía una jerarquización de sus bases de apoyo en torno al partido y a su líder.

En España, por el contrario, el protagonismo militar substituyó a este movimiento ofensivo. En consecuencia, la única jerarquización real era la relación de subordinación de los diferentes grupos que habían colaborado en la victoria con respecto a los militares que la habían protagonizado, con el general Franco a su cabeza. Las distintas tradiciones políticas, al igual que amplios sectores sin filiación política concreta, reconocieron esta jerarquización; pero nunca acabaron de transigir con la aparente intención del régimen de erigir a una de las tradiciones situadas al mismo nivel, el falangismo, en eje vertebrador del conjunto de subordinados. Había sectores fieles a Franco y a su proyecto, pero que no concebían la necesidad del partido único y otros, los más, que comulgaban con la necesidad de una estructura de encuadramiento político como FET-JONS que institucionalizase el consenso franquista, pero se oponían a que fuera la plataforma de promoción de viejos falangistas y nuevos arribistas.

Así, pues, al acabar la guerra, subsistían diferencias políticas entre los vencedores sin que ninguno de ellos estuviera dispuesto a subordinarse a uno de sus compañeros de coalición; fundamentalmente, porque tal subordinación no era la única fuente de poder en el régimen. Ahora bien, tales disensiones remitían estrictamente a una competencia en un marco común, en el mismo sentido en que se daban en el seno de los partidos fascistas victoriosos, nunca al cuestionamiento de este marco. La coalición franquista no era meramente una reacción negativa ante lo que había supuesto la República, escindida sobre el rumbo a seguir una vez conseguida la victoria. Como se desprende con claridad del esquema comparativo de Luebbert, el franquismo distaba mucho de ser una dictadura conservadora tradicional. “La dictadura tradicional y el nacionalismo no implicaban nada acerca de la organización política de la sociedad más que la supresión del disenso”; bajo el franquismo, igual que en Alemania e Italia, por el contrario, “la estabilización autoritaria requirió mucho más que en el Este: el cierre de los parlamentos, la extinción de todos los partidos políticos, la supresión de toda libertad de prensa, y especialmente, la destrucción del movimiento obrero y su substitución por organizaciones monopolistas de control estatal”.

En definitiva, no se trataba simplemente de bloquear los peligrosos derroteros por los que avanzaba la reforma republicana, sino de la destrucción de los presupuestos en que se habían basado el Estado y la sociedad liberales y la instauración de un nuevo régimen caracterizado por la subordinación jerarquizada de la sociedad a un Estado totalitario o, como mínimo, fuertemente autoritario. Este era el mínimo común denominador de los grupos que apoyaban al franquismo y era un mínimo lo suficientemente restrictivo y novedoso como para que pueda hablarse de competencia de proyectos políticos realmente diferenciados. Todos estaban de acuerdo en la necesidad de enterrar la tradición liberal, incluso en sus versiones más conservadoras y autoritarias, e imponer un control del Estado sobre la sociedad y los ciudadanos sin precedentes que imposibilitara el resurgimiento de los desafíos que habían presidido el siglo XX. Y además, y este es el rasgo característico del caso español, estaban de acuerdo en que la premisa básica para que este proyecto pudiera desarrollarse era una intervención represiva de amplio alcance que eliminara físicamente a aquéllos que se oponían y paralizara por el terror a futuros opositores. La concreción del proyecto de reestructuración profunda podía ser discutido, pero nadie dudaba de que sin esa limpieza ningún proyecto tenía posibilidades de triunfo. Cuestión aparte es que algunos prefirieran dejar que otros hicieran la tarea sucia. Frente a esta amplia zona de acuerdo positivo, la renuncia a abandonar las respectivas tradiciones ideológicas y a subordinarse a alguno de los competidores políticos de la coalición era simplemente el resultado de cómo se habían alcanzado tales innovadores objetivos en España, es decir, a través de una guerra civil dirigida por los militares y no a través de la movilización política.

La coincidencia básica de todas estas tradiciones políticas en torno a un núcleo de objetivos muy restringido queda subrayada por el hecho de que las maniobras y conspiraciones más importantes para substituir al general Franco se desarrollaron mientras se creyó que de la II Guerra Mundial iba a resultar un orden político internacional fascista o fascistizado. Este era el contexto en el que tenía sentido la pugna entre sectores no jerarquizados entre sí por conseguir el máximo, es decir, rematar el régimen surgido de la guerra con una dirección política acorde con la tradición ideológica, simbólica y clientelar propia. Estas maniobras sencillamente se desactivaron cuando empezó a vislumbrarse que cualquier alternativa a Franco habría de operar en el marco de la victoria liberal internacional. En consecuencia, se prescindió de  pretensiones últimas y se cerró filas en torno al núcleo de objetivos básicos de cuya continuidad  Franco era la única garantía. La discusión sobre si este núcleo básico había sido fascista o corporativo, totalitario o autoritario es una cuestión relativamente secundaria para comprender la evolución del régimen a partir de 1945. Con independencia de la formulación concreta a que hubiese dado lugar, todos se aplicaron en la perpetuar el máximo posible de lo conseguido.

El eje de la victoria política debe entenderse en este contexto de pugna limitada. Aparentemente, aquéllos que podían esgrimir un historial de beligerante españolismo antiliberal, limpio de accidentalismos, complicidades y oportunistas transigencias vergonzantes estaban llamados a protagonizar la Nueva España y, ciertamente, obtuvieron en un principio importantes posiciones de poder. En consecuencia, en esta escala de la ortodoxia, el máximo correspondería a falangistas y tradicionalistas, e iría decreciendo a través de los monárquicos y católicos y otros grupos de la derecha hasta llegar a las derechas de tradición no españolista como la Lliga y eventualmente sectores satelizados por el PNV. Pero, esta graduación no implica pluralismo, ni cuestiona después de 1945 la voluntad común de hacer pervivir el régimen.

Pero es que, además, la adscripción política a una u otra tradición no era el único factor determinante. Tanto o más era la lógica que imponía la otra victoria: la victoria social.

La victoria social

Este segundo eje precisa de menos puntualizaciones que el primero. Nadie parece negar la dimensión social de la victoria. Uno de los principales objetivos de la guerra fue retornar a la sumisión, con pretensiones de perpetuidad, a aquéllos que con distinta intensidad y ritmo habían desafiado las posiciones de dominio de las élites socioeconómicas tradicionales. A diferencia de lo que Burleigh y Wipperlamann establecen para el régimen nazi9, en el caso del franquismo estas élites no estuvieron dispuestas a verse despojadas de su poder político a cambio del mantenimiento de su preeminencia social. Por el contrario, a escala local y provincial se aprestaron a controlar el poder político en contra de aquellos individuos promocionados por la lógica de la victoria política que no contaban con su confianza. No se había hecho la guerra para que unos falangistas advenedizos vinieran a mandar y, menos aún, a modificar las relaciones de poder social y económico imperantes en cada contexto local o provincial.

Esta dimensión social de la victoria acabó de cimentar el ya amplio consenso anteriormente señalado en el terreno político. Para gran parte de las élites tradicionales, la confirmación de su dominio social y económico compensaba ampliamente los posibles resquemores ante la conveniencia de suprimir toda representatividad en el Estado o ante la correlación de fuerzas resultante de esta supresión. La destrucción del movimiento obrero, el encuadramiento de la sociedad en instituciones disciplinadas y jerarquizadas, el restablecimiento de las jerarquías sociales, la desaparición de la carga fiscal sobre la riqueza, el retorno al sistema educativo selectivo y elitista., etc. son elementos que explican el apoyo básico de los poderes sociales al régimen al margen del hipotético disgusto con su retórica oficial.

Teóricamente, la victoria política resultaba independiente de la situación de los vencedores en la escala social. De tal victoria no debería deducirse necesariamente ningún perfil sociológico específico del nuevo personal político. Sin embargo, las investigaciones locales constatan que estos perfiles sociológicos no fueron aleatorios.

La significación socioeconómica pesaba tanto o más que la militancia política en el ánimo del régimen a la hora de terciar en una pugna política local.

En definitiva, la victoria social constituiría el contrapunto de las élites sociales tradicionales de cada contexto local y provincial a las novedades políticas introducidas por el régimen y, concretamente, a la promoción de sectores ajenos a los núcleos de extracción tradicionales por la vía de la victoria política.

La lógicas vasca

A diferencia de lo que pasaba en Cataluña, la derecha que cumplía las exigencias de ortodoxia política demandadas por el régimen había tenido una presencia importante en el escenario político vasco de preguerra. Las fuerzas políticas que constituían en oposición a la izquierda y al nacionalismo el tercer vértice del triángulo político vasco durante la República se habían caracterizado por su antiliberalismo y españolismo. Aunque su fuerza en Vizcaya no podía compararse a la que tenía en Guipúzcoa y, más todavía, en Alava y Navarra, el carlismo había conseguido tejer una estructura de implantación extensa y de base popular. Los monárquicos alfonsinos, por su parte, habían compensado su tradicional debilidad organizativa con el poder que se derivaba de su directa vinculación con las grandes familias industriales y financieras de la provincia. La adscripción a Renovación Española de los jóvenes que protagonizaron el actividad monárquica durante la República ilustraba una acelerada evolución hacia un monarquismo autoritario, antiliberal y ultraespañolista para el que el liberalismo era sólo, en palabras de José F. Lequerica, “el traje europeo de rigor”.

La evolución de la política europea permitió pronto la posibilidad de un cambio de traje. Así, estos núcleos monárquicos alfonsinos acabaron por establecer una especie de tutela sobre la Falange bilbaína. José Antonio ejercía una intensa atracción sobre Lequerica y José M. de Areilza medió entre Falange y las JONS para conseguir la fusión de ambas organizaciones, además de formar parte del primer Consejo Nacional del nuevo partido, sin abandonar por ello su militancia en Renovación. Una parte de la juventud monárquica se decantó por el nuevo partido, pero, además de una radicalización juvenil del monarquismo autoritario, la Falange bilbaína representaba “la incorporación de nuevos elementos radicales, ajenos a la élites tradicionales, a la acción política”.

La victoria política de este conglomerado españolista de ultraderecha sobre la izquierda y el nacionalismo vasco lo convirtió en el eje vertebrador del régimen franquista en Vizcaya. En el ayuntamiento de Bilbao y en la Diputación, esta victoria política coincidió a grandes rasgos con una victoria social. A través de los abogados e ingenieros industriales que coparon ambas instituciones, la llamada oligarquía vizcaína recuperaba el poder político en la provincia, e incluso, lo ampliaba con el establecimiento de un canal privilegiado de comunicación con las más altas instancias políticas del régimen.

La hegemonía dentro del conjunto de fuerzas que componían el vértice políticamente vencedor correspondió a los hombres procedentes del monarquismo alfonsino. Sin embargo, a pesar de que algunas personalidades mantuvieran esta adscripción dentro del juego de las familias políticas, este predominio no puede interpretarse como la supremacía de la familia monárquica en Vizcaya; era simplemente una consecuencia de la adscripción tradicional de la burguesía vizcaína restaurada en el poder. Como señala Elena Mariezcurrena, lo fundamental fue que “la clase económicamente dominante se declaró franquista”, sin ulteriores implicaciones.

Mientras este personal procedente del monarquismo sintetizaba la doble victoria, social y política, los falangistas representaban básicamente la lógica de la victoria política. En contraste con la extracción netamente burguesa de los primeros, los falangistas presentes en la Diputación y en el ayuntamiento de Bilbao en 1942 eran, en su mayoría, hombres ajenos a las élites de poder vizcaínas tradicionales: empleados, agentes comerciales, periodistas…, hombres que debían su presencia política a su condición de camisas viejas históricos15. Esta derivación política de la victoria en la conformación del núcleo dirigente de las principales instituciones vizcaínas parecía agotarse en los falangistas. Los carlistas, a pesar de su base social, fueron perdiendo influencia a escala provincial. José M. Oriol cesó de sus cargos de alcalde y jefe provincial de FET-JONS en diciembre de 1940, y en septiembre de 1942 lo hicieron los carlistas que lo sustituyeron en estos cargos.

Sin embargo, este modelo de funcionamiento basado en la doble victoria que se impuso en las instituciones centrales de la provincia no era fácil de reproducir a escala local. De entrada, su extensión geográfica estaba doblemente limitada por la concentración política y económica de la élite vizcaína. Por un lado, la implantación monárquica se había limitado a la capital y a los núcleos de residencia de las grandes familias; por otro, la concentración industrial suponía la inexistencia de burguesías industriales locales que pudieran reproducir a esta escala el modelo provincial.

Lo verdaderamente específico del caso vizcaíno fue que esta doble limitación no podía ser superada, como en tantos otros lugares, a través de la incorporación de las fuerzas vivas locales. En Vizcaya, una parte de estas clases medias que podía haber desarrollado la lógica de la victoria social estaba proscrita por su vinculación al nacionalismo vasco. En la medida en que tanto esta proscripción como la relativa fortaleza e implantación de la derecha españolista impedían un desarrollo similar al apuntado para Cataluña, tomaba protagonismo la lógica de la victoria estrictamente política. Barakaldo constituye una muestra de la primacía de esta lógica de la victoria política. Los carlistas acapararon el poder local en 1937 y se negaron a compartirlo con aquellas fuerzas vivas que no pudieran esgrimir un pasado político ortodoxo. Lavictoria política se impuso sobre la social.

La victoria política barakaldesa

“Conste con ella que a las once y treinta minutos de la mañana de hoy entran triunfalmente en Baracaldo las Fuerzas Nacionales del Glorioso Ejército Español, liberando a la Anteiglesia del dominio rojo-separatista. (…) Cesó, pues, hoy, fecha histórica feliz en los anales de Baracaldo (que vuelve a ser la Muy Noble y Muy Leal Anteiglesia) el dominio rojo-separatista que ya sufría el pueblo del llamado Frente Popular desde antes del 18 de julio de 1936, fecha del Glorioso Alzamiento Nacional; y quedan, pues, impuesto en Baracaldo por las armas y heroísmo nacionales, estos ideales: “Dios y España”, que desarraigarán de sus moradores la antipatria y el marxismo inculcados por los malos españoles”. Con estas palabras, daba cuenta el Oficial Mayor Nicolás de Santurtún en funciones de Secretario del inicio del franquismo en Barakaldo.

Tras la entrada en la localidad el 22 de junio de 1937, la autoridad militar designó al ingeniero de Altos Hornos Federico Gómez Rubiera como Delegado de la Autoridad Militar. Sin embargo, el mandato de este hombre sin actividad política previa conocida fue muy breve. Ya el 28 de junio se nombró para este puesto al hombre que había de regir los destinos de Barakaldo durante los siguientes 26 de años: José M. Llaneza Zabaleta.

José M. Llaneza había nacido en León en 1898 y trabajaba en Altos Hornos desde los años de la Dictadura. Facultativo de minas, formaba parte de ese migrado, pero activo grupo social que eran los empleados de altos ingresos en Barakaldo. De filiación carlista, los primeros indicios de su actividad política aparecen en 1935, fecha en la que se hizo con la presidencia de la Sociedad Tradicionalista de Barakaldo. En 1936 participó como vocal en la Junta de Guerra de Vizcaya desde la que los carlistas prepararon el Alzamiento18. Cuando estalló la guerra, escapó a la Zona Nacional y a su regreso se hizo cargo del poder local en Barakaldo.

El 6 de julio se reunía la primera Comisión Gestora interina compuesta por el alcalde y cuatro gestores elegidos por éste. Un repaso a la biografía de los elegidos para esta primera Gestora muestra la línea política que había de regir el mandato de Llaneza.

Benito López Pérez era un empleado de 56 años con experiencia en la política  municipal. Concejal de 1915 a 1919 y de nuevo en el ayuntamiento final de la Dictadura, había presidido la Sociedad Tradicionalista en 1928 y era vicepresidente en 1938 de la Sociedad de Deportes Oriamendi, el equipo de futbol carlista local. Como muchos otros carlistas barakaldeses, era a la vez padre de activos miembros del tradicionalismo local.

Uno de sus hijos actuó como pistolero en la elecciones de 1936 y, tras su encarcelamiento durante la guerra, ocupaba el cargo de Jefe de Milicias en 1937. Otro de sus hijos murió en el Altuna Mendi. Benito López Pérez eludió la represión de retaguardia declarando ante el Tribunal Popular que había abandonado la Sociedad Tradicionalista, pero fuese o no esto cierto, en 1937 continuaba siendo un elemento lo suficientemente solvente como para instruir el proceso depurador.

Leopoldo Castro Quintano, de 40 años, era otro empleado carlista que había ostentado cargos directivos en la Sociedad Tradicionalista. Concretamente era su tesorero en 1933 y su contador en 1936. Pero, además, Castro ampliaba su actividad local al mundo católico. En 1930 era secretario del Círculo Católico Obrero y en 1934 representaba a la Asociación Católica de Padres de Familia. Había sido también dirigente en 1928 del Desierto FBC. Fue encarcelado durante la guerra. Vicente Bardeci Arechavaleta era un acomodado agricultor de 48 años, también carlista, que, si bien no había formado parte de las juntas tradicionalistas como los dos gestores anteriores, había sido candidato por la candidatura unitaria de las derechas en 1931. No se tiene noticia de que hubiese sufrido la represión de retaguardia, aunque  perdió a su yerno a consecuencia de ella.

Finalmente, Leoncio Pedrosa era un maestro al que no se le conoce actividad política anterior y cuya ideología política se cataloga genéricamente de derechas. Sin embargo, su hermano era un militante carlista.

En resumen, pues, el carlismo se hacía con la hegemonía política en la nueva situación local, con un perfil sociológico muy típico del carlismo barakaldés, empleados en su totalidad, dirigidos por un empleado de mayor rango. El nombramiento de otro carlista como secretario municipal reforzaba la línea política seguida hasta el momento, en la que la adscripción a una tradición política concreta, el carlismo y secundariamente el falangismo, constituían los criterios para la selección del nuevo personal político, es decir, para determinar quién tenía derecho a participar en el poder en la nueva situación.

El 13 de septiembre de 1937 se cerraba este periodo de interinidad con la constitución de una Comisión Gestora más amplia. Llaneza permanecía como alcalde  y los antiguos gestores interinos Benito López, Leopoldo Castro y Leoncio Pedrosa ocupaban respectivamente las tres primeras tenencias de alcaldía. Entre éstos y Vicente Barcedi que ocupaba la quinta, se situaba un médico de derechas, Juan Nieto de Cossio.

Honorio Rodríguez Arboleya, vicepresidente de la Sociedad Tracionalista en 1936 ocupaba la sindicatura.

El resto de los concejales no desvirtuaba el carácter netamente carlista del equipo de gobierno. En total, formaban parte de la Gestora doce carlistas (63,1%), entre ellos el alcalde, cuatro tenientes de alcalde y el síndico, frente a tres gestores de derechas (15,7%), dos de ellos con familiares carlistas, tres falangistas (15.7%) y un gestor de Renovación Española (5.2%). No se tiene información sobre actividad política anterior de la mayoría de estos gestores. Figuran entre ellos el padre de una víctima de las matanzas del Cabo Quilates, el presidente de la Sociedad Tradicionalista en 1933 y 1934, además del hombre que firmaba la prensa católica que se entregaba al ayuntamiento durante la República, el carlista Eladio Pérez, y al secretario de FETJONS, un joven dependiente de 26 años.

En definitiva, la Comisión Gestora de Barakaldo ilustraba la clara victoria de una tradición política, el carlismo, sobre el resto de las opciones políticas de la derecha españolista. A diferencia de otros lugares, en los que el nuevo régimen tuvo que recurrir a personajes provenientes de tradiciones liberales o no netamente españolistas, en el País Vasco, y más concretamente en Barakaldo, existía una derecha acorde a la ideología oficial del nuevo régimen, integrista en lo católico y reaccionaria en lo político, antiliberal de siempre y, además, organizada y con arraigo social. Esta derecha se aprestó a tomar el poder tras la derrota militar de republicanos y nacionalistas.

El análisis de la composición social de la Gestora refuerza la primacía de lo político en la selección del nuevo personal político barakaldés. El perfil social de la corporación coincidía con el de los dirigentes carlistas analizado en el capítulo anterior.

La composición de la Gestora era de 21% de clases altas, 63,1% de medias y 15,7 de bajas. La sobre-representación de las clases altas resulta de incluir en este grupo al alcalde Llaneza, que aunque no era un ingeniero declaraba altos ingresos y tenía servicio doméstico, a un delineante también de altos ingresos y al agricultor Bardeci, que figura ente los mayores contribuyentes y era vicepresidente en 1937 de la Cámara de la Propiedad Urbana. En todo caso, al margen de la discusión sobre en qué grupo deberían figurar estas personas, lo cierto es que no encontramos en el caso de Barakaldo el desembarco burgués característico de las primeras corporaciones franquistas de otras localidades. No hay en Barakaldo gestores propietarios, rentistas, industriales, empresarios o ingenieros; ni tan sólo profesionales liberales que pudieran actuar como portavoces de las fuerzas vivas locales (sólo un médico pertenece a este sector en la Gestora barakaldesa). Las clases altas barakaldesas que se habían adscrito preferentemente al monarquismo y al catolicismo neutro no encontraban lugar en esta Gestora dominada por los carlistas. En su lugar, los empleados se convertían en el sector hegemónico de la corporación. Entre los gestores que no eran empleados destacaban por lo desproporcionado de su presencia tres maestros. Completaban el grupo mesocrático un impresor y un practicante. El resto, un mecánico falangista y dos obreros (carlista y de Renovación Española) subrayaban la primacía de la victoria política sobre la victoria social en el caso barakaldés.

De esta primacía de lo político se derivaban dos consecuencias trascendentales para la configuración del franquismo barakaldés que se mantuvieron durante dos décadas. En primer lugar, no se permitía el juego de las fuerzas vivas locales. En segundo, y en parte fruto de lo anterior, tampoco se permitió la participación de personas vinculadas a la tradición nacionalista, al margen de cuál hubiera sido su evolución política y su actitud ante el Nuevo Estado.

La represión de los vencidos

La represión franquista no ha sido estudiada en el País Vasco. Ni siquiera los estudios locales aportan datos siquiera aproximativos de su incidencia. No se tienen, pues, datos sobre la incidencia de la represión en Barakaldo. Se sabe que Melchor Jaureguizar, dirigente nacionalista y corresponsal de Euzkadi, fue fusilado. La presencia de un sólo nombre en la historiografía nacionalista parece indicar que este tipo de represión no afectó a los nacionalistas barakaldeses.

Existen, sin embargo, fuentes indirectas para evaluar el sentido de la represión que se saldó con encarcelamientos. Un listado de la Policía de 1946 recoge los nombres de 153 barakaldeses que se encontraban bajo el control de la Junta de Libertad Vigilada de la localidad. Es, por tanto, una fuente muy parcial en la medida en que no recoge a las personas que seguían en prisión, ni a las que habían cumplido su pena con anterioridad. Aún así, resulta significativo que sólo sea posible identificar a un nacionalista, concretamente al presidente de la sección de metalurgia de STV, frente a 14 personas de la izquierda. En este sentido, una entrevista de 1977 a uno de sus miembros revela que los solados del batallón nacionalista Gordexola apresados en la localidad tras la rendición fueron puestos en libertad en 1940.

Más exhaustivo resulta un listado de la Guardia Civil de la misma fecha que recoge a las personas de Alonsótegui que habían estado penadas o estaban en libertad vigilada, con indicación de su militancia. En este caso, el listado establece un número bastante elevado de nacionalistas penados (no distingue entre PNV y ANV) como cabía esperar de la fuerte implantación nacionalista en el pueblo. Sin embargo, ni siquiera en Alonsótegui eran los nacionalistas la fuerza política más castigada. Comunistas y socialistas suponían casi el 60% de los penados.

A los pocos días de la entrada de los nacionales en la localidad se confeccionó un listado de opositores al régimen a petición de la Comisión de Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya, precedente de los Tribunales de Responsabilidades Políticas. Entre las 108 personas que las nuevas autoridades locales consideraban enemigas sólo figuran un militante del PNV y tres ANV. Socialistas, comunistas e, incluso, republicanos constituían el grueso de los barakaldeses que Llaneza proponía para sancionar. Se desconoce si posteriormente el Tribunal de Responsabilidades Políticas reclamó nuevas informaciones, pero en estos primeros momentos los nacionalistas conseguían eludir la represión económica, cuando en principio constituían un grupo mucho más susceptible de asumir multas que la izquierda revolucionaria. De hecho, un informe falangista de 1940 sobre Vizcaya revelaba que las sanciones económicas contra los nacionalistas no se habían hecho efectivas y que su cumplimiento dos años después “traerán complicaciones”.

De los fragmentarios datos anteriores parece deducirse que los nacionalistas fueron represaliados en la medida en que participaron en la operaciones de guerra, pero que no eran considerados por las nuevas autoridades como enemigos a los que había que castigar con dureza. Eso no significa, como se verá a continuación, que Llaneza les dirigiera ningún tipo de guiño o que pensara dejarles algún margen de maniobra.

Las depuraciones municipales: Barakaldo

La Comisión Gestora Interina nombrada en Barakaldo a principios de julio de 1937 empezó a funcionar con el depositario de fondos y el oficial mayor. El resto de los funcionarios de superior categoría había abandonado la localidad siguiendo hacia Santander al ayuntamiento republicano o bien no gozaba de la confianza de las nuevas autoridades. En estas circunstancias, no es de extrañar que una de las prioridades de la

Comisión fuese resolver con la máxima celeridad posible los expedientes de depuración de funcionarios, como paso previo para la necesaria reorganización de la vida municipal.

De ahí, que su primer acuerdo fue proceder a la destitución de todos los funcionarios del ayuntamiento y abrir el proceso depurador.

El estudio de la depuración municipal se basa en un fondo documental que contiene los expedientes de depuración y en la documentación relativa al proceso.

Estos datos se han contrastado con la certificación de la plantilla previa al 18 de julio de 1936 realizada por el secretario del ayuntamiento el 10 de noviembre de 1937.48 Esto significa que no se tienen en cuenta en el cómputo de depurados a los funcionarios nombrados durante la guerra. Tampoco se considera a aquéllos que aparecen en otros listados, pero no en el de referencia, como es el caso de siete barrenderas o dos bedeles. La adopción de este criterio responde a la necesidad de contar con datos fiables acerca de la plantilla previa con el fin de poder calcular la incidencia de la depuración, ya que se desconoce a cuántos funcionarios en las mismas circunstancias que los anteriores no se les abrió expediente depurador.

Otra precisión necesaria para la comprensión de la incidencia depuradora es la duplicidad de resultados según se tenga en cuenta o no a la banda de música. En la documentación trabajada sólo aparecen como depurados el director de la banda y uno de los músicos, pero estos destituidos reunían además la condición de funcionarios de otras secciones del ayuntamiento. Así, pues, no se tiene constancia de ningún otro integrante la banda que fuese depurado. Dado el rigor depurador de la autoridades barakaldesas, que llegaron a depurar a los becarios municipales, esta circunstancia resulta sospechosa y hace pensar que los expedientes de la banda municipal se encuentran en otro fondo documental, probablemente por haberse instruido con posterioridad dado el carácter secundario del cuerpo. Teniendo en cuenta que la banda estaba compuesta por 50 músicos (casi el 20% de la plantilla municipal) su consideración sin más en el cálculo introduciría un sesgo en los resultados bastante notable. Por ello, parece preferible presentar los porcentajes de depuración segregados según se considere o no a este grupo.

Los resultados de la depuración municipal muestran que ésta afectó al 50.23% de la plantilla del ayuntamiento de Barakaldo (40.6% si se incluye la banda municipal).

Sin embargo, esta incidencia no es uniforme, sino que presenta intensidades notablemente diferenciadas por grupos de funcionarios. El grupo más afectado por la depuración fue el del personal administrativo. Este grupo englobaba a los funcionarios de mayor categoría y, por tanto, mejorretribuidos del ayuntamiento. Dentro del grupo, la intensidad depuradora variaba, pero un 73.33% de funcionarios destituidos en Secretaría, un 100% en Intervención y un 66.66% en Arbitrios apuntan a que la antigua plantilla municipal fue desarbolada por la cúspide. Es difícil medir hasta qué punto el hecho de que éstas fueran la secciones centrales en el funcionamiento administrativo de la corporación se tradujo en un mayor porcentaje de funcionarios que acompañaron al ayuntamiento republicano en su retirada. Este fue el caso del secretario municipal que se convirtió en el secretario de la Comisión de Ayuntamientos de Vizcaya instalada en Santander. Sin embargo, cómo se verá en los recursos, algunos funcionarios importantes permanecían en la localidad en el momento de la entrada de las tropas nacionales, a la vez que otros funcionarios que habían abandonado la localidad fueron readmitidos a finales de año.

Menor incidencia (45.59%) tuvo la depuración en el cuerpo de personal técnico y facultativo. Las secciones más castigadas fueron las de Vías y Obras, Aguas y Saneamientos y los de Matadero y Mercados. Contrasta con esta intensidad del proceso depurador en las anteriores secciones técnicas su relativa suavidad en Instrucción Pública (21%), que englobaba a los 19 maestros y maestras municipales de Barakaldo.

En este cuerpo la depuración se limitó a la destitución de cuatro maestras por simpatías nacionalistas. Este dato revela que, lejos de la imagen pro-republicana que acompañaba al magisterio español de la época, los maestros y maestras municipales de Barakaldo eran personas bastante afines a la derecha españolista. Mayor incidencia tuvo la depuración en los profesionales de la sanidad municipal, agrupados en la sección de Beneficencia y Sanidad (55%). En este grupo el porcentaje de destituidos variaba notablemente por profesión: sólo uno de los cinco médicos frente a cinco de los ocho practicantes, dos de los tres farmacéuticos y nada menos que tres de las cuatro matronas. De nuevo, las mujeres se perfilaban como el grupo más castigado.

La incidencia de la depuración ronda el 50% en el personal subalterno, porcentaje sensiblemente inferior al del personal administrativo. Destaca dentro de esta categoría la guardia municipal, depurada en el 54% de sus efectivos.

Este repaso a la dispar incidencia de la depuración en las distintas categorías profesionales de la plantilla municipal apunta a que la depuración en Barakaldo se dirigió más contra las clases medias no adictas a la nueva situación que contra las clases bajas. La lógica de la victoria política se imponía también sobre la social en este terreno.

La victoria política se dirigía contra aquéllos que previsiblemente iban a movilizarse para ocupar posiciones en la nueva España sin haberse comprometido con las opciones de la ultraderecha españolista. Y la dureza de la depuración anunciaba los criterios excluyentes que iban a vertebrar el funcionamiento poder local franquista en Barakaldo.

El sentido de la depuración se puede constatar en los recursos. En diciembre de 1937 fueron readmitidos una decena de guardias municipales por movilización forzosa y en 1939 se produjo la única suspensión de un acuerdo de la Comisión Depuradora de la que se han encontrado noticias. Se trataba del mozo de cuadra Lucio Martín Martín, que había sido destituido por sus simpatías socialistas. Tras la revisión del expediente solicitada por la autoridad superior, la corporación municipal se ratificaba en junio de 1939 en la destitución. Sin embargo, la Subsecretaría del Ministerio del Gobernación revocó este acuerdo considerando que “se basa en la significación izquierdista del encartado, pero más que por su actuación por las amistades que frecuentaba” y “que ni el espíritu presidente ni la sabia disposición del Decreto n. 108 de la Junta de Defensa Nacional, ni el justísimo y moral fundamento de la Ley de 10 de febrero del actual año de la Victoria, son en manera alguna propicios a la realización y práctica de resoluciones que puedan implicar la más leve u somera lesión a la justicia y el derecho”.

Se desconoce hasta qué punto resultaba especialmente arbitraria la destitución de este funcionario, pero la doctrina establecida por el Ministerio de Gobernación resultaba como mínimo sorprendente en el arbitrario clima represivo de la inmediata postguerra y, además, contradictoria con las argumentaciones que se hacían valer en otros recursos. En todo caso, tampoco las autoridades barakaldesas parecían demasiado interesadas en forzar una rectificación de la resolución ministerial. Esta actitud ante el recurso de un presunto izquierdista contrasta con la mantenida ante el resto de los recursos presentados por simpatizantes nacionalistas. En estos casos, la Corporación hizo valer su criterio duro e inflexible, incluso ante las resoluciones ministeriales favorables a los recurrentes.

Los recursos de los presuntos nacionalistas coincidían en relativizar esta militancia, situando en primer plano el carácter derechista, católico y de orden de esta adscripción, a la vez que intentaban movilizar el apoyo de personajes social y políticamente significativos. En resumen, toda una movilización de la red de solidaridades sociales sobre la que podría haberse erigido un funcionamiento político basado en la victoria social. Una lógica que las nuevas autoridades locales bloquearon inflexiblemente.

Así, las maestras situaban en primer plano su solvencia católica, ya fuera alegando el carácter de socia fundadora de la Adoración Nocturna Española y los Jueves  Eucarísticos “ambas asociaciones españolísimas”, la condición de miembro de la Acción Católica de la Mujer y el Apostolado de la Oración, o presentando los avales del párroco de San Vicente, Pablo de Guezala y del presidente de la Acción Católica. En este sentido, la argumentación más explícita era la de Daniel Zaballa, tesorero del Batzok de Retuerto en 1934, que establecía que “el decir católico es sinónimo de la Causa Nacional y nadie puede discutir al narrante aquella condición que profesa como sus antepasados con todo fervor”. Si además el recurrente reunía la condición “de soldado del Movimiento Salvador”, la militancia nacionalista se convertía en una cuestión secundaria que no había de empañar su adecuación a las nuevas condiciones políticas.

Frente a este tipo de argumentación, el criterio de la Comisión era taxativo. Al recurso del arquitecto municipal Faustino Basterra se respondía citando una resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Gobernación que, para otro caso, establecía, “que es propósito laudable y medida necesaria la que en las Corporaciones de Vizcaya no figuren funcionarios que nos sean neta y claramente españoles, no pudiendo conceptuales como tales a los que de una manera o de otra no hayan adjurado antes del Movimiento Salvador de Ejército las ideas integrantes del Frente rojo-separatista, no siendo necesaria, en este caso, prueba documental para fijar la clasificación política, sino que ha de bastar que el funcionario carezca de un patente absolutamente limpia de españolismo, sin dudas, vacilaciones, sospechas, sin simpatías inadmisibles”.

La preferencia de la Comisión por esta argumentación ilustraba el criterio de Llaneza acerca de quién tenía derecho a figurar en la nueva España. No bastaban las actitudes pasivas o indiferentes hacia la situación anterior a la guerra, había que haber comulgado activamente con los principios de la ultraderecha españolista. Nótese que se llega a negar la condición de españoles a aquéllos que de una manera o de otra no lo hicieron.

Consciente de sus simpatías inadmisibles, el jefe de negociado Vicente Echarandio prefería no realizar alusión alguna a su pasado nacionalista y hacer valer directamente su colaboración con 5.000 pts y alhajas al Tesoro Nacional, además de presentar el aval de un antiguo secretario municipal durante la Dictadura, el carlista Ramón de Llantada, y del interventor del ayuntamiento, completado con 54 firmas de propietarios, industriales y ex-concejales de la derecha. Olvidaba Echarandio que la Comisión exigía que tal adhesión de hubiese realizado antes del Movimiento Salvador del Ejército.

Pero el recurso más importante por la amplia red de solidaridades sociales y políticas en que se apoyaba fue el de Avelino Perea. Formalmente la argumentación de este inspector jefe de arbitrios destituido era similar a la de los anteriores recursos. Justificaba el recurrente su militancia en el PNV “por considerarlo de orden y por su condición de católico, nunca por separatista”, a la vez que negaba la filiación nacionalista de sus hijos esgrimiendo su condición de fundadores de la Juventud Católica de su barrio. Obviamente, no incluía referencia alguna a la actuación de su sobrino, Andres Perea (Ituri), miembro de la Comisión Nacional de ANV y uno de los protagonistas de su evolución hacia la izquierda. Tras esta relativización de la militancia, Perea pasaba a desplegar los contactos que confirmaban su sólido anclaje en el núcleo de poder social local y su solvencia como hombre de orden. La novedad estribaba en su caso en la cantidad y la calidad de los avaladores. Perea había sido administrador de tradicionales familias de propietarios como los Garay o los Begoña. Además era sobrino de Tomás de Begoña, alcalde durante ocho años en la Restauración y primo de Sebastián de Begoña, alcalde y diputado provincial durante la Dictadura. Le apoyaban también otros propietarios y comerciantes, así como miembros de la Cámara de la Propiedad Urbana. Este respaldo social se completaba con el aval político de miembros de las diferentes sensibilidades de la derecha local. Entre ellos figuraba personal político de la Restauración como el exdiputado provincial monárquico Francisco Tierra o el exalcalde Domingo de Sagastagoitia; personal político de la Dictadura como el ex-alcalde y ex-diputado provincial Gregorio de Arana, el ex-primer teniente de alcalde Victor Viguri, varios ex-concejales y el secretario de la Unión Patriótica; dirigentes del Centro Católico, y cuatro miembros fundadores de Acción Popular. Alguno de los firmantes pertenecía al nuevo personal político como el Delegado del Auxilio Social o el Jefe Local de la OJ y censor de correos.

Ante este despliegue de respaldo social y político, la Subsecretaría del Ministerio del Interior decidió rebajar la sanción a suspensión temporal como había hecho en el caso del socialista Lucio Martín. Sin embargo, el caso era sensiblemente diferente puesto que no se trataba de readmitir a un simple mozo de cuadra simpatizante de una tradición política que no tenía margen de maniobra posible en la nueva situación. El caso Perea constituía una desautorización en toda regla de los excluyentes criterios de la victoria política y abría una peligrosa brecha para que ese heterogéneo conjunto de fuerzas vivas locales y sectores de orden desafiaran el derecho de los núcleos carlista a monopolizar el poder local. En consecuencia, Llaneza no se resignó en esta ocasión y respondió con contundencia. Esgrimía el alcalde un restringido criterio para recordar la responsabilidad en los males provocados por el Frente Popular de aquellas personas “que con su actuación anterior o coetánea , directa o indirectamente, han sito autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el Movimiento Nacional, concurriendo en este funcionario estas mismas circunstancias antedichas en el preámbulo, por su condición de afiliado al Partido Nacionalista Vasco partido este que como integrante del Frente Popular tuvo participación activa y responsabilidad consiguiente de todos sus afiliados en la interminable lista de hechos luctuosos…”.

La argumentación de Llaneza transcendía el objetivo de contar con un funcionariado adicto, para plantear una concepción del empleo público como recompensa a la militancia ultraderechista, arguyendo “las funestas consecuencias que para la buena marcha y gobierno de nuestra administración municipal, así como el de la conservación del imperativo de la justicia social, ha de suponer el que teniendo que volver a reingresar en nuestras plantillas a este personal, que por su desafección a la Causa y tibieza de patriotismo mereció la confianza de los dirigentes rojo-separatistas conservandoles en sus puestos, tengamos en cambio ahora que desprendernos de aquellos que vinieron a reemplazarlos y que por las persecuciones sufridas por defender los sublimes postulados de Dios y España, nunca pudieron llegar a ostentar puestos oficiales”. En la contundencia de su respuesta no evitaba Llaneza entrar de lleno en la valoración del significativo apoyo social recibido por Perea y del que se hacía eco la Subsecretaría del Ministerio: “conociendo la posición social de esta persona como su espíritu intrigante y de influencia en el pueblo, para nadie puede ser una sorpresa el que en momentos difíciles y de apuro haya podido lograr los apoyos necesarios de personas que de esta forma pueden corresponder a sus favores recibidos en pasados tiempos…”.

La significación social no podía ser según Llaneza un criterio para figurar entre los vencedores. Era la militancia anterior lo que confería este derecho, restringiéndolo a la derecha españolista. Como concluía en otro escrito sobre el caso, “no ignorando el Sr. Perea que en el pueblo se contaba con un Círculo Tradicionalista fundado en el año de 1905, un Círculo Monárquico, fundado en el año de 1913, y un Círculo de Acción Popular, fundado el 12 de abril de 1933, que éstos sí que eran partidos de orden un y muros de contención, sorprende en verdad que él, amante de este orden, vaya a afiliarse a un partido anti-español…”.

El criterio duro y excluyente de Llaneza se mantuvo en todo el proceso depurador y perduraba quince años después. Como se ha visto, sólo prosperó un recurso en los primeros años y en 1952, cuando todos los casos citados volvieron a revisarse, sólo dos matronas consiguieron ser readmitidas.

5.2.- El poder local en la postguerra.

La lógica de la victoria política llevó al poder en 1937 en Barakaldo a un grupo de carlistas liderados por Llaneza que monopolizaron el poder local prácticamente durante toda la década de los cuarenta. Sólidamente instalados, evitaron el desarrollo de dinámicas políticas locales basadas en los intereses de las fuerzas vivas y relegaron a la derecha nacionalista al ámbito privado. Libre de los continuos desafíos internos que caracterizaban otros escenarios políticos locales, este grupo dirigió una intensa campaña de movilización nacional-católica de la sociedad barakaldesa que paulatinamente fue cediendo protagonismo a la voluntad de legitimar el régimen ante los vencidos con un discurso obrerista que exaltaba de las realizaciones sociales franquistas.

La estabilidad barakaldesa: La hegemonía carlista

Mientras duró la guerra, J.M. de Llaneza actuó como delegado de la autoridad militar que era quien realmente detentaba el poder. Esta autoridad fue emitiendo una serie de bandos que regulaban la vida pública una vez ocupado Barakaldo por los nacionales. Parte de estas normas derivaban de la situación de guerra. Así, se establecía el toque de queda a partir de las 12 de la noche y el desarme de la población. Otras buscaban la rectificación de las situaciones excepcionales provocadas por la guerra como la entrega obligatoria de todos los bienes procedentes de requisas. Sin embargo, existía un tercer grupo de reglamentaciones que apuntaban al modelo de sociedad que pretendía instaurar el régimen. El uso obligatorio de las tarjetas postales con el fin de facilitar la censura del correo, si bien podría entenderse como una medida de seguridad en un contexto bélico, mostraba la voluntad totalitaria del Nuevo Estado. Los vencedores pretendían conseguir una sociedad vigilada, sometida y privada de las más elementales libertades en la que ningún aspecto de la vida del individuo pudiera escapar al control y la regulación del Estado. No bastaban la represión y la prohibición de toda actividad política o sindical al margen de la oficial; se pretendía además controlar todos los aspectos del conjunto de relaciones que comúnmente se engloban bajo del calificativo de sociedad civil.

La misión del ayuntamiento se restringía a servir a la autoridad militar en su voluntad de intervenir y encuadrar la sociedad de la retaguardia. El primer bando municipal firmado por Llaneza no era más que una recopilación de los bandos de la autoridad militar, precedidos de un prefacio en el que Llaneza arengaba a la población a contribuir “al servicio de la causa común: España” y a “contribuir al desarrollo y fomento de los intereses morales y materiales ultrajados por la barbarie roja y salvados por el glorioso movimiento nacional”. Cerraba el bando el recordatorio de la obligatoriedad del saludo nacional brazo en alto y añadía que este saludo “es extensivo al paso de los coches en viajen las Autoridades militares y el de los que transporten fuerzas del Ejército y Milicias, ya que no debe omitirse a los Jefes y fuerzas que con su sangre están forjando el nuevo Estado”.

Mas la reorganización coactiva de la vida social no había de limitarse a este epidérmico ritual. Por delegación de la autoridad militar, el ayuntamiento, a la vez que depuraba al personal municipal, procedió durante los primeros días a la intervención de  las sociedades locales que no habían sido prohibidas. Un oficio de Alcaldía comunicaba al presidente designado su nombramiento y el de la junta para que procediera a la reorganización de la sociedad en cuestión. Era una de las novedades del régimen que mostraba una voluntad de intervención en la sociedad civil sin precedentes. Hasta el momento, en las coyunturas políticas más autoritarias, el Estado había clausurado sociedades o entidades o había mandado a agentes de la autoridad a vigilar el desarrollo de las reuniones, pero mientras una sociedad estuviera autorizada era autónoma para nombrar a su junta directiva. Además, este nombramiento solía hacerse por votación, incluso en sociedades de la ultraderecha como la Sociedad Tradicionalista, es decir, la propia vida societaria se convertía en un instrumento de socialización representativa y democrática. Esto ya no volvería a ocurrir.

En esta intervención el alcalde y jefe local disponía, sin duda, de un amplio margen de actuación derivado de su conocimiento de la realidad local y de su capacidad para filtrar la información a la autoridad superior. Pero Llaneza no utilizó este margen de maniobra para suavizar las pretensiones de los vencedores. Como se vió en la depuración, su criterio era excluyente y beligerante contra las fuerzas vivas locales que habían gravitado en torno al nacionalismo. Así, no dudaba en solicitar el cese del representante de Altos Hornos en la junta de la Escuela de Artes y Oficios, ya que “no obstante sus buenos antecedentes en cuanto a su conducta no goza de toda nuestra confianza políticamente y con relación al Movimiento por sus simpatías con el Partido Nacionalista Vasco”. Formalmente, sin embargo, era el Comandante Militar de la Plaza quien autorizaba las propuestas del Alcalde.

No aparecen en la documentación conflictos o tensiones entre Llaneza y esta autoridad militar. Cabe suponer que el Alcalde contaba con la confianza de ésta y que su manera de enfocar lo que debía ser la España de la Victoria coincidía en lo básico. A la luz de lo visto en las depuraciones, Llaneza no ponía objeciones, sino que por el contrario era un entusiasta de la política de españolización coactiva de la sociedad vasca.

El primer bando de la autoridad militar entraba de lleno en la cuestión estableciendo que “no se permitirá el uso de ninguna bandera de carácter nacionalista, y las de las diferentes entidades y organizaciones afectas a este glorioso Movimiento NACIONAL, tendrán que ir necesariamente acompañadas de la NACIONAL, que siempre ocupará lugar preferente y su tamaño nunca a de ser menor que el de las otras”.

Normas posteriores insistían en la voluntad de los vencedores de hacer desaparecer la lengua y los símbolos vascos. En noviembre, una circular de la Delegación de Orden Público instaba a las autoridades locales a revisar los cementerios para eliminar de las lápidas los “símbolos e inscripciones rojo-separatistas”, dando un plazo de 15 días para su desaparición. En marzo de 1938, seguramente a consecuencia de las tensiones surgidas en las localidades pequeñas, el comandante militar de la Arboleda dirigía una circular en la que recordaba que “no debe permitirse la predicación en vascuence y solamente si a su juicio considera que la mayoría de los feligreses y asistentes a aquellas desconoce el idioma español, puede autorizarse diez minutos de plática en vascuence”.

En Barakaldo, esta política llevó a que la cooperativa Bide-Onera se rebautizase como La Cruz “de alto significado religioso y español”. Consideraba el Jefe Local que “con ello contribuiremos a la desaparición del bizcaitarrismo que encerraba “Bide-Onera” que será sustituído por “LA CRUZ, signo de nuestra victoria”.

El final de la guerra no modificó la línea política exclusivista impuesta en Barakaldo. El grupo de carlistas que se había hecho con el poder en 1937 se mantuvo al frente del poder local durante todos los años cuarenta sin aparentes fisuras.

Únicamente, Silverio Jaúregui, el secretario local del partido, parecía plantear algunos desafíos. En noviembre de 1937 parecía reclamar el protagonismo simbólico del falangismo frente a la hegemonía carlista al oponerse a que el nuevo uniforme de la guardia municipal incluyera la boina roja y no la boina con el yugo y las flechas. La petición era desestimada por Llaneza que entendía que “la boina roja no tiene matiz político, sino característica del país”. En febrero de 1938 rebajaba sus pretensiones y se limitaba a reclamar la hegemonía de carlistas y falangistas frente al resto de la derecha con motivo de la necesidad de prescindir de algunos gestores, lamentándose “de que no presenten la dimisión otros Srs. Concejales que no hayan figurado de tiempo atrás a partidos que hoy están unificados en Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

Más que de la existencia de proyectos alternativos, los desafíos de Jaúregui derivaban de su papel como portavoz del partido en el consistorio, dada la división entre partidoy ayuntamiento que se había impuesto. Llaneza, a pesar de su condición de jefe local, parecía más volcado en la política institucional, mientras Jaúregui, como secretario, se ocupaba del partido y de sus organizaciones. De hecho, aunque Jaúregui se mantuvo en el ayuntamiento hasta 1955, el perfil del consistorio, y todavía más de los equipos de gobierno, respondía más al carlismo tradicional que a una representación de cargos del partido. Todo ello no implica que la trayectoria de Jaúregui se diferenciara en exceso del resto de los concejales. A pesar de su interés por aparecer en los informes como camisa vieja y por adornar su historial con su fuga de la zona republicana con avión robado en Sondika, Jaúregui aparece en el listado de socios de la Sociedad Tradicionalista de 1933.

Diferentes testimonios confieren a su figura la imagen del prototípico matón que medraba en las nuevas circunstancias. De hecho, a mediados de los cuarenta ya no era

un escribiente, sino que se había embarcado en negocios de construcción.

Que la nueva situación abría posibilidades de enriquecimiento no siempre lícito para el nuevo personal político queda ilustrado por el cese por estafa del concejal carlista Antonio Melendez en 1940. Este cese se unía a cuatro bajas que se habían producido por diferentes motivos a finales de 1938 y a tres más a principios de los cuarenta.

Finalmente, cuando en 1944 se aceptó la dimisión del primer teniente de alcalde Leopoldo Castro, se hizo necesario nombrar nuevos concejales para completar el grupo inicial.

El grupo que venía monopolizando el poder desde 1937 se veía obligado a seleccionar nuevos integrantes en un momento en que la correlación local de fuerzas entre los vencedores había variado con respecto a la guerra. La incorporación de seis nuevos concejales a finales de 1944 suponía una cierta adaptación a las presiones de los sectores que hasta el momento habían quedado excluidos del poder local. Entraban, así, en el consistorio dos excombatientes, un sector que no había tenido ningún protagonismo político, y que, además, no provenían del carlismo. Se producía también una cierta apertura social hacia el mundo de las fuerzas vivas locales con el nombramiento de un propietario vinculado al mundo de la banca y presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana en 1941 y de un industrial secretario de la Unión Mercantil. Completaban los nombramientos un delineante sin militancia previa y un obrero carlista que había organizado y presidido los sindicatos libres en la localidad. Sin embargo, esta relativa apertura del poder no implicó que el grupo veterano cediera posiciones. El nuevo personal quedó relegado a un segundo plano y no tuvo continuidad en la vida política local. Ninguno de los nuevos concejales entró en el equipo de gobierno, que siguió monopolizado por los hombres de 1937, y todos desaparecieron del ayuntamiento en la renovación de 1948.

Por otro lado, ni siquiera por su secundariedad implicó esta renovación una rectificación en la lógica de la victoria política que se había impuesto en Barakaldo.

Todos los concejales presentan un pasado político ligado a la ultraderecha españolista y no se detecta ningún guiño a los sectores nacionalistas moderados o simplemente a católicos vasquistas. De hecho, los nacionalistas parecían haber desaparecido de la vida pública en los años cuarenta.

Ya se señaló cómo el criterio exclusivista de Llaneza no había permitido que estos sectores figuraran en las juntas de ninguna sociedad. La situación no varió en los años siguientes. Sólo en la reconstituida Sociedad de Caza y Pesca de 1941 se detecta la presencia de un sector del nacionalismo proclive a la colaboración con el régimen. En su junta se encontraban el acomodado almacenero de vinos Nicolás de Santurtún, simpatizante del PNV y su hijo Orencio de Santurtún, cercano a Acción Vasca Autónoma, que acabó siendo concejal mucho más tarde. También participaba en la junta el abogado David de Santurtun que había presidido la Junta Municipal nacionalista en 1921, pero que ya en 1938 había conducido el coche que llevó a la corporación a Pamplona para visitar al obispo.

Tampoco el ámbito católico que parece apuntarse en este caso sirvió para la incorporación de sectores del nacionalismo a la vida pública. Ciertamente, los Sagastagoitia, la saga nacionalista de empleados de Altos Hornos analizada con anterioridad, estrechamente vinculada también al mundo católico, figuraban en la junta para la construcción del nuevo templo parroquial en 1940. Cuatro Sagastagoitia se encontraban también entre los Adoradores Honorarios de 1938, pero eso no significa que los nacionalistas barakaldeses se refugiaran en el asociacionismo protegido por la Iglesia. Los nacionalistas nunca habían sido un sector clave entre los dirigentes del asociacionismo católico local. Durante la República, como se indicó, los dirigentes del catolicismo barakaldés habían sido o católicos neutros, parte de los cuales fundó la CEDA local, o directamente carlistas. No es de extrañar, pues, que junto a los ocho Adoradores Honorarios identificados como nacionalistas, cuatro de ellos Sagastagoitia, aparezcan doce carlistas.

El clero local no era nacionalista. Un hermano del dirigente carlista y católico y primer teniente de alcalde, Leopoldo Castro, actuaba como párroco en Burceña; el párroco de San Vicente, Pablo de Guezala, no mostraba simpatías nacionalistas; y el párroco de la nueva parroquia del centro, Simón López, era un fiel colaborador del nacional-catolicismo de Llaneza. Aún, así, en 1940, significativamente el Domingo de Resurrección que coincidía con el Aberri Eguna, se fundó en la parroquia de San Vicente la Schola Cantorum, en la que encontraron cabida sectores del nacionalismo.

Tampoco en el ámbito societario deportivo pudieron los nacionalistas reconstruir sus redes de sociabilidad. Entre los directivos del F.C. Barakaldo sólo ha sido posible identificar a dos nacionalistas: Gregorio de Errasti, tesorero del Batzoki de Burceña y hermano de un sacerdote condenado a muerte, que ya era directivo durante la República, y, de nuevo, Gregorio de Sagastagoita.

Así, pues, la victoria política implicó no sólo la marginación del nacionalismo y sectores más o menos situados en su órbita de la política local, sino también su práctica desaparición de la vida pública.

Al frente de la estable política exclusivista descrita en el apartado anterior se situaba José M. de Llaneza. Llaneza dirigió con mano dura la política local durante casi 25 años y en los cuarenta sometió a la sociedad barakaldesa a una intensa campaña de reespañolización y recristianización, sazonada por apelaciones obreristas. Su capacidad de trabajo y sus dotes organizativas le permitieron ocupar el espacio público con una sucesión de actos multitudinarios de adhesión que suponían una de las novedades más importantes del régimen.

Como correspondía a un Estado jerárquico e intervencionista, la actos públicos eran competencia de las autoridades provinciales, aunque eran las autoridades locales las que los organizaban. Ya en octubre de 1937 dirigía la Sub-Delegación de Prensa y Propaganda una circular a los ayuntamientos recordando que su exclusividad en el control del uso del espacio público: “tratándose de actos públicos, esta Sub-delegación no concederá permiso alguno para celebrarlos que no haya sido solicitado por escrito por lo menos con 48 horas de anticipación; y que será requisito imprescindible para la concesión de estos permisos el que en las correspondientes solicitudes se hagan constar los nombres de los oradores que tengan que hacer uso de la palabra, las cuartillas de los discursos que se propongan pronunciar o por lo menos un índice de los mismos y de la declaración por parte de los organizadores de que en dichos actos se habrá de respetar lo legislado en materia de banderas, emblemas, retratos y vítores”.

La liturgia del Nuevo Estado debía ser autorizada y fiscalizada por la autoridad provincial, pero ésta carecía de la capacidad para imponer la frecuencia y el sentido de los actos que habían de dominar el espacio público de las localidades. Por ello, estas celebraciones constituyen un indicador privilegiado de la sensibilidad política de las autoridades locales, que eran en definitiva quienes decidían si una fiesta oficial se reducía al cumplimiento protocolario o se convertía en una movilización coactiva de toda la población.

El régimen encontró en Llaneza a un hábil organizador dispuesto a montar masivas coreografías de adhesión. El 18 de julio de 1937, apenas un mes después de la entrada de los nacionales, “todo el pueblo de Baracaldo amaneció cuajado materialmente de colgaduras, banderas y emblemas con los colores nacionales”, según la crónica de El Correo. A las once, “una inmensa muchedumbre” rodeaba a las formaciones de guardia civil, Requetés, Cadetes, Flechas, Pelayos y la Sección Femenina para oír la misa en la plaza de los Fueros. Posteriormente, Llaneza se dirigió una alocución al público que “fue coronada a su final con una ovación verdaderamente delirante”.

Un repaso a los actos públicos de Barakaldo muestra que en la liturgia pública fomentada por Llaneza dos eran los ejes prioritarios: la españolización y la recristianización, considerados elementos indisolubles. La misa de campaña era la pieza clave de la estrategia de ocupación del espacio público del nacional-catolicismo. Movilizaba a un número considerable de participantes en una demostración de poderío religioso, y a diferencia de otras celebraciones religiosas, entroncaba directamente con el espíritu de cruzada que inspiraba al bando nacional. Por ello era un acto central en la escenografía de los actos franquistas. De hecho, era el nexo de unión entre las novedades de la escenografía de masas de corte fascista y el substrato católico tradicional del país. Amplificando una liturgia conocida y respetada por buena parte de los participantes, las nuevas celebraciones públicas de los vencedores adquirían sentido para muchos de los asistentes y subrayaban que la recristianización estaba indisolublemente ligada al Ejército de Franco y su guerra. El 25 de julio de 1937, la manifestación de “admiración y reconocimiento al Glorioso Ejército que nos libera” se planteaba como la continuación de una misa de campaña a celebrar en la plaza de los Fueros. La celebración del Día del Caudillo, el 1 de octubre, abría su programa con una Misa en la que se bendijeron los crucifijos que después fueron trasladados en procesión a las escuelas de Rágeta. De nuevo, el 12 de octubre, Día de la Raza, se repetía la misa de campaña seguida de procesión del Santo Rosario con las autoridades locales en pleno y la banda de música.

Hubo también algunos actos estrictamente políticos, como la manifestación que, “interpretando esta Alcaldía el unánime sentir de su vecindario” Llaneza organizó para celebrar la caída de Lleida. En esta ocasión, el protagonismo público quedó restringido al capitán de la Guardia Civil, a un caballero legionario mutilado y al propio Llaneza que dirigieron enardecidos discursos a la multitud, aunque no por ello se desligaba el alcalde de una concepción de la guerra como cruzada, tal y como dejaba claro en la proclama de convocatoria: “La victoria definitiva se aproxima. La Santa Cruzada liberadora de la bestia masónicamarxista toca a su fin. Los últimos reductos existentes en tierras catalanas son hollados ya por nuestro Glorioso s Ejército, donde resuena jubiloso el nombre de ¡Franco! ¡Fanco! ¡Franco!”

Sin embargo, este tipo de actos estrictamente políticos fue minoritario. La mentalidad integrista de Llaneza no concebía una actividad pública sin el protagonismo de la Iglesia. De hecho, sólo a través de ella podía el pueblo de Barakaldo expiar sus ofensas a Dios en los años anteriores. Ante un pasado pecaminoso colectivo, se imponía una expiación también colectiva. Con este fin, se organizaron en septiembre de 1937 “actos religiosos de reparación y penitencia por tanto crímenes cometidos y tantos también ultrajes inferidos a la religión y a sus Ministros. Para que a nuestros hermanos obcecados les ilumine la fe y porque la paz sea pronta y definitiva…” El programa se componía de un rosario de la Aurora a las cinco y media de la mañana y de un via-crucis a las siete y media de la noche viernes, sábado y domingo, sustituyéndose este último día el via-crucis por una procesión solemne a las cuatro de la tarde. Según la crónica de El Correo Español – El Pueblo Vasco, “los ancianos barakaldeses confesaban que nunca se vió por la fabril anteiglesia una demostración tan solemne de religiosidad de este pueblo”.

Que en realidad, como muestra la crónica anterior, toda esta exaltación religiosa fuera una novedad en la localidad no cuestionaba el planteamiento de retorno a un origen incontaminado y muchos menos el propósito expiatorio de los vencedores. A través de estos actos Barakaldo volvía al seno de la Iglesia de la que se había apartado y esta reincorporación religiosa era inseparable de su reincorporación a la España de la que también se había alejado. En este sentido, resulta especialmente ilustrativa la transformación de la Casa del Pueblo en Salón España, acto del que la prensa daba  cuenta bajo el titular “Ayer, definitivamente, Baracaldo pasó a España”. Para esta reincorporación no bastaba la mera incautación; era necesaria la intervención profiláctica de la Iglesia. Así, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, bendecía los “locales hasta hoy infectos de podre revolucionaria marxista. Y en sus breves palabras, plenas de emoción, nos dice que ahora es cuando verdaderamente puede llamarse Casa del Pueblo. De un pueblo sin odios, sin venganzas ruines y que solo debe pensar en quienes empuñan el fusil para salvar a España”.

La presencia del obispo de Pamplona subraya que una pieza calve para el éxito de la escenografía nacional-católica de Llaneza era la presencia de altas jerarquías de la Iglesia. Olaechea se avenía perfectamente a los proyectos de Llaneza, puesto que reunía la condición de barakaldés y de hijo de familia obrera, dos características llenas de potencialidades para su explotación emotiva. La presencia de Olaechea en la localidad fue contante durante estos años. Además de la bendición de la Casa del Pueblo, presidía en agosto de 1937 los funerales por los mártires de la localidad. A partir de septiembre, se añadía a Olaechea, que poco menos que actuaba como obispo de Barakaldo, la máxima autoridad de la diócesis: Javier Lauzurica, nuevo administrador apostólico.

Lauzurica dejaba claro en su primera pastoral su compromiso con el bando nacional reclamando a sus fieles “vuestra total incorporación al Movimiento Nacional, por ser defensor de los derechos de Dios, de la Iglesia Católica y de la Patria, que no es otra que nuestra Madre España”.

En mayo, Olaechea acompañaba a Lauzurica en su visita apostólica a la localidad. A la entrada a la localidad les esperaba un arco de triunfo y las masas perfectamente organizadas por Llaneza. En su alocución, el alcalde establecía además la obligación durante los dos días que había de durar la visita de “engalanar los balcones y ventanas de las casas con la gloriosa enseña nacional de esta nuestra e España, que con orgullo, ante el mundo entero puede blasonar de católica por excelencia”. El día anterior, 600 niños de las escuelas municipales hicieron su primera comunión en la plaza de España.

Un mes después Olaechea volvió a la localidad para participar en las primeras Fiestas de la Liberación. En esta ocasión se añadían a la misa de campaña y el desfile un nuevo elemento de legitimación del régimen: la inauguración de las obras públicas del consistorio que se presentaban como las realizaciones de la nueva España. El obispo de Pamplona bendijo la colocación de la primera piedra de la nueva iglesia parroquial y el ministro de Justicia, el conde de Rodezno, inició la demolición de una vieja casa para ampliar la plaza de España29. Ya en las primeras fiestas quedaba fijado el programa que se repetiría en años posteriores. En 1942 Olaechea contaba con la ayuda de Lauzurica. Mientras el obispo de Vitoria, como le denominaba la prensa, bendecía la primera piedra de la nueva sede de Correos, el obispo de Pamplona, haciendo gala de sus orígenes, echaba la primera paletada. También bendijeron el inicio de las obras de la nueva Iglesia de Retuerto, sufragada por el fabricante carlista Garay Sesumaga.

Así, las escenografías nacional-católicas de Llaneza superaban lo habitual, pues no contaba con un obispo, sino con dos. En enero de 1939 visitó también la localidad el obispo de Cuttak, el salesiano (no es “salesiano sino paúl”, nota de Mitxel Olabuenaga) Mons. Sanz, con solemne misa a la que asistieron los requetés, flechas y pelayos. Sin embargo, la ausencia de prelados no detenía las celebraciones religiosas. En febrero de 1938 se entronizó el Sagrado Corazón en el Hogar del Herido y poco después se realizó un acto de reparación y desagravio a la Virgen Milagrosa con su consagración en las Escuelas de Altos Hornos. En julio, 4.000 niños participaban en una misa de campaña en el campo de Lasesarre.

El fin de la guerra no desaceleró esta exaltación religiosa. En junio de 1944 se celebraba el Primer Congreso Eucarístico del Arciprestazgo de Portugalete, en el que se integraba Barakaldo. Fueron cinco días de intensa movilización religiosa para cuya preparación la comisión de propaganda imprimió y repartió, entre otros, 80.000 proclamas, 40.000 hojas de tesoro espiritual, 1000 programas murales, 40.000 estampas a dos hojas, 60.000 hojas volantes con variados textos, 10.000 hojas de cánticos eucarísticos, 10.000 medallas insignias, 8.000 hojas conteniendo indulgencias y gracias, 1500 programas de lujo y 10.000 ordinarios. Llaneza no podía estar ausente de tal despliegue de medios e intervino en la inauguración31.

Los buenos resultados de las escenografías montadas en Barakaldo animaron a Llaneza a trascender el ámbito del municipio para planear espectaculares actos nacionalcatólicos de carácter regional. En 1940 lanzó la idea de una magna peregrinación diocesana a Zaragoza para homenajear a la que calificaba como Virgen de la Victoria: “que una comisión de cada uno de los Ayuntamientos de Vizcaya, con sus atributos de estandartes, timbaleros, maceros, etc. se traslade en fecha determinada a la inmortal Zaragoza para rendir en homenaje emocionado y ejemplar sus banderas, estandartes y bastones de mando a la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora del Pilar”.

La propuesta, que se hacía extensiva al resto de las provincias vascas, fue entusiastamente acogida por el administrador apostólico Lauzurica. En julio, trenes especiales transportaron a 3.000 personas de todo el País Vasco a Zaragoza encabezados por Lauzurica y los gobernadores, los presidentes de las diputaciones y alcaldes de las capitales y principales localidades de las tres provincias, que rindieron homenaje a la Virgen del Pilar acompañados de espatadantzaris, danzarichiquis, hilanderas y txistularis. El sentido nacional-católico del acto no podía ser más explícito. El País Vasco por medio de sus autoridades y sus señas de identidad características se postraba ante el símbolo de la unidad material y espiritual de España. Sánchez Erauskin selecciona una crónica del boletín diocesano que expone sin ambajes el objetivo del acto: “Todas las peregrinaciones, sin excepción, añaden a su carácter profundamente religioso y mariano la nota españolista (…) Ante el bendito Pilar se siente como en ninguna otra parte del suelo patrio la grandeza de la España Una (…) Acudieron los vascos en acto oficial a la Basílica, que con razón es Amor intenso a la patria grande, mancomunado con el cariño a la patria chica y que al afirmar la unidad de España no reniega de los usos y tradiciones se culares del país natal. Esta significación tuvieron los chistularis, espatadancharis e hilanderas (…) De esta Peregrinación conservará recuerdo por mucho tiempo la ciudad de Zaragoza. Vasconia ha demostrado una vez más que es fervientemente católica y sinceramente española …”

Esta recristianización de las sociedad propugnada por el nacional-catolicismo se basaba en un fructífero reparto de funciones entre Estado e Iglesia, en la que al primero reclutaba a sectores de la población para ser recristianizados coactivamente, quisieran o no, por la segunda. La posibilidad de escapar a este adoctrinamiento forzado era proporcional a la seguridad y fortaleza de cada ciudadano en el nuevo orden. En Barakaldo, los niños de las escuelas, un sector de la población perfectamente encuadrado y controlado, era utilizado profusamente en estos actos. Pero no sólo ellos. En general, aquéllos que por una razón u otra dependían de las nuevas autoridades no tenían posibilidad de escapatoria, especialmente si éstas mostraban el celo recristianizador de Llaneza que sobrepasaba las demandas del clero local. Los barakaldeses que se veían obligados a acudir a los comedores del Auxilio Social era una presa privilegiada para las pretensiones de Llaneza. A cambio de la comida debían someterse a la práctica religiosa que, como vencidos en su mayoría, habían abandonado:

“Atendiéndose diariamente en nuestros comedores del AUXILIO SOCIAL de Bagaza a un crecido número de familias indigentes, por desgracia por ésta condición de menesterosas, un poco tibios en práctica religiosa y aún cuando se tiene por norma establecida desde su inauguración el que antes de sentarse a la mesa se rece por sus comensales una jaculatoria al altísimo en acción de gracias y se entonen los himnos nacionales, sin embargo, esta alcaldía vería con agrado que todos los días, uno de los sacerdotes que pertenezca a ese Cabildo Parroquial, concurra al citado Comedor en la hora de la comida y les otorgue la bendición , realzando este sencillo acto cristiano y esperando conseguir que sus asistente vayan amoldándose a esta buenas costumbres de nuestra madre la Iglesia Católica y a guardar la veneración y respeto debido a sus dignísimos representantes”.

Ante tal propuesta, Pablo de Guezala, párroco de San Vicente, se excusaba aludiendo a sus múltiples obligaciones. No es posible determinar si éstas eran reales. En todo caso, las excusas de Guezala no fueron la única resistencia eclesiástica con la que toparon los proyectos de Llaneza. En 1937 el obispo de Pamplona tuvo que recurrir a una tozudez superior a la del alcalde para librarse de sus pretensiones. En noviembre,  la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos dirigía una petición para que, con motivo de sus bodas de plata sacerdotales, se impusiese a la calle Larrea, dónde se situaba el Colegio Salesiano, el nombre de obispo Olaechea y “revista el acto la solemnidad precisa”. Llaneza asumió la idea con entusiasmo y la amplió integrándola en su programa de actos nacional-católicos: creó la Medalla de Oro de la ciudad, abrió una suscripción popular para sufragarla y proyectó un homenaje multitudinario para su entrega.

Las pretensiones de Llaneza y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos se frustaron por la negativa de Olaechea a recibir cualquier homenaje y, menos aún, una medalla. En diciembre Olaechea escribía a Llaneza dejando clara su postura. A mediados de enero de 1938, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos comunicaba a la Alcaldía su decisión de “inhibirse de todo intento de homenaje [...] desde el momento en que conoció la inquebrantable y justificada actitud, y resolución, del Sr. Obispo de Pamplona, que respeta, acata y cumple”. Tres días más tarde, el propio Olaechea reiteraba su posición argumentando que “los tiempos que corremos, y que correremos, en esta gestación de una España gigantesca, nos exigen una vida austera y un corte a cercén de dinero, de placer y de honores”. Pero nada de esto amilanó a Llaneza que se personó en Pamplona para hacer entrega de la medalla. El obispo, que se ausentó de la ciudad ese día, según él ajeno a la visita, devolvió la Medalla por correo.

El incidente resulta ilustrativo de la personalidad autoritaria de Llaneza que no atendía a negativas ante sus proyectos, ni siquiera de un obispo. No existen razones para dudar de la modestia de Olaechea; de hecho redujo los fastos previstos para sus bodas de plata a oraciones y caridad. Sin embargo, el desarrollo del incidente revela un pulso entre la autoridad del obispo y la del alcalde que Olaechea no podía permitirse perder, máxime cuando era ya una figura claudicante ante las fuertes presiones a que se veía sometido por parte de autoridades de mucho mayor rango. Una vez establecida su autoridad ante Llaneza, las relaciones con el alcalde barakaldés fueron fluidas. Ya se ha  señalado su participación en la escenografía nacional-católica durante este periodo. En 1943 aceptó la presidencia de honor de la comisión que había de nombrar hijo adoptivo de la localidad a Llaneza, para el que no escatimaba elogios: “Caballero sin miedo y sin tacha, inteligentísimo, emprendedor y sumamente desinteresado, éste ejemplarísimo hijo de la Iglesia, ha merecido bien de Baracaldo como el mejor de los nacidos en él. Cuando pase el tiempo se le hará justicia por todos a este que siempre tuvo un panal de miel cristiana en el corazón Más taxativo era pocos meses después: “A Llaneza no se le puede negar nada”.

Y no era de extrañar, porque la intransigencia religiosa de Llaneza sometió durante largos años a la población barakaldesa a una rígida moralización de las costumbres que aún en la actualidad se recuerda.

En octubre de 1937, Llaneza avisaba al Teatro Baracaldo que no pensaba tolerar “los anuncios con fotografías o estampas de propaganda que abiertamente atentan a la moral” y, efectivamente, diez días después le imponía una multa de doscientas pesetas. En abril de 1938 publicaba un bando que daba cuenta de los actos que consideraba como gamberrismo “como insultar o mofarse de las personas, molestar al vecindario con ruidos y cantares, especialmente de noche, ejecutar actos o preferir palabras que ofenden a la moral, a la religión o a las buenas costumbres, marchar atropelladamente por las calles y paseos…”, conductas todas ellas que, no sólo serían multadas por la guardia municipal, sino puestas en conocimiento de la autoridad superior mediante atestado. En agosto, velando “por la conservación de las buenas costumbres y moralidad pública del vecindario” prohibía el alcalde los baños públicos tanto de agua como de sol en todo el término municipal48. En julio de 1940 era la indumentaria de los barakaldeses la que suscitaba las iras de Llaneza. Indignado ante “gentes desaprensivas y que contraviniendo estas elementales normas de ciudadanía e higiene, se despojan de sus chaquetas y en camisa o camiseta, desenfadadamente, circulan por los lugares públicos” se prohibía aparecer en lugares públicos en mangas de camisa, advirtiendo que esa forma de vestir “nada tiene que ver con las prendas y uniformes de la Unificación”.

Estas conductas masculinas eran sancionables por ir en contra la moral y las buenas costumbres; pero las conductas femeninas cuestionaban valores mucho más importantes. Atentaban además contra la religión católica, el Nuevo Estado y la memoria de los Mártires: “La nota de buen tono y distinción, justo es consignarlo, en nuestra vida social siempre ha corrido a cargo de la mujer, que como prendas muy preciadas han sabido conservarlas cuidadosamente, pero desgraciadamente en los días que corremos y quizás contaminadas también por las corrientes de desenfado e impudor que invadieron a España con anterioridad a nuestra Gloriosa Cruzada, muchas de ellas se conducen públicamente en formas poco correctas y decorosas en sus vestido y ademanes, so pretexto de recrearse en las playas, haciendo como digo gala en calles y plazas a las idas y regreso de estos lugares de su escandalosa desenvoltura y desvergüenza, exhibiendo sus piernas sin recato de sus medias y simulando ir vestidas.

Considerando que el sacrificio de nuestros Mártires en la pasada Cruzada lo fue con la mira puesta en la redención de nuestra España Católica libre de toda perniciosa influencia extranjera que vaya en contra de esta tradicional honestidad de nuestras costumbres, honrando la memoria de estos nuestros gloriosos Mártires vengo en prohibir tales desenfados y deshonestidades callejeras anunciando severas sanciones para las infractoras”.

Existía, pues, para Llaneza una lógica de la victoria que conducía a los comportamientos femeninos. De ahí, la cruzada de la guardia municipal contra las mujeres que, por pobreza o calor, se pintaban la raya “simulando ir vestidas” y la persecución a que sometió a las sardineras de Santurce que tenían que ponerse las medias al entrar en el término municipal. Se trata, sin duda, de la fuente de anécdotas más conocida popularmente de Llaneza. Todo ello se comenta jocosamente en la  actualidad, pero no deja de ser revelador del integrismo autoritario que Llaneza impuso que sea el principal elemento que ha quedado en la memoria colectiva de su largo mandato.

Pero la ideología política de Llaneza no se agotaba en esa mezcla de integrismo religioso y españolismo que precipitó en el nacional-catolicismo. Sin que eso cuestionara un ápice su autoritarismo, Llaneza siempre mantuvo una actitud paternalista hacia Barakaldo y, especialmente, hacia las masas obreras que lo componían en su mayoría. De ahí que el obrerismo fuera el tercer elemento de su política.

A los cuatro meses de la entrada de los nacionales, El Correo publicaba un reportaje sobre la situación en Barakaldo de tono propagandístico en el que se describía cómo el mercado rebosaba de productos a los mismos precios anteriores a la guerra. El jefe local de los Sindicatos Verticales daba cuenta de que contaban con tres mil afiliados y 600 mujeres en el de industrias químicas, cifras de las que el articulista deducía que los obreros barakaldeses habían comprendido que los nuevos sindicatos eran la verdadera organización defensiva de sus intereses. Las declaraciones de Llaneza sobre la penuria económica que azotaba a la localidad suponían el contrapunto al triunfalismo del periodista. El alcalde se mostraba preocupado por el paro obrero a causa de la falta de materias primas, una situación que preveía que empeorase cuando retornaran todos los hombres movilizados o penados. Destacaba Llaneza el pacto alcanzado con las empresas locales para que ningún obrero trabajara más de 48 horas semanales y cifraba las comidas que diariamente repartían los comedores municipales en unas 2.300. En 1940 la situación no había mejorado en exceso. En un informe solicitado por el Gobierno Civil, Llaneza comunicaba que los comedores del Auxilio Social seguían atendiendo a unas ochocientas personas y establecía el paro local en cuatrocientos obreros. Preveía además que la situación se agravaría en el invierno al paralizar su producción algunas de las empresas locales por falta de materias primas, extremo en el que insistían todas las declaraciones individuales de las empresas. Preocupaba especialmente al alcalde la situación de las fábricas de calzado de goma y cordelería, las más afectadas e indignadas por los problemas de suministro de materias primas, “pues  así como el personal masculino se podría llegar quizá a un esfuerzo proporcionándoles trabajo en nuevas obras publicas que se pueden emprender, no ocurriría lo propio con la mano de obra femenina, que solamente puede tener colocación en las referidas empresas”. Reclamaba además Llaneza una mejora en el abastecimiento de productos de primera necesidad argumentando que el rendimiento de la población obrera necesitaba de una alimentación sana, evitando “que la Capital se la coloque en mejor plano que el pueblo como ha ocurrido hasta la fecha prodigándose en aquella en su racionamientos”. Finalmente, insistía en la necesidad de cambiar la política de colocación para evitar la sustitución de la mano de obra local.

El jefe de los sindicatos locales ya había hecho referencia a este problema en 1937 en el artículo mencionado anteriormente. En octubre de 1939, el propio delegado provincial de la CNS, Julio Serrano, daba cuenta a sus superiores de que “la mayoría de las grandes entidades sustituyeron personal por jóvenes más baratos” y los problemas que eso podía generar tras la desmovilización.

En este sentido, Llaneza dirigía en 1940 un escrito al respecto al gobernador para alertarle de una situación que “encierra un grave peligro para la tranquilidad social y serios trastornos. [...] Se está dando el caso paradógico que mientras en el pueblo existen naturales y vecinos con largos años de residencia que por efectos lógicos de la contienda pasada bien sea por haber pasado por campos de concentración o batallones de trabajadores u otras causas perdiendo su antigua colocación a su vuelta al pueblo de origen se encuentran en paro forzoso no logando ningún puesto de trabajo y en cambio van cubriendose estos puestos de trabajo por combatientes o personas que sin reunir esta condición proceden de otras provincia y pueblos de España donde tenían su medio y forma de vida”.

Esta preocupación por la suerte laboral de los trabajadores locales represaliados, incluso en perjuicio de los excombatientes foráneos, puede resultar paradójica en un hombre que había dirigido con duros criterios la depuración municipal. Sin embargo, constituye una muestra del paternalismo con que Llaneza ejercía su autoridad. Al igual que no tenía pudor en adoctrinar a las familias que acudían al Auxilio Social “por desgracia por ésta condición de menesterosas, un poco tibios en práctica religiosa” para que fueran “amoldándose a esta buenas costumbres de nuestra madre la Iglesia Católica y a guardar la veneración y respeto debido a sus dignísimos representantes”, como ya se indicó, tampoco lo tenía en censurar a los recién llegados que “halagados por dejar su pueblo y faenas del campo abandonan estas labores agricolas tan necesarias para la prosperidad de España”. Frente a ellos se imponía el orgullo local de unos trabajadores especializados, formados y relativamente bien pagados que, a pesar de todo, eran barakaldeses. En todo caso, su comportamiento futuro era una competencia de su autoridad.

Esta actitud paternalista de Llaneza se enmarcaba en las vagas elaboraciones del catolicismo de preguerra que mantenían la bondad del obrero corrompida por agitadores depravados. En este sentido, la intervención de Llaneza en el mencionado Congreso Eucarístico de 1944, incluía, además de una apelación al cumplimiento del deber por el bien de la Patria, “un recuerdo para los obreros, pidiendo a Jesús Sacramentado que los atraiga con su dulzura y su amor”.

Esta apelación obrerista estuvo siempre presente en la retórica de Llaneza junto al integrismo católico y el españolismo. Con ello no entraba en conflicto con los intereses del nuevo régimen. Por el contrario, dadas sus características de ciudad eminentemente obrera e industrial, Barakaldo se convertía en un escenario privilegiado para que el régimen mostrara también su cara obrerista.

En septiembre de 1937, el jefe provincial José María de Oriol acudía al teatro España, antigua Casa del Pueblo, para dirigir un discurso a los obreros sobre “Lo que es el comunismo”. Los recursos retóricos para recabar la adhesión obrera de este miembro de la plutocracia bilbaína eran bastante limitados. El primero de ellos era el antisemitismo. El comunismo para Oriol era básicamente el fruto de una conspiración internacional judía para dominar el mundo. Frente a las pretensiones de esa “raza maldita por Dios”, las democracias burguesas resultaban débiles. De ahí que la lucha anticomunista necesitase de la eliminación del régimen burgués sustituyéndolo por formas de sindicación nacional como en Alemania, Italia y España. Incluso la autonomía era un concepto explotado por los judíos. Por ello “nosotros españoles, tenemos que hincharnos de gozo, respirar a pulmón pleno y recordar aquel siglo de oro glorioso de España, en que, adelantándonos en 400 años a las civilizaciones de los demás países, hubo unos Reyes Católicos que, propugnaron la expulsión de los judíos y consiguieron que de España saliera esa raza maldita y España emprendiese rumbos heroicos”. Este planteamiento no era privativo de Oriol. Poco después el mismo Pío Baroja publicaba un artículo en la primera página de El Correo insistiendo en la misma idea56 y, de hecho, diferentes artículos de la prensa de Bilbao proclamaban sin ambajes su simpatía por el antisemitismo que recorría Europa57. Que el antisemitismo no haya sido considerado como un rasgo definitorio del franquismo, e incluso que haya sido esgrimido por algunos análisis como elemento clave para diferenciarlo de los fascismos, no significa que no formara parte de la ideología de la derecha española. Cuestión aparte es que fuera poco rentable como elemento cohexionador y legitimador de la comunidad nacional y que no se tradujera en medidas concretas, entre otras cosas porque, como anunciaban satisfechos los corifeos del régimen, en España no quedaban judíos.

Para apuntalar su argumentación anticomunista, el jefe provincial añadía al antisemitismo cifras sobre la miseria que acarreaba el comunismo (de las que tenía pruebas ciertas) como que el obrero ruso gastaba en comida el 75% de su jornal y, a pesar de ello, comía la mitad que el español. No olvidaba tampoco los valores que encarnaban la Falange y el tradicionalismo unidos “para una cruzada que significa espiritualidad, religiosidad, sentimiento de raza, de historia, que significa España, por España, para España y siempre España”. Sin embargo, poco decía en concreto sobre los proyectos sociales de la nueva España, aparte de insistir en el tópico del catolicismo social acerca de la corrupción externa del obrero haciendo ver a su audiencia “cómo han tratado de engañaros y de torceros lo sano que tiene el hombre dentro de sí, que es su fe en Dios y su amor a la Patria, fundamento sobre el que hay que construir el nuevo Estado”.

Este último era el mensaje que Llaneza prefería frente a la modernidad antisemita del resto del discurso del jefe provincial. La voluntad de retomar este discurso obrerista del catolicismo local de preguerra a través de la emotiva figura de un hijo de obreros barakaldeses encumbrado estaba clara en la última misiva que Llaneza dirigió al obispo de Pamplona con motivo del frustrado homenaje: “dignificando en la figura nobilísima de nuestro prelado a la de todos aquellos hijos de Baracaldo de humilde condición obrera y honrados y que por sus propios medio llegan a copar los más altos escalafones de nuestra sociedad, no avergonzándose de esta humilde cuna sino muy al contrario haciendo gala de ello como a mi memoria llega en estos momentos la de un acto público celebrado en esa misma localidad de fecha de inolvidables recuerdos en el cual su Ilma. con su autorizada palabra y proverbial elocuencia, recordó que debajo de sus investiduras de obispo se encontraban los hábitos de un salesiano y más abajo la blusa de un trabajador. El enaltecimiento pues de la noble figura de un trabajador es lo que ha movido a este Ayuntamiento al adoptar estos acuerdos…”

La negativa del prelado no hizo desistir a Llaneza en su empeño de retomar el obrerismo católico de preguerra. Con motivo de la visita pastoral de 1938, se organizó un acto específicamente obrerista en el que Lauzurica dirigió un discurso a los trabajadores que concluyó con vivas a Cristo Rey, a España y al Caudillo.

Sin embargo, no hubo de esperar mucho Llaneza para ver cumplida su intención de realizar un gran acto obrerista y, además, con un protagonista de excepción: el propio Franco. El Caudillo visitó Vizcaya en junio de 1939 y eligió Barakaldo para publicitar el carácter social de su régimen en un baño de multitudes. Ante 20.000 obreros concentrados en Altos Hornos, Franco requirió la colaboración interclasista en la tarea de reconstrucción: “Se inicia el resurgimiento de España, después de las heridas que causaron en su cuerpo sagrado los que hicieron traición al mandato de su sangre y de su historia. Esa obra de reconstrucción se realizará con la aportación de todos y cada uno de los españoles, unidos en afanes idénticos y estrechados por recios vínculos de hermandad para la más eficaz colaboración: empresarios, técnicos y obreros, los productores todos han de hacer la gran labor común”.

Proseguía su alocución Franco denostando a los políticos de la etapa anterior a los que acusaba de manipuladores que sólo buscaban el beneficio personal.

“La edificación de una España grande no es palabra hueca de contenido. Es un propósito inexorable que ha de encontrar la culminación feliz de verse lograda por entero. No es lícito a nadie que sienta la responsabilidad de las tareas de gobierno prender los fuegos fatuos de promesas vanas y fáciles que ni se piensa ni se puede cumplir. Eso lo hicieron siempre aquellos que os empujaban y arrastraban, para su medro personal, a la miseria y a la muerte. Aquellos que os mintieron fingidas gallardías. ¿dónde están hoy?…Los millares de obreros prorrumpen en una ovación estruendosa.”

Teniendo en cuenta la intensidad represiva del momento, la alusión final a la desaparición de los dirigentes izquierdistas constituía todo un ejercicio de cinismo por parte de Franco, pero además suponía una apelación a los sentimientos de frustración de muchos vencidos que sufrían la nueva situación, mientas muchos de sus dirigentes habían conseguido exiliarse. Tras esta descalificación de los líderes del pasado, el Caudillo ofrecía a los obreros una España de trabajo y orden: “Por eso, afirma el Caudillo, que nunca prometió nada que no tuviera la seguridad de poder cumplir. Os prometí la Victoria y ha llegado. Hoy os prometo que tendréis una España libre y grande. Os prometo una España en que el odio destructor de otros tiempos esté desplazado por el amor, constructivo y fecundo.

Quiero por ello, ser siempre parco en promesas; pero sabed que habrá trabajo para todos y orden sobre las tierras de España …”

La crónica del vespertino Hierro añadía la conocida promesa de “que no haya un hogar sin lumbre ni un español sin pan”.

En 1942 era el ministro de trabajo, Girón, quien visitaba la localidad. La primera jornada de la visita estaba dedicada a los servicios asistenciales de Altos Hornos y concluía con la inauguración de la Escuela de Orientación Profesional y de Aprendizaje que la empresa había erigido en Sestao, “de la que se esperan resultados espléndidos para el perfeccionamiento del obrero y capacitación en el gran porvenir que la Empresa les depara, preparándoles el camino con renovados estímulos para que lleguen al grado de encargados y maestros de talleres”. Ante los aprendices puestos en pie al lado de sus máquinas de trabajo, un directivo de la empresa desglosó la política asistencial de Altos Hornos recordando las viviendas, las escuelas, los economatos, el sanatorio, las pensiones de inutilidad y fallecimiento, la iglesia, y finalmente la nueva escuela, destinada a “formar ciudadanos ejemplares, aptos, sanos de cuerpo, de conciencia recta, con ideales que tengan la máxima satisfacción en ser orgullo de su familia y de su Patria,  con el espíritu de servicio y sacrificio que predicaba José Antonio, como lo hicieron los selectos, los caídos, y tal como aspiran a formarlos la falange y el caudillo”. A este discurso respondía Girón estableciendo que la formación técnica no era suficiente “para los grandes pueblos nacidos para misiones supremas” y reclamando la formación nacional-sindicalista: “Al lado de la capacitación técnica debe estar la educación moral y la educación nacional sindicalista, porque en nuestro sentido de entender la vida no cabe el olvido de la espiritualidad [...] De esta escuela  profesional inaugurada hoy tienen que salir trabajadores preparados y nacionalsocialistas resueltos”.

No es fácil evaluar el calado que podía tener esta mística política, pero lo que sí debían de tener presente los aprendices barakaldeses era la importancia de entrar en Altos Hornos en un contexto de miseria generalizada como la de la postguerra.

Cuando en 1944 Franco realizó su segunda visita a Barakaldo con motivo de las Fiestas de la Liberación, todos los elementos que el régimen movilizaba para recabar la adhesión estaban ya perfectamente sintetizados. Esta visita tuvo un tono menos obrerista que la primera, pero no por ello dejaba de hacer propaganda de las realizaciones del régimen en materia social. La nueva Escuela de Orientación y Formación Profesional que Franco inauguraba constituía una importante realización del régimen en materia social, pues suponía una vía de promoción más abierta que las escuelas de Altos Hornos. Franco visitó además la empresa Badcock & Wilcox, que concedió una paga extraordinaria con motivo de la visita, y entregó al alcalde cincuenta cartillas de la Caja Postal con cien pesetas para ser distribuidas entre las familias más humildes de la localidad.

Posteriormente Franco inauguró el nuevo edificio de Correos, otra de las realizaciones del régimen en la localidad y presenció un desfile del Frente de Juventudes y los niños del Auxilio Social. Todos estos elementos legitimadores se completaban con la apropiación por parte de Franco de la tradición que encarnaban los viejos combatientes carlistas a los que saludó efusivamente. Y no era la única tradición que invocaba. Todos los actos estuvieron amenizados por conjuntos de hilanderas y espatadanzaris. De hecho, Llaneza había convocado a trece grupos folklóricos de la jurisdicción para identificar con el régimen las características diferenciales vascas y su carga emotiva.

Finalmente, la religión no perdía protagonismo en este programa de actos. Los obispos de Vitoria y Pamplona participaron en los actos y, tras la salida de Franco, concelebraron un solemne Te Deum y colocaron la primera piedra de la iglesia del Buen Pastor en Luchana. Tras haberlo hecho con la primera autoridad, Olaechea pasaba a legitimar a su representante local presidiendo al acto de homenaje a Llaneza en el que se le nombraba hijo adoptivo de Barakaldo.

Y es que a estas alturas Llaneza ya no era sólo el organizador de actos, sino que él mismo se había hecho acreedor de homenajes. En 1943 el gobierno le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio por sus servicios a la cultura. Sus allegados decidieron ensalzar la figura del alcalde y jefe local y decidieron recabar la adhesión popular Para ello se constituyó una comisión presidida por el primer teniente de alcalde encargada de abrir una suscripción para la compra de las insignias y de instar el nombramiento de hijo adoptivo. Como miembros honorarios formaban parte de la comisión el obispo de Pamplona, Antonio de Iturmendi Bañales, subsecretario de Gobernación, ambos hijos predilectos, y el cura párroco de San Vicente. En bando público la comisión recordaba en agosto que “el vecindario de Baracaldo, principal favorecido por los Centros de cultura e instrucción promovidos por el celo del señor Llaneza, debe ser agradecido y reconocer de una manera pública y tangible cuanto debe a la diligencia de su actual Alcalde”.

Con el paso de los años se fue produciendo un cierto reequilibrio en los elementos que Llaneza explotaba para legitimar al régimen. A finales de los cuarenta la religión empezaba a perder terreno ante este obrerismo apoyado en las realizaciones sociales del régimen. En 1948 Llaneza había decidido crear la Medalla de Oro de Barakaldo y concedérsela al Caudillo en atención a sus desvelos por los trabajadores. La imposición hubo de esperar a una nueva visita de Franco en 1950. En el discurso solemne de entrega, Llaneza, se presentaba “como productor y como alcalde de este pueblo de trabajadores” y repasaba en su discurso las realizaciones del régimen: los cuatro templos parroquiales (uno en construcción), los dos grupos escolares (uno en proyecto), la Escuela de Trabajo, las tres escuelas profesionales para la mujer (regentadas por la Sección Femenina, las Hijas de la Cruz y las salesianas), los dos colegios de segunda enseñanza, dirigidos por Paules y Dominicas, el edificio de Correos, diferentes obras de urbanización, y, sobre todo, las viviendas de promoción pública, para maestros y funcionarios, 438 para productores y 800 proyectadas. Ante este balance, Llaneza oponía la nueva realidad a la situación de preguerra: “los trabajadores de Baracaldo, todos sus vecinos, uniendo sus voces y su gratitud a las de toda la nación, os proclaman su bienhechor, al mismo tiempo que recuerdan y comparan. Recuerdan aquellas larguísimas huelgas económicas, que después de haber llevado a la miseria los hogares obreros, la ruina al comercio, perjuicios enormes a las industrias y daño irreparable a la economía nacional, como única compensación por tantas pérdidas, sólo obtenían, y no todas las veces, para aquellos obreros unos míseros céntimos de aumento en sus jornales. Y comparan con aquellas pobres y en ocasiones sangrientas conquistas de la clase trabajadora la realizaciones sociales, con que vos y el nuevo Estado español espontáneamente habéis protegido al trabajo y los trabajadores.”

Recordaba Llaneza el Fuero del Trabajo, el descanso dominical y las vacaciones, el prestigio a la familia exigido por la Iglesia y los Papas y conseguido gracias al subsidio familiar y el plus de cargas familiares, además del seguro de enfermedad, el subsidio de vejez, las reglamentaciones de trabajo… Con todo ello, “habéis probado que en vuestro corazón de Caudillo cristiano y de padre hay un amor y una preocupación obsesionantes por las clases trabajadoras, para cuyo mejoramiento no encontráis otro obstáculo que los supremos intereses de la Religión y de España”.

Al discurso de Llaneza respondía Franco entroncando todas sus realizaciones con la tradición y Iglesia. Un viejo requeté que le había abordado en la calle le servía para subrayar la continuidad entre el tradicionalismo y su régimen: “su espíritu remozado inspira en nuestro Movimiento a la generación nueva”. La alusión a la tradición le daba pie a postular su conocida interpretación esencialista y reaccionaria de la historia de España: “El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra Historia, es la negación del espíritu español, la inconsecuencia con nuestra Fe, la negación de nuestra unidad, la desaparición de nuestro Impero, todas las negaciones de nuestro ser, algo extranjero que nos dividía y nos enfrentaba entre hermanos y que destruía la unidad armoniosa que Dios había puesto sobre nuestra tierra” .

Continuaba el Caudillo con otra de las constantes de su discurso: “Nuestra victoria carecería de alas, si no hubiéramos abolido para siempre esta lucha de clases destructora, inhumana, anticatólica, aniquiladora de los bienes espirituales y destructora de las fuentes de producción”. Sin embargo, en lugar de ensalzar las mejoras materiales que para los trabajadores esta supresión de la lucha de clases había supuesto, Franco daba prioridad a la espiritualidad derivando hacia una mística obrerista: “nuestra existencia sobre la tierra, no tienen un fin materialista y grosero, sino fines mucho más altos; los de la salvación o de la perdición eterna. Y no es que por eso tengamos que sacrificar las aspiraciones, o los derechos y las necesidades materiales del trabajador, pero nosotros no valoramos al trabajador con un concepto miserable de céntimos; le supervaloramos como dice nuestro Movimiento al considerarle como portador de valores eternos, a quien le debemos lo que a nosotros mismos, que está muy por encima de lo que los groseros materialistas europeos quieren hacer con los hombres”.

Esta visita del Caudillo que cerraba los duros años cuarenta revela que la realizaciones sociales del régimen constituían ya el principal recurso de legitimación del régimen en la localidad frente al protagonismo de otros elementos como el españolismo y, sobre todo, la religión en sus primeros momentos. La cimentación del consenso entre los diferentes sectores de la derecha no preocupaba a Llaneza, y mucho menos la integración del nacionalismo. Su prioridad era la legitimación del régimen ante las masas de trabajadores que se engrosaban con la llegada de inmigrantes. No en vano, su mandato respondía a la lógica de una victoria política que buscaba ampliar su calado social.

El referéndum de 1947

El referéndum sobre la Ley de Sucesión de 1947 se enmarcaba en el hostil contexto internacional surgido tras la derrota de los fascismos y suponía el primer intento del régimen de obtener una legitimidad no derivada de la victoria bélica. Ante el aislamiento internacional Franco consiguió un cierre de filas de los diversos sectores sociales y políticos que habían colaborado en la victoria ofreciéndoles una institucionalización de su régimen de hecho. Dadas la condiciones imperantes y teniendo en cuenta que tanto el voto afirmativo como el negativo implicaban la continuidad de Franco, no parecía previsible un rechazo importante a través del no. El verdadero peligro para el régimen radicaba en que este rechazo se expresase a través de una abstención masiva. Por ello, entre los mecanismos arbitrados para asegurar una victoria aplastante, la intimidación de los posibles abstencionistas constituyó un elemento determinante.

Una vez en el colegio electoral, el voto negativo o en blanco suponía un rechazo activo mucho más peligroso que previsiblemente pocos estarían dispuestos a llevar a cabo. A. Cazorla recoge además las instrucciones para el fraude abierto si estas medidas preventivas no funcionaban.

El miedo debió de constituir el factor decisivo en la votación de amplias capas de la población. Y es que nadie, y menos las personas significadas como hostiles, quería arriesgarse a que se les atribuyeran los posibles votos negativos o nulos.

No se ha encontrado un informe similar para el caso de Barakaldo. Se dispone, sin embargo, de un informe de los nacionalistas vascos sobre Vizcaya. Según los nacionalistas, tras una actitud inicial un tanto fría, la prensa se volcó en la propaganda. Los recortes de prensa que adjuntaban al informe contienen apelaciones al patriotismo contra la injerencia extranjera y al anticomunismo, pero la propaganda que centraba la atención indignada del informe nacionalista era la realizada por la Iglesia.

Las jerarquías católicas cerraron filas en torno al régimen y la campaña adquirió un marcado tono religioso destinado a movilizar a las masas católicas. La Gaceta del Norte subrayaba la síntesis nacional-católica al afirmar que el voto positivo “es defender a la Religión, a la Iglesia, a España y a Franco”, mientras que el negativo “es negar a España y entregar a la Iglesia en manos de los asesinos de sacerdotes y creyentes y de los incendiarios de templos”. Sin embargo, más que a una justificación del voto positivo, la propaganda dirigida a los católicos tenía como prioridad evitar la abstención. Para ello se recurrió con insistencia a la normas de la Iglesia y a la autoridad del Papa. La Gaceta del Norte utilizaba la foto del pontífice para establecer la “voz de la Iglesia” e Hierro consignaba que ”votar es un deber sagrado.

Obliga en conciencia, obliga ante Dios”. Denunciaban los nacionalistas que el clero llegó a calificar la abstención de pecado mortal, idea que Hierro reproducía. La conclusión de un artículo de Miguel de Larrañaga sintetizaba toda esta argumentación: “Por eso usted no puede opinar lo que le parezca sin errar, ni votar lo que se le antoje sin pecar. Usted, criatura de Dios, hecho por Dios para Dios, está usted, quiera que no, al servicio de Dios. Por lo tanto, usted no votará lo que quiere, sino lo que debe, a sabiendas además, de que si deserta de este deber, ha de responder ante Dios de su voto”

Para los sectores refractarios a la propaganda se reservaban otra serie de medidas disuasorias. Según los nacionalistas, se hizo correr el bulo de que los abstencionistas no verían renovadas sus cartillas de racionamiento, perderían las prestaciones sociales, etc. En este sentido, La Gaceta del Norte publicaba un aviso el 5 de julio recordando la necesidad de solicitar el certificado de votación “por cuanto será éste un documento del que pueden tener frecuente necesidad, ya que les será exigido por los Organismo Oficiales en todo caso en que tuviesen necesidad de solventar cuestiones en ellos”. Contra estas amenazas de represalias de alcance indefinido poca efectividad tenían las consignas que hacían circular los nacionalistas recordando que según el decreto de 1907 sólo podía sancionarse a contribuyentes y funcionarios”. Concluían los nacionalistas que el régimen no se atrevería a aplicar ni siquiera las sanciones previstas legalmente, pues constituiría un reconocimiento de su fracaso. El argumento parecía plausible, pero requería que la abstención fuera realmente considerable. Y eso era lo que el régimen pretendía evitar movilizando todos sus recursos.

El gobernador y jefe provincial Genaro Riestra convocaba mediante carta a los afiliados para que estuvieran a disposición del partido pues, aunque “la Falange, minoría selecta, repudia como el primer día la teoría del mejor criterio de la mitad más uno”, el deber marcaba que “hay que votar y hacer votar”. También convocó a diferentes asociaciones patronales y comerciales para asegurarse el voto de sus empleados y afiliados.

Se emplearon también estrategias tendentes a formar colas en los colegios que hicieran ver a los abstencionistas que una hipotética acción colectiva abstencionista había fracasado. Para ello, según los nacionalistas, se llegó a ralentizar la votación hasta consumir más de cinco minutos por votante. Denunciaban también los  nacionalistas otras irregularidades en la votación. El hermano del presidente de las Cortes, Hilario Bilbao, que presidía una mesa en la capital, desdoblaba las papeletas de los votantes antes de introducirlas en las urnas. Varias personas fueron conducidas a votar por la policía y miembros de la Falange. En Alonsótegui, en el término municipal de Barakaldo, varias mujeres, de las que daban nombre y apellidos, fueron obligadas a votar en lugar de sus maridos y familiares, y un nacionalista que hacía su presentación por estar en libertad vigilada fue conducido al colegio por la Guardia Civil y obligado a votar por su hermano, pues no tenía derecho de voto. La casuística del informe nacionalista da cuenta de varios incidentes protagonizados por sacerdotes que no compartían el criterio de las jerarquías. En Busturia el coadjutor solicitó una papeleta en blanco y se le negó, ante lo cual se retiró sin votar; en Arrigorriaga la mesa abrió la papeleta de un sacerdote que iba a votar negativamente y en Valmaseda el jefe local obligó a un sacerdote y a varios nacionalistas que le acompañaban a abandonar las inmediaciones de los colegios electorales y recluirse en sus casas.

Como era de esperar a la luz de lo expuesto el sí resultó abrumador. Casi un diez por ciento de los votantes barakaldeses votó no a pesar de todas las irregularidades y presiones. El acta oficial de Barakaldo no garantiza la correspondencia de los resultados consignados con el voto realmente emitido. Su falsificación es más que probable.

5.3.- Los cincuenta: la institucionalización del poder local.

Las elecciones municipales de 1948 cerraron la primera etapa del poder local bajo el franquismo. Con su aplicación el régimen avanzaba en su institucionalización iniciada con la creación de las Cortes en 1942 y ratificada por la Ley de Sucesión de 1947. Con ello, el franquismo pretendía lavar su imagen de dictadura de hecho, para convertirse en un sistema de derecho corporativo. Los innumerables filtros que la democracia orgánica aplicaba a la expresión de la voluntad popular le alejaban notablemente de cualquier concepción democrática del Estado, pero no impedía teóricamente un cierto tipo de representatividad, concretamente aquélla que muchos sectores conservadores y especialmente católicos venían reclamando desde finales del siglo XIX y más aún desde los años treinta. Frente a los temores de una restauración democrática, el nuevo sistema podría haber abierto un amplio juego para la representación de los intereses conservadores e, incluso, la vía para una evolución del régimen. Sin embargo, esto no fue así, pues toda la operación era básicamente cosmética. El régimen no estuvo dispuesto a dotarse de reglas, ni siquiera en su versión más restrictiva, que permitieran una cierta representatividad. Por el contario, el franquismo nunca renunció a ser una dictadura de hecho, cuyo motor evolutivo se encontraba en situaciones y equilibrios de hecho bastante alejadas de todo el andamiaje institucional.

Ni siquiera en el modesto ámbito local permitió el régimen un cierto juego representativo. Todo el sistema de elección estaba diseñado para evitar una pérdida de control y permitía la intervención directa de las autoridades. Sólo las elecciones al tercio familiar abrían un resquicio a la representatividad, pero era meramente teórico, pues las autoridades se reservaban el filtrado de los candidatos y conferían pocas garantías al proceso electoral. Más controlada estaba todavía la elección del tercio sindical, en dos grados, y más aún el corporativo que añadía el filtro de los concejales no renovados. En realidad, esta última elección tenía la apariencia de un mecanismo para acabar de amañar  la elección en caso de que algo hubiera fallado en las dos anteriores.

Sin embargo, el nuevo sistema cerraba una etapa del poder local. Hasta el momento la composición del ayuntamiento había sido una cuestión de nombramiento directo desde las instancias superiores que había dado lugar a fuertes tensiones. A partir de 1948 el régimen ofrecía unos mecanismos reglados de selección del personal local. Que estos mecanismos estuvieran continuamente interceptados por el gobernador y el alcalde no significaba que no supusieran un cambio cualitativo frente al nombramiento directo del periodo anterior.

En Barakaldo inauguraron un cierto juego político basado en la competencia que ofrecía mecanismos de selección del personal político relativamente independientes de la voluntad del jefe local y alcalde. Seguramente, ésta fue la consecuencia más trascendente del nuevo sistema a escala local. Ya no era posible el enquistamiento de grupos de afinidad, políticos o de intereses en las instituciones locales. El debate sobre si el viejo caciquismo siguió actuando o no bajo el franquismo debe partir de la premisa de este cambio trascendental.

Paradójicamente, lejos de aportar representatividad, el nuevo sistema ampliaba el poder de las instancias centrales del Estado sobre las élites locales. A pesar de su inmenso poder en los años cuarenta, los gobernadores civiles habían tenido que negociar con los grupos locales la composición del ayuntamiento aunque sólo fuera porque eran esos grupos los que filtraban su percepción de la realidad local. A partir de 1948, el gobernador ya no tenía que intervenir en los ceses y nombramientos, ni entrar en el juego de presiones que implicaban; éstos se producían cada seis años por ley. Sólo el alcalde estaba al margen de esta renovación. Ciertamente, tenía todavía más poder que antes, puesto que ahora era él de hecho quien seleccionaba al personal, pero era mucho más dependiente del poder central que le nombraba y destituía. Evidentemente, podía seguir seleccionando el personal en función de sus intereses de bando, políticos o económicos; pero no lo podía mantener. Ello obligaba al alcalde a buscar continuamente reequilibrios que le fueran favorables o simplemente a renunciar a contar con un grupo permanente de fieles como había ocurrido en el periodo anterior. Y es que el régimen franquista no estaba dispuesto a que la acción central fuese continuamente filtrada por bandos y élites locales, una novedad que le diferenciaba radicalmente del pretendido centralismo de la Restauración.

Las primeras elecciones municipales

En Barakaldo existía un grupo amplio de simpatizantes de la ultraderecha sobre la que era posible poner en funcionamiento los nuevos mecanismos de selección. En 1948 se proclamaron quince candidatos para las cinco vacantes del tercio familiar. Nueve de ellos aparecen calificados de carlistas, uno de falangista y otro genéricamente de derechas; de cuatro no se tienen datos. La hegemonía carlista entre los candidatos queda confirmada por los datos de preguerra: ocho de ellos, incluido el secretario local de FET-JONS que los informes calificaban de falangista, aparecen en el listado de socios de la Sociedad Tradicionalista de 1933 o en sus juntas.

Entre los candidatos destacaban dos figuras. Leopoldo Castro, carlista y muy activo en el asociacionismo católico, había sido segundo teniente de alcalde en 1937 y primero desde 1938 hasta 1944, fecha en que dimitió. Los informes lo definían como un partidario de Fal Conde en cuya obediencia no se podía confiar. Silverio Jaúregui era el secretario de FET-JONS y concejal desde 1937 y, a pesar de su antigua militancia carlista, ejercía de camisa vieja como ya se apuntó. Ambos obtuvieron las votaciones más altas.

Sin embargo, la ortodoxia política de los candidatos no supuso que se permitiera que el cuerpo electoral decidiera entre ellos, pues las elecciones no fueron limpias. En las actas de escrutinio constan multitud de irregularidades entre las que destaca el pucherazo de Retuerto. Las actas de las secciones cuarta y quinta de San Vicente – Retuerto desaparecieron y fueron entregadas fuera de plazo por uno de los candidatos, Ismael Vitoria. La falsificación de las actas, además, no podía ser más burda. Estas secciones eran las únicas de Barakaldo en las que sólo cinco de los candidatos obtenían votos. Se otorgó unas decenas de votos a Castro y Jaúregui, que iban en cabeza en todas las secciones, y 200 y 260 en cada sección a tres candidatos que gracias a ello se aseguraron la elección: el propio Vitoria y dos carlistas más. El resto de los candidatos se quedó con cero votos. Las protestas muestran que tras la maniobra de Vitoria estaban el propietario carlista Vicente Bardeci, teniente de alcalde desde 1937, y el abogado David de Santurtún, presidente de la Juventud Vasca en 1920 y de la Junta Municipal nacionalista en 1921, pero con buenas relaciones con las nuevas autoridades y que formaba parte de la sociedad de Caza y Pesca que, como se vio, agrupaba a miembros de dos familias nacionalistas cercanas al régimen.

Tanto si la falsificación fue orden de Llaneza como si fue la acción autónoma de un grupo de fuerzas vivas de Retuerto, la cuestión es que el nuevo sistema inauguraba una competencia entre los fieles al régimen. Resulta significativo que también Castro hiciera constar su protesta por la irregularidad y que, finalmente, incluso Jaúregui, el secretario local del partido, se viera obligado a hacerlo.

También en el tercio sindical hubo competencia. Los compromisarios fueron unánimes en su voto a Lorenzo Lahuerta, un prototípico representante de la derecha católica que había constituido Acción Popular, de la que fue vicepresidente, pero para el resto de los ocho candidatos el voto se dispersaba. En los últimos puestos quedaron el falangista Rodrigo Alvarez, concejal desde 1937, y el primer teniente de alcalde Bardeci.

La perturbación introducida por el nuevo sistema hubo de ser compensada en el tercio corporativo donde se consiguió la proclamación de Daniel Vilar, derrotado en el tercio familiar, y del propio Bardeci, que aún así resultó el menos votado.

Frente al monopolio del poder local por parte del grupo de carlistas nombrado en 1937 bajo el liderazgo de Llaneza, el nuevo sistema instauraba una competencia limitada básicamente a los carlistas, pero no por ello menos real.

La renovación del personal político

Las elecciones de 1948 supusieron una renovación importante del personal político local. En Barakaldo el personal político del ayuntamiento se mostró mucho más resistente a entrar en esta rueda de renovación permanente. En el momento de las elecciones, la mitad del consistorio llevaba en sus cargos desde 1937, es decir, 11 años. Este grupo continuó constituyendo un cuarto del consistorio en 1949 y 1952, lo que significa que en el momento de su cese llevaba en el ayuntamiento nada menos que 18 años. Todavía en 1955 sobrevivía un concejal de este grupo.

Durante casi dos décadas Llaneza se resistió a prescindir de sus colaboradores del primer momento. La extinción de este grupo no implicó que el veterano alcalde estuviera dispuesto a someterse a la rotación que pretendían las autoridades. La renovación de 1949 introdujo un nuevo grupo de concejales que tomó el relevo y se mostró también bastante reticente a desaparecer. En 1955, fecha en que teóricamente debían haber cesado, constituían el 20% de la corporación, y uno de ellos llegó hasta la corporación de 1961. Llaneza parecía haber encontrado en los nuevos concejales de 1949 su segunda remesa de colaboradores de confianza. Por contraste, los concejales de 1946, que se habían nombrado para cubrir las bajas del grupo inicial, no tuvieron  ninguna trascendencia.

Esta continuidad de dos grupos básicos durante el mandato de Llaneza se aprecia con mayor claridad si se atiende a la renovación de los tenientes de alcalde.

La renovación de 1946 no afectó al equipo de gobierno y este grupo continuó acaparando la mitad de las tenencias de alcaldía hasta 1955. En esta fecha, todavía Vicente Bardeci, propietario carlista de Retuerto, se mantenía en la primera tenencia de alcaldía, cargo que ocupaba desde 1949.

En la década de los cincuenta fueron hombres nombrados en 1949 los que se convirtieron en depositarios de la confianza de Llaneza. Uno de ellos se mantenía todavía en el equipo de gobierno 1961.

Un análisis de la composición de los equipos de gobierno de Llaneza revela la importancia de cuatro hombres; dos nombrados en 1937 y dos en 1949. Muestra además que Llaneza mantenía el escalafón de antigüedad y que la promoción hacia los primero puestos de confianza era paulatina. Del primer grupo, además del mencionado Bardeci, destaca el maestro carlista Ireneo Diez, dirigente de los sindicatos libres en Vizcaya. El relevo de Bardeci fue el joven abogado Luís Ingunza. Con sólo 27 años cuando entró en el ayuntamiento, Ingunza era claramente un hombre del aparato del Movimiento, concretamente de los sindicatos para los que trabajaba. En 1948 era el Delegado Comarcal de la CNS y no se le conoce militancia previa a la guerra, aunque algunos informes le atribuían simpatías por el tradicionalismo. En 1955 Ingunza era ya segundo  teniente de alcalde y a partir de 1958 el primero. Su carrera culminó, como se verá, en la alcaldía tras la retirada de Llaneza. Antonio Fernández, en ascenso permanente en el equipo hasta 1958, era un empleado de Altos Hornos de filiación tradicionalista, aunque no se tiene constancia de su actividad política anterior a la guerra. Había sido uno de los beneficiados por el pucherazo de Retuerto en 1948.

El nuevo personal político

Si bien, como se ha venido exponiendo, las elecciones de 1948 abrieron una nueva etapa en cuanto a la permanencia del personal político, los nuevos mecanismos de selección no afectaron al modelo de funcionamiento político en ninguna de las dos localidades.

En Barakaldo, el carlismo mantuvo la hegemonía que venía ostentando desde 1937. Las elecciones de 1948 supusieron incluso un reforzamiento de su presencia. Durante todos los cincuenta y los primeros años de los sesenta, el carlismo de preguerra proveyó en torno al 50% del personal político barakaldés. Todavía en 1964, es decir, 27 años después de acabada la guerra, suponía casi el 20% del consistorio Su declive en esta fecha y su práctica desaparición posterior coincidía con la salida de Llaneza. En contraste con esta permanencia carlista, la derecha no tradicionalista de preguerra fue perdiendo posiciones a los largo de la década de los cincuenta hasta su desaparición en 1961. Los falangistas, por su parte, mantuvieron constante su participación cercana al 20% en el consistorio, aunque este grupo precisa de algunas puntualizaciones. En realidad, se trata de un grupo definido por exclusión, ya que se considera falangista a todo aquel militante FET-JONS no carlista o del que no se tienen datos de otra actividad política de preguerra. Falangistas de preguerra sólo se tiene constancia de dos: el excombatiente Vicente Valcabado, medalla de la vieja guardia, concejal de 1945 a 1949 y de 1955 a 1961, aunque sobrino de carlista, y Silverio Jaúregui, secretario del partido durante los cuarenta y parte de los cincuenta, que, sin embargo, tenía un pasado tradicionalista.

La gestión municipal

La tarea de Llaneza al frente del consistorio barakaldés fue bastante complicada. Aunque fue procurador en Cortes en los años cuarenta y se valió del barakaldés Iturmendi Bañales, director general de Administración Local, subsecretario de la Gobernación y posteriormente ministro de Justicia, para tener una vía de acceso al lejano Estado franquista, Llaneza nunca ejerció de puente entre las fuerzas vivas locales y el Estado. Las grandes empresas de la localidad no necesitaban de sus gestiones, ya que tenían canales mucho más fluídos de relación que el alcalde y jefe local.

Por otro lado, los problemas de gestión a los que había de enfrentarse la corporación presidida por Llaneza eran serios. En Barakaldo había que dar respuesta a los problemas planteados por una avalancha migratoria que prácticamente dobló la población en la década de los cincuenta. En los treinta la población había crecido en torno a un 6% y en los cuarenta había superado el 10%. En los años cincuenta se dispara en Barakaldo situándose por encima del 80%. Esto supone que en diez años Barakaldo casi dobló su población. En 1960 hacía tiempo que Barakaldo habiá duplicado su población con respecto a 1940. En 1970 la triplica. La causa radica en la buena marcha de la siderurgia vizcaína bajo la autarquía.

Las limitaciones impuestas por la política económica del primer franquismo y las graves dificultades que atravesaba la economía española son ampliamente conocidas, pero no por ello dejaba de reservar el mercado español para la siderurgia vizcaína. La reactivación de los cincuenta, por limitada que fuera, tuvo efectos multiplicadores en las industrias barakaldeses y de la margen izquierda en general. Esta situación, unida a las precarias condiciones de vida  de sus lugares de origen, atraía anualmente a miles inmigrantes de Castilla, Galicia y Extremadura. Unas 27.000 personas, el equivalente a tres cuartas partes de la población de 1950, llegaron a Barakaldo entre esta fecha y 1960.

Esta avalancha humana desbordaba a las autoridades locales y todavía más a la mentalidad de Llaneza. Ya se señaló como en 1940 Llaneza contemplaba el fenómeno migratorio como la deserción de su lugar patriótico de unos campesinos “halagados por dejar su pueblo y faenas del campo” y reclamaba medidas para regular su llegada. En 1957 se dirigía al ministro de Gobernación para reclamar medidas que regulasen “estos desplazamientos en masa, continuos y un tanto alegremente y por tanto poco meditados” y evitase que los recién llegados “se compliquen y nos compliquen la vida en un peregrinar en demanda de trabajo y vivienda”. Se quejaba el alcalde de que “de un tiempo a esta parte la afluencia enorme e incesante de familias enteras desplazadas con este fin sin tener previamente resuelto el problema aludido de alojamiento, sino también el mismo de trabajo a que aspiran” planteaba multitud de problemas entre los que, consciente de a quien se dirigía, destacaba el de control político: “al no disponer más que con medios muy limitados de policía de seguridad y vigilancia y no poder controlar debidamente las filiaciones políticas de nuestros vecinos, poder constituir un grave peligro en caso de una alteración del orden público”

Como en 1940, las peticiones de Llaneza no fueron atendidas. Sólo obtuvo repuesta del director general de Trabajo que establecía que “dicho movimiento migratorio no plantea una situación de paro, ya que la demanda de mano es claramente superior a la demanda de colocación” y se desentendía del resto de los problemas planteados por Llaneza: “En cuanto a otros problemas que se plantearon como son la escasez de viviendas de índole sanitaria y moral, etc tampoco podemos entrar en ellos por no ser de la competencia de este Ministerio”.

No cabía esperar, pues, que el Estado limitara las corrientes migratorias y evitara al ayuntamiento tener que enfrentarse a los problemas que el crecimiento vertiginoso de la población planteaba, máxime cuando actuaban sobre una localidad tradicionalmente mal dotada de infraestructuras. En este sentido, ya en los primeros cuarenta la gestión de Llaneza se había dirigido a la construcción de infraestructuras como el edificio de Correos y la escuela de formación profesional. En 1954 el ayuntamiento había realizado inversiones por valor de 35 millones de pesetas y esta inversión se disparó en el resto de la década. En 1962 el ayuntamiento había invertido 233 millones en obras municipales.

El 60% de la inversión municipal se había dirigido a la construcción de viviendas que era el problema más acuciante. En 1962 el ayuntamiento había construido 2.358 nuevas viviendas. Pero la inversión municipal no era suficiente, pues sólo suponía una vivienda por cada 17 nuevos habitantes. A partir de 1955, las regulaciones estatales ratificaban el tradicional paternalismo social de las grandes empresas barakaldesas obligando a la construcción de viviendas en función de su plantilla. En 1962 Euskalduna había construido en Barakaldo 700 viviendas, Altos Hornos 507 y la Sefanitro 120. Pero ni siquiera estas intervenciones empresariales satisfacían las necesidades. Estas eran de tal magnitud que incluso de las asociaciones locales partieron  iniciativas de construcción Así, el Centro Gallego construyó 320 viviendas, el Círculo Burgalés 110 y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos 194.

Un sólo dato ilustra el crecimiento desmesurado de Barakaldo en estos años: entre 1937 y 1962 se construyeron el doble de las viviendas existentes al acabar la guerra. Así, el ayuntamiento podía presumir de que el número de personas por viviendas en la localidad había descendido de los 5,42 de 1937 a los 3,93 de1962, “a pesar de cuantas miserias se escriben sobre las condiciones lamentables en que viene muchos vecinos de Baracaldo”.

Mas la vivienda no era la única necesidad que la inmigración planteaba. Para atender a la demanda educativa se construyeron tres nuevos grupos escolares en Larrea, Alonsótegui y Luchana, además de la Escuela de Maestría. Sin embargo, esta inversión era insuficiente. Sólo el 43% de la matrícula de primaria correspondía a las escuelas públicas. El resto se dividía entre las escuelas de Altos Hornos con un 11,9% y los diferentes centros privados que captaban el 43% de la matrícula. Las escuelas religiosas que venían a cubrir las deficiencias de la inversión pública en educación se convertían en hegemónicas en la enseñanza media. No había instituto en Barakaldo y sólo en el colegio de los Padres Paúles, fundado significativamente en 1944, podían 600 alumnos estudiar bachillerato. De hecho, la insuficiencia de la inversión pública planteaba tales posibilidades de expansión a la enseñanza religiosa que en 1961 estaba previsto que comenzaran a funcionar próximamente un grupo escolar de los Padres Páules con capacidad para 1500 alumnos y otro de las Misioneras Seculares de Jesús Obrero para 600. Aún así, la media de alumnos por profesor era de 47, mientras que en 1937 había sido de 36.

Esta edad de oro de las escuelas religiosas no era fruto de las limitaciones presupuestarias que impedían el desarrollo de la escuela pública, sino de un orden de prioridades. Y en el de Llaneza la Iglesia ocupaba el primer lugar. Que la prestación de servicios religiosos a la población era más importante que la de servicios educativos queda ilustrado por el gasto municipal en templos. Hasta 1962, el ayuntamiento había invertido 14 millones en cuatro iglesias y el convento y escuelas de las Hijas de la Cruz. Era el doble de lo que habían costado los tres nuevos grupos escolares. Si se cuenta la escuela de maestría, el ayuntamiento había gastado lo mismo en templos que en infraestructuras educativas. Incluso el Círculo Cultural Recreativo había costado tanto como las escuelas.

Toda esta inversión había multiplicado los presupuestos municipales. Sin embargo, todos ellos se cerraron con superávit. Llaneza no se dejaba desbordar por las nuevas necesidades y hacía gala del realismo: “de lo que nunca se nos podrá acusar es de no haber realizado, al redactar cada presupuesto, un detenido y concienzudo estudio de las posibilidades económicas reales con que podíamos contar”.

A pesar de las importantes inversiones realizadas a lo largo de los cincuenta, las necesidades que el crecimiento de la población planteaba estaban lejos de cubrirse. Se necesitaban más viviendas, la mayoría de las calles estaban sin urbanizar y existían serios problemas con el suministro de agua. Todas estas deficiencias no harían más que agravarse cuando alcaldes menos paternalistas que Llaneza tomaran el mando en los años sesenta.

Los desafíos.

En Barakaldo, Llaneza tenía pocas dificultades para mantener su dominio. El nacionalismo vasco era un proyecto abiertamente político. La cuestión cultural nunca había alcanzado la dimensión política que tenía en Cataluña y el vasquismo no era exclusivo de los nacionalistas. También los carlistas actuaban en ese terreno. De hecho, el propio Llaneza hacía uso de hilanderas y espatadantzaris en cada acto público sin que tales manifestaciones supusieran tensión alguna con su acendrado españolismo. Por otro lado, y precisamente por ello, el arraigo a la tradición y los valores culturales particulares no había cimentado un compromiso de la Iglesia vasca con el nacionalismo vasco similar al de la Iglesia catalana con el catalanismo, en la versión que fuera. El carlismo seguía siendo un puente entre vasquismo, tradicionalismo y españolismo. Tampoco las fuerzas vivas locales y los grupos burgueses en general habían establecido un lazo con el nacionalismo vasco.

Finalmente, el nacionalismo se había aliado explícitamente con el bando republicano, lo que permitía proscribirlo sin dificultad. Todo ello hacía que la ruptura con las tradiciones de preguerra fuese radical  y que Llaneza pudiera mantener un estricto control sobre la sociabilidad local que condenaba al entorno nacionalista prácticamente a las redes de conocimiento personal. Los nacionalistas barakaldeses no habían creado sociedades al margen de los batzokis en las que pudieran encontrarse después de la guerra en función de intereses sociales o culturales. En Barakaldo la presencia de sociedades meramente recreativas o culturales no alineadas políticamente había sido mínima. Una  vez clausurados los batzokis y la Casa del Pueblo, prácticamente no quedaba espacio para la actuación de las sensibilidades políticas y culturales de preguerra.

El Círculo Cultural Recreativo, fundado en 1957, no dejaba de ser una creación oficial, que albergaba básicamente al nuevo personal político crecido al amparo de las organizaciones del Movimiento. No en vano Llaneza invirtió casi seis millones de pesetas en su creación. Su disolución para convertir el edificio en equipamientos culturales era una de las medidas con que el tardo-franquismo intentaba congraciarse con la ciudadanía movilizada en 1974.

A pesar de este férreo control sobre la sociabilidad local, a lo largo de los cincuenta ésta comenzó a renacer bajo diferentes fórmulas. Una de ellas era la del asociacionismo deportivo, básicamente equipos de futbol. En 1962 existían cinco clubs de futbol, aparte del Baracaldo Altos Hornos. Pero la respuesta más espectacular al páramo societario de los años cuarenta eran los centros regionales. Estos centros no eran una novedad en Barakaldo, donde la inmigración era un fenómeno tradicional. El Centro Gallego se había fundado en 1901, la Colonia Burgalesa en 1905 y el Centro Asturiano en 1906. En 1928 existían también el Centro Montañés y el Centro Leonés, además de tres asociaciones de burgaleses. A finales de los cincuenta la lista de completó con nueve centros regionales nuevos, elevándose a un total de 13 los existentes en la localidad.

Estas sociedades respondían a las necesidades de los recién llegados. En los años veinte los centros más veteranos aparecían como sociedades de socorros mutuos y, en realidad, eso era lo que hacían las nuevas casas regionales: ofrecían refugio frente al desarraigo y sobre todo redes de apoyo y solidaridad para la inserción en la sociedad barakaldesa de sus afiliados. Ya se indicó que los más veteranos, como el Gallego y el Burgalés, llegaron a edificar viviendas para sus socios. Sin embargo, esta red de centros regionales ofrecía unas potencialidades que el régimen aprovecharía crecientemente en la década siguiente. Las autoridades locales siempre mantuvieron buenas relaciones con estas casas regionales que subrayaban el “crisol nacional” o “España en miniatura”, como gustaba denominarlo el régimen, en que se había convertido Barakaldo y este componente sería explotado posteriormente en el alarde nacional, festival folklórico que reafirmaba la identidad española frente al renacer de los grupos vasquistas. Pero además  de esta proyección simbólica, los centros regionales acabaron configurándose en el tardofranquismo como uno de los ámbitos de extracción del personal político local.

Evidentemente quedaba un tercer ámbito de sociabilidad además del deportivo y el regional: el religioso amparado por la Iglesia católica. Como se señaló, la Iglesia local y las asociaciones religiosas locales se habían entregado con entusiasmo en los cuarenta al nacional-catolicismo. Y no era de extrañar, pues carlistas y hombres de la derecha no nacionalista habían tenido mucho más protagonismo en las asociaciones católicas que los nacionalistas. La sustitución al frente de la tradicional parroquia de San Vicente de Pablo de Guezala por José María de Baena, euskaldún de Bermeo y antiguo capellán de gudaris, empezó a cambiar las cosas. La Schola Cantorum, fundada en 1940, ofreció espacios de sociabilidad al mundo nacionalista. Llaneza intentó fundir esta sociedad con el Orfeón barakaldés, pero la Schola se resistió, lo que le valió la marginación de las ayudas oficiales. También en San Vicente se fundó en 1949 el Grupo de Danzas Laguntzaguna y siguiendo su estela el grupo Amaya en Luchana en 1955. Los intentos de Llaneza de fusión y la marginación de estas sociedades de las ayudas oficiales apunta a que también en Barakaldo la cultura tradicional suponía un desafío para el poder establecido. Pero estas manifestaciones no estaban tan politizadas en un sentido nacionalista. En ellas participaban personas procedentes de otras tradiciones políticas. El nacionalismo vasco siempre había sido discurso un abiertamente político en el que las cuestiones culturales no tenían la trascendencia política que tenían para el catalanismo. De las conversaciones con nacionalistas se desprende más bien la sensación de que tanto en la Dictadura de Primo como en el franquismo este tipo de sociedades suponían actuaciones de los nacionalistas, pero no actuaciones nacionalistas. Esta sutil diferencia cualitativa se percibe incluso en los dirigentes nacionalistas que señalan la importancia de estas sociedades como continuadoras de una tradición en un contexto hostil, pero que están lejos de otorgarles el carácter resistencial. Las contemplan más bien desde una perspectiva defensiva como espacios de sociabilidad arañados al régimen tras la reclusión en la privacidad que se había impuesto tras la guerra, no como plataformas de actuación nacionalistas. En este sentido, la recuperación de la sociabilidad nacionalista no requería necesariamente de asociaciones vinculadas a la temática vasca. En un barrio de arraigo nacionalista como San Vicente bastaba la creación de nuevas sociedades como el club de futbol Arbuyo o el Club Elejalde en 1961 para que los nacionalistas pudieran volver a establecer redes de sociabilidad más allá del ámbito de las redes familiares o de amistad.

Fuera del casco, las comisiones de fiestas ligadas a las parroquias constituyeron también espacios de sociabilidad autónomos. De nuevo, más que en el mantenimiento de tradiciones como romerías o danzas, la trascendencia de estas comisiones radicaba en la posibilidad que ofrecían a la gente de los barrios de participar en la vida pública al margen del estrecho mundo societario impuesto por el régimen. A pesar de la vinculación a la Iglesia, ofrecían espacios donde interactuar y eso en el Barakaldo de Llaneza ya era mucho.

Pero no iban a ser los grupos amparados por la Iglesia los protagonistas de los primeros desafíos al nacional-catolicismo de Llaneza.  Fueron los sacerdotes los que plantearon abiertamente los desafíos. En 1959, el coadjutor de Cruces había protestado porque se tocara el himno nacional durante la Misa Mayor de las Fiestas de Burceña. En 1961 el mismo sacerdote increpó a la banda musical y se enfrentó a la corporación por el mismo motivo en Retuerto. Que un sacerdote atacara la síntesis nacional-católica encarnada en la misa con la corporación y el himno era un desafío abierto, pero que además se atreviera a increpar a la corporación era poco menos que inconcebible para Llaneza que inmediatamente puso los sucesos en conocimiento del gobernador civil. Pero el rechazo al himno y a la misma corporación no fue un hecho aislado. Un mes después los incidentes se repetían con motivo de las fiestas de Burceña. Al no haber recibido invitación para la Misa Mayor, Llaneza envió al Oficial Mayor a hablar con el párroco para subsanar el olvido, pero Javier Echevarren le contestó que “ni la ha enviado ni la enviaría”, como tampoco lo hacía la parroquia de Cruces. Poco después llegaba al ayuntamiento la noticia de que la misa se había adelantado media hora sobre el programa oficial aprobado por la autoridad local. A pesar de que no había sido invitada y de que era evidente que se pretendía que no estuviera presente, la corporación se presentó en la misa, donde nadie la recibió. Echevarren inició su sermón sin mención alguna a las jerarquías de la Iglesia ni a las autoridades con un sencillo “queridos hijos de Burceña”. Además, prohibió que se tocara el himno nacional y cerró las puertas para que no se oyese desde el exterior, interrumpiendo la consagración. Finalmente, cuando Llaneza acudió a despedirse del párroco, éste se negó a darle la mano pues “no le había dejado dar la misa a gusto”. Los sucesos eran un ataque en toda regla contra la línea de flotación del nacional-catolicismo y su identificación entre religión y franquismo. Y así lo lamentaba Llaneza, que en la correspondiente denuncia ante el gobernador civil, concluía que “estos hechos no responden a la debida conducta para las Autoridades que rigen los designios de la Patria, ni para los ideales por los que tanta sangre se ha vertido”.

La caída de Llaneza

Poco después de publicitar los avances conseguidos en los 25 años bajo el signo de Franco, Llaneza abandonaba el cargo. A principios de 1963 fue nombrado gobernador civil de Álava. Tras haber conseguido la rotación del personal político local a través del sistema de las elecciones municipales, el régimen parecía abordar la renovación de estos alcaldes sempiternos. Su fidelidad no estaba en duda y los servicios prestados como representantes del régimen en la localidad así lo demostraban. Sin embargo, esa delegación de poder en una misma persona durante tantos años amenazaba con convertirse en un obstáculo para las pretensiones de dominio absoluto del propio régimen. Este era el caso de Llaneza que llegó a considerarse más representante de los intereses de la localidad que de Altos Hornos. Ante el conflicto el régimen se decantó a favor de la empresa.

En 1962 Altos Hornos solicitaba al ayuntamiento permiso para construir trenes de laminación de bandas en caliente y frío en la Vega de Ansio. Esta pretensión chocaba con los planes de futuro del ayuntamiento que había intentado planificar el desarrollo urbanístico de la localidad en el Plan General de 1956. La pretensión de Altos Hornos superaba con mucho la capacidad industrial prevista para la zona, requería la recalificación de los terrenos y, en definitiva, atentaba contra una de las líneas básicas del Plan. Así lo hacía constar en octubre el arquitecto municipal en su informe, sin duda sin ser desalentado por Llaneza. Más rotundo era un segundo informe de noviembre firmado junto al ingeniero municipal. Recordaban los técnicos municipales que según el Plan de 1956 “la Vega de Ansio constituye el núcleo esperanzador del nuevo Baracaldo, en condiciones óptimas en cuanto a soleamiento y protección de vientos dominantes y con posibilidad de crear una moderna ciudad de tipo abierto, provista de los suficientes espacios verdes y de mas comunicaciones amplias y lógicas, de que se carece en el actual núcleo urbano”, y tras enumerar los perjuicios que acarrearía la aceptación del proyecto de Altos Hornos concluían: “por otra parte, vemos que ninguna ventaja reportaría la transformación solicitada a Baracaldo, ni siquiera de tipo recaudatorio, dada la categoría de la industria”. El 7 de noviembre la Comisión Municipal Permanente ratificaba el permiso para las instalaciones de laminado en frío, pero se negaba a permitir la instalación del tren de laminado en caliente, ya que “ello supondría ir en contra del plan de ordenación urbana de Baracaldo aprobado por los organismos competentes (…) sin interposición de reclamaciones en su periodo de exposición ni por particulares ni empresas, con un plazo de vigencia no transcurrido y que no cataloga como zona industrial la de la Vega de Ansio”.

Altos Hornos presentó un recurso de reposición, pero disponía de mecanismos más efectivos para hacer rectificar al ayuntamiento. A principios de marzo de 1963 Llaneza era nombrado gobernador civil de Álava. El primer teniente de alcalde, Luis Ingunza, se hacía cargo accidentalmente de la alcaldía. Ya en octubre de 1962 Ingunza,  desde la Comisión de Fomento que presidía, había hecho poco menos que suya la argumentación de la empresa y establecía que la petición “merece su estudio con todo cariño por parte de la Corporación”. Ingunza no esperó a ser nombrado alcalde, ni siquiera a que Llaneza abandonara la localidad, para mostrar este cariño suyo a la empresa. El 13 de marzo la comisión de fomento aceptaba la propuesta de Altos Hornos y las compensaciones en terrenos que ofrecía. El día 14 de marzo, Llaneza presidió su última comisión municipal permanente y su último pleno, que ratificaron por unanimidad el acuerdo de la Comisión de Fomento. Si la corporación, incluido el mismo Llaneza, habían cambiado de opinión, no era extraño que el arquitecto municipal pasara a ver ventajas donde pocos meses antes no veía más que inconvenientes.

En el Pleno del día 14, Llaneza se despedía del ayuntamiento que había dirigido con mano férrea durante 25 años. Era una despedida amarga. Reservó las palabras de agradecimiento y cariño para los funcionarios municipales que habían esperado pacientemente que acabara la Permanente y se limitó a enumerar en el Pleno el estado de los principales asuntos municipales pendientes.

El cese hacia arriba de Llaneza cerraba un largo periodo de la historia del poder local en Barakaldo: el de los vencedores políticos de la guerra. Sin Llaneza la estrella de los carlistas locales declinó súbitamente y aparecía un nuevo personal político mucho más vinculado a las organizaciones del Movimiento y los cambios sociales y económicos que vivía la sociedad barakaldesa que a una tradición política de preguerra.

5.4.- La inercia tecnocrática

Los años sesenta se caracterizaron en el ámbito político local por la desaparición de las adscripciones de preguerra. El tiempo trascurrido desde el final de la guerra dejaba paso a un nuevo personal político formado bajo el franquismo. Pero no era sólo una cuestión de tiempo. Los profundos cambios sociales que acompañaban al desarrollismo perfilaban una sociedad en la que las viejas adscripciones políticas y de bando habían perdido parte de su sentido, máxime cuando el régimen había sustituido su agresivo discurso político de los cuarenta por la tecnocracia que elevaba el desarrollo económico al rango de ideología oficial.

El personal político del desarrollismo

En Barakaldo, la competencia entre candidatos siguió presidiendo las elecciones municipales hasta el final del franquismo. Incluso podría afirmarse que el periodo que siguió a caída de Llaneza supuso una revitalización del sistema. En 1963 eran 12 los candidatos que competían por el tercio familiar y 11 los del sindical. Igualmente la participación en algunos años indica que el sistema había conseguido despertar un cierto interés entre los barakaldeses. Que todos los candidatos fueran cuidadosamente seleccionados, no implica que el régimen consiguiera que la elección de sus preferidos.

De hecho, en ninguno de los casos en los que se ha encontrado orden de idoneidad, éste se mantuvo.

En Barakaldo hubo un cierto juego político entre los adictos al régimen que no derivó en tensiones y enfrentamientos abiertos porque ni el gobernador civil ni el alcalde forzaban la elección de sus preferidos. A partir de 1964, los hombres del carlismo de preguerra, hegemónicos en el ayuntamiento bajo el mandato de Llaneza, iniciaban un drástico y rápido declive político. En su lugar se hacían con el consistorio personas formadas en las organizaciones del Movimiento o apolíticos.

Ya en el último consistorio de Llaneza se apreciaba la relajación de sus estrictos criterios exclusivistas de la victoria política. En 1961 accedía al ayuntamiento Gervasio Fernandez Torrontegui, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, que había estado vinculado al Sindicato Agrícola de Retuerto antes de la guerra. En este sentido, era un representante típico de las fuerzas vivas de Retuerto. En realidad, Fernandez Torrontegui tomaba el relevo de Vicente Bardeci que venía siendo la vinculación con este sector desde 1937. Sin embargo, el nuevo concejal no podía esgrimir el pasado ortodoxo del carlista Bardeci, sino que había estado cercano a la Juventud Vasca de Retuerto en el periodo republicano. Igualmente, en 1964 era elegido concejal el dentista Orencio de Santurtún, miembro de una de las pocas familias nacionalistas a las que se había permitido actividad societaria en los cuarenta a través de la Sociedad de Caza y Pesca, como ya se indicó. Pero estas incorporaciones no deben entenderse como un acercamiento o una cooptación del nacionalismo vasco moderado. Eran simplemente el resultado de la relajación de la férrea intransigencia política mantenida hasta el momento. El agotamiento de esta política dejaba paso entre el personal político a una representación de diferentes sectores sociales y económicos al margen de la ortodoxia de su pasado. Muestra de este cambio era la entrada en el ayuntamiento, también en 1961, de Gustavo López Saiz en representación de la Unión Mercantil, a pesar de que su pasado familiar era republicano.

La edad del nuevo personal político ilustra este cambio en los criterios de selección. La hegemonía de los carlistas de preguerra se tradujo en el envejecimiento  progresivo desde 1937. En 1955 la media de edad del personal político barakaldés superaba los cincuenta años. La renovación del personal político de los sesenta rompió con esta tendencia y a lo largo de la década se constata un continuo proceso de rejuvenecimiento. El perfil social no se modificó sustancialmente con respecto a los cincuenta. Los sectores mesocráticos del desarrollismo se expandían a lo largo de la década y constituían, junto a los profesionales liberales, el grueso del consistorio. Sin embargo, esta evolución no suponía una apertura social del consistorio, pues no actuaba en contra de propietarios e industriales, sino en contra de la presencia obrera que Llaneza había mantenido durante los cincuenta.

Los problemas del desarrollismo.

El Plan de Estabilización tuvo un efecto ralentizador sobre el crecimiento de la población en Barakaldo. No por ello se detuvo una inmigración que se añadía ahora a unas tasas de crecimiento natural elevadas. En 1970 la población de Barakaldo se había incrementado en un 50% con respecto a 1960. La situación, por tanto, parecía menos dramática que durante el periodo de Llaneza. Sin embargo, a mediados de la década se afirmaba una nueva realidad que establecía nuevas reglas para la actuación de las autoridades locales. La sociedad de los sesenta no era ya la sociedad atemorizada y férreamente controlada del periodo anterior. El régimen, sin abandonar nunca los mecanismos represivos, buscaba el consenso a partir del desarrollo económico. Esta voluntad de ganarse a la opinión pública implicaba una cierta apertura a la crítica y un cierto margen de actuación para la prensa. Este era el sentido de la Ley de Prensa de 1966.

El ámbito local se perfilaba como una pieza clave en esta apertura. Era, de hecho, el ámbito del régimen cuya desprotección ofrecía los mayores beneficios con menores costos. Por un lado, la gestión municipal ofrecía un amplio espacio para la crítica que no tenía por qué cuestionar los principios básicos del régimen y, llegado el caso, las autoridades locales podían ser sacrificadas sin que el asunto tuviera mayor trascendencia. Por otro lado, las cuestiones que se desprotegían relativamente no eran ni mucho menos una cuestión secundaria: constituían la desastrosa realidad cotidiana más cercana a los ciudadanos. No hacía falta criticar, bastaba con poder nombrar esa realidad para poner en serios aprietos a las autoridades locales. Si a eso se añadía, como en el caso de Barakaldo, la ineptitud en la gestión y la torpeza en el trato con la prensa, el descrédito alcanzaba cotas alarmantes para el propio régimen.

Si al nuevo papel de la prensa se añade la evolución que vivía la Iglesia, y especialmente la vasca, con la aparición de sacerdotes que planteaban desafíos abiertos al régimen se obtiene un coctel letal para la alcaldía del sucesor de Llaneza, el abogado de los sindicatos verticales Luis Ingunza. El 10 de enero de 1965 J.M. Portell publicaba en La Gaceta la noticia de que un grupo de estudiantes, buscaba locales para dar clases voluntariamente a los niños del municipio sin escolarizar, siguiendo el ejemplo del coadjutor de Santa Teresa, Pedro de Solabarría, que atendía a cuarenta alumnos en un sótano. La noticia provocó que el día 22 la Junta Municipal de Enseñanza abordara la situación escolar y pusiera en marcha precipitadamente un censo escolar con el fin de evaluar las necesidades y ofrecer soluciones. La reunión dejaba claro que las autoridades locales ni sabían cuántos niños estaban sin escolarizar, ni se habían planteado encarar el problema hasta la publicación de la noticia. Su nerviosismo quedaba ilustrado por la advertencia del inspector que “llamó la atención a los asistentes sobre cierta campaña que apoyándose en una realidad de la insuficiencia de escuelas – que ningún organismo oculta – airean este tema delicado”.

Los temores del inspector no iban desencaminados. El 25 de enero, el coadjuntor de Santa Teresa, Pedro de Solabarría, planteaba el problema escolar de Barakaldo en una carta abierta publicada en la Hoja Oficial del Lunes. La carta cifraba en 2000 los niños sin escolarizar en Barakaldo y describía el reguero de despropósitos en materia educativa de las autoridades municipales. Ese mismo curso se había inaugurado el grupo escolar de Bagaza y se había nombrado a los maestros, pero no se contaba con mobiliario para comenzar las clases. 400 niños matriculados no habían comenzado el curso y los dos grados que habían comenzado el 10 de diciembre no tenían calefacción, ni electricidad, ni limpieza. Además, desde noviembre estaban sin clases los alumnos de un grado del grupo viejo que había tenido que ser cerrado por peligro de derrumbamiento. Añadía el coadjutor que el alcalde se había desentendido del proyecto de maestros voluntarios negándose a recibirles en tres ocasiones.

La reacción del gobernador civil ante la carta muestra el autoritarismo instintivo que seguía presidiendo el régimen. A pesar de que los informes policiales confirmaban el malestar entre las familias de la localidad5, cerró filas en defensa de la corporación y atacó a los denunciantes. En este sentido, dirigió un escrito al obispo de Bilbao en el que concluía que “la crítica sana y constructiva es muy respetable y hasta digna de agradecer. La crítica destructiva y disolvente, como la que se encierra en la ‘Carta abierta’ en cuestión, lo único que merece es la repulsa de todo el mundo, sobre todo cuando lo que persigue es simplemente poner en evidencia la actuación de la Autoridad”. La negativa del Obispado de Bilbao a permitir el acceso a su archivo impide evaluar si la voluntad represiva del gobernador tuvo algún efecto sobre el denunciante. Sí que es posible establecer que las autoridades centrales no pensaban sancionar ni al sacerdote, ni al periódico. Por el contrario, no sólo desprotegían a sus representantes locales, sino que además hacían recaer sobre ellos toda la responsabilidad en el asunto.

La Dirección General de Enseñanza Primaria comunicaba que era perfectamente consciente de la situación y evaluaba el déficit de aulas en 111, además de la necesidad de renovar otras 10 ya existentes. Pero añadía que en diferentes ocasiones “se ha dirigido al Ayuntamiento haciendole presente la gravedad del problema escolar” y recordaba al gobernador que el Ministerio de Educación corría con el 80% de los gastos de edificación de nuevas escuelas y que incluso existían fórmulas para financiar el exiguo 20% que debía sufragar el ayuntamiento. El Ministerio de la Gobernación, por su parte, advertía al gobernador “si el contenido de dicha carta responde en absoluto a la realidad, la actuación del Sr. Alcalde de Baracaldo ha de constituir para V.E. un motivo de seria preocupación”.

Mientras tanto, un Caballero Mutilado escribía al propio Franco denunciando la incuria del alcalde y la prensa publicaba testimonios como el de un padre al que el ayuntamiento respondía que se considera afortunado si después de cinco meses no había tenido respuesta a su solicitud de plaza escolar porque “el hijo de una señora que conozco tiene 13 años y todavía sigue esperando”. Ante la situación, el 26 de febrero el gobernador pedía el cese del alcalde al ministerio.

Sin embargo, Ingunza no fue cesado, todavía. Incluso concedía en enero del año siguiente una entrevista a Portell. Posiblemente el alcalde esperaba reparar su deteriorada imagen pública, pero la publicación de la entrevista bajo el título de “El alcalde de Baracaldo se defiende” con un listado de acusaciones en letras de molde no debió de ayudar demasiado a sus pretensiones. Y no era sólo una cuestión de tendenciosidad del periodista. Durante toda la entrevista Ingunza se batía a la defensiva ante los temas que se le planteaban. Reconocía sin pudor que se había desechado el proyecto de una importante vía de comunicación por la oposición de los propietarios afectados y, cuando Portell le planteaba el conflicto entre el interés general y el particular, contestaba que “el Ayuntamiento parte de que no es el Ayuntamiento el que hace el pueblo, sino el propio pueblo el que se hace a sí mismo”. Seguramente no sería fácil encontrar una frase que sintetizara mejor la postura de las autoridades locales franquistas ante las necesidades planteadas por el desarrollismo.

Y efectivamente, como reconocía Ingunza, Barakaldo se iba haciendo a sí mismo al margen de los planes y ordenanzas urbanísticas. Aludiendo a la tolerancia municipal ante este crecimiento anárquico, Portell volvía a criticar en mayo de 1966 al ayuntamiento y concluía con la frase “algo va mal en Baracaldo”. El instinto autoritario de la clase política se disparó automáticamente y se redactaron varias versiones de carta de protesta en la que con la descalificación de Portell se pretendía dar por cerrado el tema. Finalmente, se envió una versión de la carta firmada por los 17 concejales en la que, dolidos y ofendidos, apoyaban al alcalde y exigían explicaciones. La carta fue publicada, pero dentro de un artículo titulado “Insistimos: Algo anda mal en Baracaldo”en el que Portell daba cuenta detallada de varias irregularidades urbanísticas y de la, como mínimo, desidia de las autoridades locales. El artículo provocó que inmediatamente el gobernador requiriese al alcalde una explicación sobre los puntos denunciados.

En septiembre, el diario del Movimiento Hierro acudía en ayuda de la corporación ensalzando los logros del ayuntamiento barakaldés e informando de los proyectos del alcalde de construcción de un instituto de bachillerato, dos grupos escolares y un complejo deportivo con piscinas. Pero el esfuerzo del periodista de Hierro, a la sazón requeté de acción y excombatiente, por presentar una corporación dinámica y entusiasta “llena de moceriles brios” fracasaban cuando poco después LaGaceta del Norte se hacía eco de otra de las graves deficiencias de la localidad: el suministro de agua.

A pesar de la propaganda sobre las obras de construcción de pantanos, los cortes de agua venían siendo frecuentes desde finales de los cincuenta. El 3 de octubre La Gaceta del Norte publicaba fotos de las largas colas de mujeres y niños abasteciéndose con baldes, cubos y calderas ante las fuentes públicas instaladas al efecto y daba cuenta de que muchos vecinos llevaban más de dos meses sin agua. Añadía además vagas insinuaciones sobre desigualdades en el reparto por barrios16. Las autoridades barakaldesas habían aprendido poco de sus descalabros anteriores con Portell y cayeron en la trampa contra-atacando arrogantemente en defensa de la equidad en el suministro.

Ciertamente, la nota remitida por el ayuntamiento dejaba “suficientemente aclarado que las desigualdades en el abastecimiento de aguas de las distintas zonas de Baracaldo no suponen discriminación alguna por parte de de este Servicio”, tal como pretendía el ayudante de Obras Públicas que la firmaba17, pero dejaba más claro todavía que la situación descrita por La Gaceta era absolutamente real, que los barrios sólo disponían de cinco horas de agua en días alternos y que la única solución del ayuntamiento, de la que además parecía orgulloso, había sido instalar 18 fuentes públicas para casi 100.000 habitantes.

El tardofranquismo barakaldés mantiene importantes paralelismos con lo expuesto para Vilanova, aunque la magnitud de los problemas y la presión social dibujan una evolución política mucho menos estable.

La relajación de los criterios políticos desde principios de los sesenta en Barakaldo planteaba un interrogante sobre la continuidad del sistema de selección del personal político. La implantación carlista había permitido un cierto juego político al margen de la voluntad del jefe local sobre el que se basada todo el sistema de elecciones municipales.

Desde mediados de los sesenta, el franquismo barakaldés empezó a abrirse al nuevo mundo societario que se había desarrollando. La Cámara de Propiedad Urbana, la Unión Mercantil, la Escuela de Maestría, el Orfeón Barakaldés, el Centro Cultural Recreativo y, en menor medida, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos y el FC Baracaldo se erigieron en los centros de extracción del personal político del tardofranquismo, junto a los sindicatos y las organizaciones del partido. Esas entidades aseguraron el funcionamiento del tercio corporativo, pero la imbricación del mundo societario en el sistema electoral no se redujo a este ámbito. Las sociedades locales empezaron a suministrar desde mediados de los sesenta el personal necesario para que el sistema de las elecciones por cabezas de familia siguiera funcionando. En este ámbito, la novedad más destacada del tardofranquismo fue la aparición de candidatos vinculados a la red de centros regionales.

Ya en 1961 formaba parte del ayuntamiento un concejal que en 1966 sería presidente honorario de Centro Cultural Manchego. Entre los candidatos al tercio familiar de 1963 figuraban un miembro de la comisión organizadora del Centro Cultural Manchego en 1959 y el vocal de viviendas del Círculo Burgalés de 1965. Este candidato consiguió ser elegido en 1966 junto al que sería presidente del Casa Palentina; en 1970 lo era el que sería presidente honorario en 1979 del Centro Salmantino. También en 1970 era candidato el relaciones públicas del Centro Gallego y en 1973 el secretario y ex-presidente del Centro Zamorano y el presidente del Centro Segoviano y presidente de la coordinadora de centros regionales. También en 1973 los centros regionales participaban por el tercio de entidades, por el que consiguió su reelección el presidente del Casa Palentina y por el que fue candidato el secretario del Círculo Burgalés.

Desde luego, los centros regionales no eran las únicas sociedades locales que participaban en las elecciones locales. Hubo también candidatos de las nuevas sociedades como la Schola Cantorum, la Asociación de Familias de Arteagabeitia o la Sociedad Cultural Recreativa de Luchana, que a la vez era directivo del Círculo Burgalés. Sin embargo, la vinculación entre centros regionales como el Burgalés y Palentino y la clase política del tardofranquismo fue estrecha. Sus presidentes fueron tenientes de alcalde en los dos últimos consistorios y consejeros locales en los 70. Los centros regionales se perfilaban, pues, como una vía de renovación del consenso franquista o, como mínimo, como una cantera de nuevos dirigentes. Superaba así el tardofranquismo local las limitaciones de penetración social del partido y sus organizaciones y de los núcleos de sociabilidad de la clase política local como el Círculo Cultural Recreativo o el Orfeón Barakaldés. Cuestión aparte sería establecer si este carácter de plataforma política local de los centros regionales respondía a la identificación con el régimen de los sectores sociales que agrupaban o, más bien, a una

pragmática voluntad de protegerse tras personas bien relacionadas con el poder político local, como parece indicar la presencia de presidentes honorarios entre este personal ligado a los centros.

La continuidad de los mecanismos de selección no solventó, sin embargo, la cuestión del liderazgo local. Tras el cese de Ingunza, el primer teniente de alcalde, Nicolás Larburu, director de la Escuela de Maestría, se hizo cargo accidentalmente de la alcaldía hasta enero de 1968 en que se tomó posesión Luis Díez Marín. El nuevo alcalde era jefe de distribución de la margen izquierda de Iberduero y formaba parte de ese grupo de directivos de empresas importantes que iban tomando protagonismo en los años finales del régimen. Había sido concejal de 1955 a 1962, pero no acababa ahí su vinculación con el ayuntamiento. Era hijo del maestro carlista y dirigente de los sindicatos libres, Iríneo Diez Arroyo, nombrado concejal en 1937 y teniente de alcalde desde 1938 hasta la entrada de su hijo en 1955. Se adscribía, por tanto, a la tradición carlista que había inspirado el mandato de Llaneza. El mandato se Díez Marín apenas alcanzó los 20 meses y tras su rápida destitución, como tras la de Llaneza, se vislumbra

la larga mano de Altos Hornos.

En 1969, las renovadas pretensiones de Altos Hornos sobre la Vega de Ansio, con las consecuentes modificaciones del Plan de Ordenación Urbana, merecieron el informe negativo de una comisión técnica convocada por el alcalde para estudiar la petición. Marín, que presidía una corporación en cuya composición no había colaborado, no supo o no quiso imponer la férrea disciplina de unanimidades que caracterizó la corporación antes y después de su breve paso por la alcaldía. De hecho, el mismo primer teniente de alcalde y alcalde accidental Larburu había presentado una impugnación al Plan favorable a las pretensiones de Altos Hornos. El Pleno que había de decidir la cuestión levantó expectación y parte del público tuvo que seguir los debates desde el vestíbulo ante la insuficiencia del local. Se decidió que la votación sería secreta y el alcalde abrió un turno de intervenciones en la que partidarios y detractores defendieron sus posturas “llegándose en algunos casos a posturas estridentes”, según la crónica de Portell. La propuesta de Altos Hornos fue desestimada por doce votos contra seis. También se negó la corporación presidida por Diez Marín a autorizar el plan de Altos Hornos de sustituir el tradicional colegio de su propiedad por viviendas y un supermercado.

En septiembre de 1970, apenas 20 meses después de su nombramiento, Diez Marín era cesado. Novedades como los debates en el pleno, la aparición de las asociaciones de cabeza familia y el creciente protagonismo de la prensa asustaban al régimen que temía una pérdida de control. Hacía falta un hombre enérgico capaz de  reinstaurar la unanimidad y mantener la apariencia ante la opinión pública. Este hombre fue José Luís Alfonso Caño, un joven ingeniero de la SICE de treinta y tres años que no tenía experiencia política anterior. Según sus propias declaraciones, había formado parte del Frente de Juventudes y del Movimiento sin participar activamente. Sin embargo, contaba con la confianza del gobernador civil Fulgencio Coll.

Diferentes indicios apuntan a que el nombramiento de Caño respondía a una intervención decidida de las autoridades franquistas para cambiar el rumbo de la política barakaldesa. Su nombramiento se produjo significativamente justo antes de que comenzara el proceso electoral que había de renovar el consistorio. No es posible determinar hasta qué punto los nuevos concejales eran hombres de su confianza, pero su hermano, también ingeniero industrial, resultó elegido por el tercio corporativo.

Las directrices de su programa de gobierno, anunciado a principios de 1971, no dejaban lugar a dudas sobre la rectificación que pretendía introducir. Se instauraba el “ante-pleno”, es decir, una reunión previa de los concejales con el alcalde para tratar los temas a llevar al pleno. Se pretendía, así, acabar con esos plenos “vivos, discutidos y difíciles” cuya pérdida lamentaba Portell desde La Gaceta. Se centralizaba, además, la relación con la prensa a través del delegado de prensa del ayuntamiento.

El éxito de la rectificación política de Caño era evidente cuando en mayo se decidía conceder a Altos Hornos el permiso para sustituir su colegio por viviendas.

Como denunciaba escandalizado Portell, diez concejales habían cambiado el sentido de su voto tras la llegada de Caño. El efecto de la decisión sobre el precario estado escolar del municipio obligó al nuevo alcalde a asegurar en la prensa que no se derribaría el colegio hasta contar con nuevas plazas escolares, mientras que Altos Hornos hablaba de una futura y magnífica Ciudad Educativa junto a sus instalaciones deportivas. Pero a estas alturas, incluso a Caño le iba a resultar difícil mantener la unanimidad de sus concejales, máxime cuando La Gaceta no perdía oportunidad para subrayar su cambio de actitud y las escasas garantías de que Altos Hornos cumpliera el compromiso de esperar a que se crearan las nuevas plazas escolares. En julio el tema volvió al Pleno que aprobó en votación secreta las pretensiones de la empresa por un estrecho margen de siete votos contra seis. Pueblo habla de “largos y a veces apasionados debates” y, sin duda, la tensión debía de ser grande, pues un teniente de alcalde falleció de un ataque al corazón a las pocas horas.

A pesar de no haber conseguido disciplinar absolutamente a los concejales, Caño fue el hombre del régimen en un momento en que éste se cerraba sobre sí mismo. Las notas confidenciales de la policía revelan que el desinterés y la apatía eran generalizados ante las elecciones municipales de 1973. En un momento en que la movilización ciudadana y la incerteza política crecían, Caño no podía permitirse ninguna apertura. Por el contrario, “tan sólo se habla hasta el momento de incluir entre los candidatos a personas de demostrada afección al Régimen, ya que se desea que no entren a formar parte de la corporación elementos disidentes que tan sólo traten de perturbar el normal funcionamiento de aquélla o de hacer una crítica destructiva”.

Aunque los concejales del tardofranquismo no desmentían el perfil mesocrático dependiente característico del ayuntamiento, se detectaba la entrada en el ayuntamiento de hombres vinculados a las empresas locales. Ya Díez Marín, jefe de suministro de la margen izquierda de Iberduero respondía a este perfil. Caño y su hermano, ambos ingenieros industriales, no hacían más que reforzarlo. Incluso Portell desde La Gaceta se preguntaba si la profesión de ingeniero estaba de moda entre los alcaldes.

También se vivía en los setenta una cierta revitalización de la liturgia del Movimiento. De hecho, la conciencia de bunker del personal político no podía más que reforzarse ante la intensa movilización social que presidió esta última etapa. A la problemática general se añadía en Barakaldo la fuerte movilización local que provocó a partir de 1974 la pretensión de la Sefanitro de construir una nueva planta de amoniaco, una cuestión que coleó a lo largo de la transición barakaldesa. Sin embargo, Caño no estaba dispuesto a retirarse. Por el contrario, escaló puestos entre la clase política provincial del tardofranquismo. En 1973 fue nombrado subjefe provincial del Movimiento y en 1975 procurador en Cortes. Muerto Franco, pilotó la explosiva transición municipal.

6.- La transición

Uno de los rasgos definitorios de la transición española hacia la democracia fue la voluntad de sus impulsores de evitar un proceso descentralizado que amenazara con dificultar seriamente las negociaciones y escapar a su control. Ante la intensa movilización social y política de la sociedad española parecía aconsejable orillar una renovación de los poderes locales que hubiera dado lugar a una multiplicidad de actores en juego y proceder desde las instituciones centrales. Esto dejaba a los hombres que integraban las últimas corporaciones franquistas en una posición incómoda como receptores de la hostilidad de los sectores movilizados, mientras las autoridades centrales y provinciales negociaban con estas mismas fuerzas. El papel de la clase política local fue el de aguantar al frente de las instituciones locales mientras se iba diseñando el nuevo marco político.

El franquismo barakaldés tenía desde 1970 en Luís Alfonso Caño a un hombre fiel al gobierno con capacidad de liderazgo y de maniobra. Sin embargo, la situación era bastante más compleja como muestra el tema de la construcción de la nueva planta de amoniaco de la Sefanitro. La oposición a la nueva planta generó una amplia movilización que fue encauzada por las Asociaciones de Cabezas de Familias. En la tónica de lo que había sido su actuación en los últimos años, las asociaciones utilizaron la vía legal para paralizar el proyecto, además de convocar una gran manifestación en marzo de 1977.

Pero tras las elecciones se evidenció la disparidad de criterios entre el movimiento vecinal y los partidos políticos y su pugna por arrogarse la legitimidad popular.

Las elecciones generales de 1977 supusieron una gran victoria para la izquierda en Barakaldo.  Con una participación que superaba el 80%, el PSOE se impuso como primera fuerza política con el 35% de los votos en Barakaldo.   A su izquierda, el casi 8% y 9% del PCE y Euskadiko Eskerra elevaban los resultados globales de la izquierda a más del 50%.  Frente a esta victoria, la derecha se dividía en tres opciones políticas: las posturas nostálgicas de Alianza Popular, el pragmatismo reformista de UCD y las propuestas  nacionalistas. Alianza Popular fue la opción minoritaria. El grueso de la derecha oscilaba entre la progubernamental UCD y el PNV. Tras las elecciones, estalló un duro conflicto entre los partidos y las asociaciones de vecinos por la legitimidad popular. Uno tras otro, todos los partidos a excepción de la ORT, comenzaron a manifestarse a favor de la planta de Sefanitro. La continuidad de la plantilla y otros temas justificaban esta decisión. Las asociaciones de vecinos, por su parte, reclamaron un referéndum. En septiembre de 1977 el ayuntamiento se decantó por los partidos y autorizó la construcción de la planta. Ante el acuerdo entre las viejas autoridades locales franquistas y los nuevos políticos democráticos, las asociaciones de vecinos impulsaron una comisión de control que fiscalizaría la actuación de la corporación. A pesar de la oposición de los partidos que se arrogaban en exclusiva la representación popular, la fuerza del movimiento vecinal llevó al gobernador a negociar con la comisión. Cuestionada y desautorizada desde todos los frentes, la corporación en pleno presentó la dimisión. Sin embargo, los concejales barakaldeses fueron obligados por el gobernador a seguir en sus puestos.

Las elecciones generales de 1979 confirmaban a grandes rasgos los resultados de 1977. La gran diferencia entre ambas convocatorias estribaba en un notable aumento de la abstención y en la pérdida de votos del partido socialista. La coalición Herri Batasuna entraba en la lucha electoral con resultados superiores a los partidos situados a la izquierda de los socialistas. A la derecha desaparecían las posturas nostálgicas y se mantenía el práctico empate entre los seguidores del proyecto gubernamental y la rama nacionalista.

En Barakaldo el cabeza de la lista nacionalista, Josu Sagastagoita Monasterio, era el heredero de una saga de políticos locales. Encarnaba una derecha que se presentaba libre de compromisos con el régimen. Como se vio, tras dirigir la derecha de Altos Hornos a principios de siglo, los Sagastagoitia habían evolucionado hacia el nacionalismo durante la República y su presencia en algunas juntas religiosas durante el franquismo respondía más a la significación social de la familia que a un acercamiento al régimen. La candidatura nacionalista no remitía a personas con actividad política durante el franquismo, sino a los conocidos apellidos de la militancia de preguerra: Casal, Akasuno, Bañales Abasolo, Urcullu, etc.

La derecha no nacionalista se dividió con ocasión de las municipales. Parte de la clase política del tardofranquismo se presentó como Independientes de Barakaldo; mientras que la mayoría siguió bajo la adscripción de UCD. Entre ellos figuraban dos personas vinculadas a los centros regionales, concretamente, el tesorero del Centro Zamorano en los años sesenta y el secretario del Centro Segoviano y presidente de la coordinadora de centros regionales.

Las municipales no mejoraron los resultados de la derecha. Con gran diferencia con respecto a la generales, el PNV se convertía en la candidatura más votada y se hacía con más de un cuarto del voto emitido. El escaso 11% de la UCD revelaba que los nacionalistas vascos habían ganado la batalla frente a la derecha que les había desplazado de la vida pública en los últimos cuarenta años. Los socialistas continuaban su descenso y HB, cuyo líder Pedro de Solabarría tenía una sólida vinculación con el mundo asociativo que se había opuesto al franquismo y que ahora se enfrentaba a los partidos mayoritarios, se convertía en la segunda fuerza de la localidad a escasa distancia del PNV.

El apoyo prestado por UCD para que el PNV se hiciera con la alcaldía confirmaba, tras cuarenta años de dictadura, lo que ya había quedado establecido en Barakaldo a finales del periodo republicano: la derecha no nacionalista tenía que plegarse al arraigo social y la legitimidad de los nacionalista vascos.

Antonio Fco. Canales Serrano

La carencia de vivienda obrera, en Bizkaia, fue un problema preocupante a partir de las últimas décadas del siglo XIX.

Existieron dos zonas totalmente definidas donde la falta de vivienda fue motivo de serios conflictos.

Una es la minera, sin lugar a dudas en este sector se protagonizó la situación más penosa. La otra zona se desarrolla en torno a las grandes factorías, sobre todo en la Margen Izquierda de la Ría del Nervión.

Después de la Guerra Carlista durante la década de 1870, los terrenos de minas de hierro de Bizkaia supusieron un destino para cantidad de temporeros y de familias en busca de un jornal. Los temporeros, acudían sólo durante unos meses al año a trabajar a las minas y regresaban a sus casas para atender a las cosechas.

Pero el hierro atrajo también a numerosas familias sin recursos económicos, que acudieron a trabajar en la extracción de dicho mineral. La oferta de empleo para todos (hombres, mujeres y niños), era una manera de subsistencia para familias que vivían en el umbral de la pobreza. San Salvador del Valle fue el municipio vizcaíno más afectado por el contingente humano que llegó. Muestra de ello fue que en diez años, de 1877 a 1887, creció un 406%.A los mineros varones se les alojaba en barracones levantados por las compañías mineras; a los matrimonios con niños, se procuró alojarlos en habitaciones individuales, pero enseguida se vieron obligados a compartirlas con otras familias e incluso con peones solteros.

Esta situación, con algunas oscilaciones, se mantuvo en toda la zona minera hasta comienzos del siglo XX y, aunque en las primeras décadas del siglo la cantidad del hierro extraído bajó, el número de obreros mineros continuaba siendo muy elevado y la situación de la vivienda no mejoraba.

1.- Barracones mineros

Las primeras viviendas para los obreros mineros vizcaínos, fueron simples chabolas construidas en madera.

Las compañías mineras de finales del siglo XIX se vieron en la obligación de dar alojamiento a sus obreros. Lo hacían a pie de boca de mina, pero como dudaban de la cantidad y de la calidad de la veta encontrada en cada momento, las viviendas debían ser fácilmente desmontables y transportables para evitar gastos de materiales y de tiempo.

Se caracterizaban por ser construcciones muy ligeras, de vida limitada, con grave peligro de incendio y de ínfimo confort. El resultado fue, en su mayoría, construcciones de tablazón tejado a dos aguas, una o dos puertas de acceso y una ventana. En realidad, no estamos desencaminados si decimos que los patronos las consideraban como una herramienta de trabajo, más que como una vivienda.

El procedimiento de construcción era muy sencillo. Lógicamente, no se necesitaba mano de obra especializada para la construcción de semejantes residencias; eran los propios obreros, dirigidos por los capataces, quienes montaban y desmontaban estos barracones. La materia prima era la madera, abundante en la zona. Con ella se realizaba un esqueleto de piezas muy delgadas, montadas en paralelo con una distancia aproximada de unos ochenta centímetros y trabadas entre sí por otras vigas arriostradas para asegurar la indeformabilidad de la estructura. Toda ella se revestía con tablones de madera, que se claveteaban unos a otros sin más complicación.

En cuanto al tamaño y distribución de los barracones, tenían unas dimensiones variables. En Matamoros podían albergar hasta unos 250 mineros, que pagaban 0´25 pesetas al capataz de la mina por el alquiler de la vivienda.

Dicha vivienda se reducía a un espacio para dormir, consistente en una simple tabla sobre el suelo, a la que se denominaba cama caliente, ya que los obreros trabajaban a turnos, la cama nunca estaba vacía, cuando unos se levantaban para ir a trabajar otros se acostaban, no dando tiempo a que se enfriara. En las paredes se clavaban puntas, para colgar las escasas pertenencias de cada trabajador, juntándose las prendas de vestir con los escasos víveres que podían comprar: pan, tocino, cecina…

Cocinaban en un hornillo y por supuesto no había mesas ni sillas; a lo sumo cajones sobre los que sentarse y depositar la comida. Tampoco existían retretes.

Fácil es suponer la suciedad, el abandono y la ausencia de higiene producida por la escasez de espacio, por el hacinamiento, la carencia de agua y, por supuesto, de retretes y de lavabos.

De todo ello resultaron unas condiciones de vida bastante insufribles. Como mostraron los propios mineros al reivindicar una vivienda digna y como quedó patente en los numerosos testimonios de la época. De ellos es de destacar los escritos de médicos, higienistas y arquitectos, quienes denunciaron tal situación, por ser el campo perfecto para infecciones intestinales, de heridas y todo tipo de epidemias.

A pesar de todo, de estas chabolas construidas en las últimas décadas del siglo XIX, fueron surgiendo barrios que aún hoy perduran: La Arboleda, La Reineta, Matamoros, Parcocha y Pedernal. La Reineta en 1884 contaba ya con 329 edificios, mientras que San Salvador del Valle llegaba a los 209 edificios.

2. Primeras reivindicaciones de vivienda digna. Huelga de 1890.

Para 1890 el problema del alojamiento era tan notable que los trabajadores se negaron a continuar viviendo en las condiciones infrahumanas de los barracones de las zonas mineras. El primer punto en las reivindicaciones de la huelga iniciada por los mineros vizcaínos, en mayo de 1890, fue el de la supresión de los barracones en los que vivían.

Aunque la situación más dura se vivía entorno a las zonas mineras, los obreros de las fábricas del Gran Bilbao también sufrieron todo tipo de abusos. Entre ellos vamos a mencionar una práctica habitual de las fábricas, y tambiénde las minas vizcaínas, que se mantuvo hasta la huelga de 1890. Se trata de la recaudación de los alquileres devengados por sus trabajadores, previo acuerdo con los propietarios particulares que los alojaban. El importe era retenido del salario y entregado al arrendador.

Como se ha indicado, eran las propias compañías mineras las que construían lo que llamaron cuarteles. Simples barracones de madera que servían para alojar a los obreros que contrataban.

Los cuarteles estaban regentados por los capataces y contratistas de las minas, que además gobernaban las cantinas, único lugar para comprar los escasos víveres de los que se alimentaban los mineros. La lejanía de las minas respecto a los municipios y a los comercios hacía que las cantinas fueran necesarias para abastecer a los mineros. Pero esta situación dio lugar a tales abusos y desmanes por parte de los contratistas y encargados de las minas, que los mineros protagonizaron una de las primeras huelgas históricas, la de mayo de 1890.

La prensa de la época reflejó en sus páginas lo duro de este capítulo, fundamental en la historia de las reivindicaciones obreras por unas mejores condiciones de vida y vivienda: “Desde las ocho de la mañana empezaron ayer a bajar por los altos de las Conchas, La Salve y Matamoros numerosos grupos de obreros con dirección a Ortuella, donde debían reunirse, gritando en voz alta y todos a coro: ¡Mueran los cuarteles! ¡Viva la huelga! ¡Viva la zona minera! ¡Ocho horas de trabajo!

… A las nueve y media se reunieron en la plaza de Ortuella unos tres mil obreros, los cuales gritaban: ¡Abajo las tiendas obligatorias!

Los huelguistas a aquella hora se dirigieron por la carretera con dirección al Desierto gritando desaforadamente: !Abajo los cuarteles! ¡Fuera las tiendas obligatorias! ¡Viva la unión minera! ¡Mueran los burgueses! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva nuestra bandera!

Al llegar la multitud al crucero de la carretera de Portugalete, unos 50 ó 60 forales y guardias civiles impidieron el paso a los huelguistas.

Estos se empeñaron en pasar violentamente, y entonces las fuerzas cargaron y armaron los fusiles en previsión de lo que pudiera ocurrir. El corneta tocó retirada para indicar que retrocediese la multitud.

Ante esta actitud de las fuerzas, comenzaron a excitarse los ánimos de los huelguistas; en esto que llegaron al cruce de la carretera de Portugalete las dos compañías de Garellano de guarnición en aquella villa, y otras fuerzas de la Guardia civil y forales, todas las cuales se unieron a las que había en dicho cruce haciendo frente a los huelguistas.

Todas estas tropas, a bayoneta calada, hicieron retroceder a la multitud que ascendía a 8.000 o 10.000 mineros los cuales fueron dispersándose por las alturas, ofreciendo aquella masa de hombres un cuadro imponente.

Las fuerzas de Garellano, de la guardia civil y de los forales tomaron alturas desplegadas de guerrilla.

Los huelguistas seguían gritando: ¡Mueran los contratistas! ¡Viva la huelga! ¡Abajo los cuarteles! ¡Ocho horas de trabajo! ¡Leña contra la burguesía! ¡Vivan los mineros!

Ante estos gritos y estas amenazas se llegó a temer que ocurriera un serio conflicto.

Los ánimos de los trabajadores se hallaban excitadísimos.

El vecindario de Ortuella, asomado a los balcones estaba muy alarmado.

El vocerío y la algarabía crecía por momentos. Las fuerzas seguían ocupando las alturas en las mejores posiciones y dispuestas a la defensa, en caso de que fuera necesario tomar medidas severas.

En el Desierto

Al llegar nosotros al Desierto a las tres y media vimos el movimiento que en aquel instante existía en la zona fabril, donde también en las fábricas había ocurrido algo extraordinario.

La gente corría por todas partes, y una multitud inmensa se arremolinaba en la carretera junto a la Sociedad Cooperativa.

Lo sucedido allí fue que un grupo de treinta o cuarenta mineros, que sin ser vistos por las tropas había dado la vuelta por Nocedal, se dirigió a las fábricas de La Bizkaia, Los Astilleros del Nervión y Altos Hornos, excitando a los obreros de todas ellas a que abandonaran los trabajos.

En la Bizkaia

En esta fábrica las cosas revistieron mayor gravedad.

Un numeroso grupo de huelguistas se dirigió a dicho establecimiento fabril que estaba custodiado por algunas fuerzas de la guardia civil y forales intentaron entrar en él.

Quisieron impedirlo dichas fuerzas, y entonces la multitud empezó a pedradas con los guardias, los cuales se vieron precisados a hacer fuego con los huelguistas, resultando un muerto y siete heridos.

Un guardia foral recibió una pedrada en la cabeza que le hirió gravemente. Inmediatamente los trabajadores de los dos primeros establecimientos fabriles se declararon en huelga, dirigiéndose a la fábrica de Altos Hornos, cuyos obreros, al toque de una campana, dejaron los trabajos inmediatamente y se unieron a los huelguistas.

Hay que advertir que la fábrica de Altos Hornos fue asaltada por parte del muelle por los huelguistas, los cuales obligaron a los operarios a que se les unieran.

La huelga en aquel momento tomaba proporciones alarmantes.

Los huelguistas de las fábricas mencionadas, en número de unos 4.000 ó 5.000, se dirigieron por la carretera, unos con dirección a Sestao y otros hacia Rájeta, con objeto de que se unieran a ellos los operarios de la fundición que hay en este último punto.

Al día siguiente eran los huelguistas más de 21.000, por lo que las fuerzas del orden público llamaron al General Loma, para que acabara con el levantamiento y se declaró el estado de guerra.

A pesar de todo, el día 16, los huelguistas conseguían parar el trabajo en numerosos puntos de la capital: Olaveaga, fábricas de la Ría y muelles de carga y descarga.

Los representantes de los obreros pudieron reunirse con el General Loma, quien visitó los barracones y quedó completamente asqueado por tales habitáculos, comentando: “estas casas no son ni para cerdos”.

Pero la situación, cuatro años después, continuaba siendo la misma. Como veremos en capítulos sucesivos, las soluciones fueron lentas y los objetivos tardaron en plasmarse en realidades.

Casas Baratas

Toda esta situación generó unas condiciones propicias para que instituciones, médicos higienistas y arquitectos se pusieran de acuerdo para encontrar un modelo de vivienda para las clases trabajadoras. Esto dio lugar a las viviendas conocidas como Casas Baratas, cuyas características marcaron una tipología de vivienda muy notable en el País Vasco. Casas unifamiliares, pareadas o adosadas, con un pequeño jardín y un huerto.

Interior distribuido, al menos, en cocina, retrete y tres dormitorios.

3.- Retretes, sanidad y mortandad laboral

El modo de evacuación de las excretas en la zona minera merece análisis independiente, porque fue causa directa de denuncias de obreros, médicos e higienistas.

Si bien es cierto, que incluso en muchas viviendas del centro Bilbaino no existían en aquel momento los retretes como hoy los entendemos, (sobre todo por la carencia de agua corriente en muchos distritos de Bilbao), el asunto de las deposiciones, en zonas de una gran concentración humana, como era el caso de la minera, fue motivo de gravísimos problemas higiénicos.

Son abundantes los documentos escritos que se conservan, en los que se describen la insalubridad de las casas de los mineros. Probablemente fueron las peores de la época, así las describe el periódico El Socialista:

Los barracones son nauseabundos alojamientos que más parecen viviendas de bestias, donde los infelices viven a centenares, mucho peor que en los presidios.

En este periódico abundan los números, en donde se hacen descripciones de vida de los mineros, sirviendo primero como denuncia ante la sociedad, y segundo como modo de reflexión y de concienciación para el levantamiento del proletariado. De la siguiente manera, hacían la reseña sobre los barracones en el número noventa y cinco de El Socialista: son cuevas o malas casuchas construidas de madera y piedras, buenas si acaso para irracionales, pero impropias de todo punto para ser habitadas por personas. Sin embargo allí descansan, echados en malos jergones, sin más abrigo que el que llevan puesto y muchas veces empapados por el agua que ha caído sobre ellos durante el trabajo, una porción de obreros.

El interior contaba con una cocina y dependiendo del tamaño una o dos habitaciones a modo de barracón, en las que llegaban a dormir hasta 42 personas, en 21 camas. En ningún caso existía letrinas y tampoco espacio destinado para aseo. No había agua corriente.

Contamos con testimonios como el del médico higienista del municipio minero de San Salvador del Valle, García Vergara:

Las habitaciones son casi siempre reducidas, hasta el punto de que puede decirse que hay verdadero hacinamiento,… en ellos se procura colocar el mayor número posible de camas, con distintos turnos para dormir… Tedio y compasión me ha dado cuando por mi ministerio he tenido que entrar en alguno de esos cuartos que teniendo apenas cabida para dos o tres personas a lo más, se albergaban uno o dos matrimonios con su prole y algún peón, que contra toda regla de pudor y buena educación, comen y duermen casi juntos, todos revueltos cual gitanos.

Desde luego estas condiciones de vida fueron causa directa de la elevada mortalidad dada en estos municipios.

Según Pilar Pérez Fernández la tasa de mortandad en la zona minera durante la década de 1877 a 1887, fue la más elevada de Bizkaia, superando incluso a los municipios industriales como Bilbao.

La causa de las muertes era debida no a brotes epidémicos, que por supuesto se llevaron muchas vidas, ni a accidentes laborales que también acabó con muchos mineros, sino a enfermedades comunes como colitis, gastroenteritis, disentería, etc., cuyo proceso se alargaba excesivamente, provocadas por la insalubridad de las condiciones de vida, la ausencia de limpeza y por la falta de defensas de una población mal alimentada.

Uno de los motivos principales que ocasionaba las enfermedades gástricas era la ausencia de agua y de retretes.

Como se ha indicado, la zona minera constituía un centro de población obrera muy considerable. No era cuestión de que cada uno fuera a realizar sus necesidades fisiológicas campo através. Por lo que el asunto de las excreta, lo solucionaron animando a los mineros a que realizaran sus deposiciones en un cajón de madera colocado para tal uso. Normalmente se colocaba en el exterior de cada barracón y, en el mejor de los casos, se protegía de las miradas por unas paredes de tablas de madera.

La limpieza de dicho cajón y la evacuación de las excretas se realizaba dos veces por semana. Esta labor la realizaba un obrero al que denominaban el mierdero.

No es difícil imaginar que ésta forma de limpieza, debió ser nauseabunda y por supuesto nefasta. Sirvió de campo de abono a las abundantes epidemias tifoideas, viruela y cólera.

Ejemplo de esta vivencia lo forma el pueblo de la Arboleda, que surgió de un grupo de chabolas que se comenzaron a levantar en 1877, hasta llegar a constituirse en el principal núcleo minero de la zona.

Ante la grave situación higiénica que se produce sobre todo con la epidemia de 1885 de cólera (se mantuvo durante 57 días y mató a 243 mineros), y debido a las presiones obreras, las instituciones comienzan a idear soluciones.

Las normas que se editan para acordonar la epidemia son rigurosas y duras, prohibiéndose la salida de la zona minera a cualquier persona para evitar la propagación, para lo que se pidió la fuerza del ejército. Es interesante la adopción de una medida higiénica que hasta entonces no se había tenido en cuenta: el de las excretas humanas y la colocación de retretes en los puestos de trabajo, obligando a los obreros a depositar sus deyecciones en ellos bajo multa de 5 pesetas a quien no lo hiciera.

Esta epidemia también fue la causa de que se realizara, un año después en 1886, un proyecto para organizar el sistema de desagües y excusados de todas las viviendas que albergaban a los mineros, el proyecto tenía el objetivo y el título de Higienizar Triano. Se solicitó el concurso de Willian Gill, miembro del Instituto de Ingenieros civiles de Inglaterra, pero el proyecto no prosperó, y aunque el mencionado ingeniero persentó una propuesta nunca llegó a realizarse. En el mismo año se publicó en Bilbao un libro sobre higiene doméstica, su autor era un médico higienista inglés, el doctor Teale, su obra fue traducida al castellano y editada en la Villa bilbaína con el nombre de La salud en peligro en las casas mal acondicionadas. En él se muestran 70 láminas con un texto explicativo de las soluciones y modelos en cuanto a desagües y sanitarios así como a su instalación.

Por otro lado, también en 1886 las autoridades publican Reglamento de Policía e Higiene que debe regir en la Zona Minera o Fabril de los municipios de Baracaldo, Sestao, Portugalete, Santurce, San Julián de Musques, Galdames, San Salvador del Valle y Abanto y Ciervana.

En él se especificaba, entre otros artículos, que no se consentían dormitorios para personas de diferente sexo excepto matrimonios y los hijos menores de diez años. Que no se permitían más de dos personas en una misma cama. También se hace mención a los excusados, indicando que al menos debía existir uno por cada veinte personas. El sistema que se aconsejaba adoptar era el de mantener separadas las aguas sucias de las inmundicias sólidas, de manera que pudieran recogerse estas últimas en el estado más seco posible.

Para la recepción de escrementos y basuras secas de casa, el reglamento disponía de un croquis que se debía seguir para construir en cada casa, se trataba de un depósito impermeable de poca profundidad, elevado sobre el terreno todo lo posible, y no debería ser de mayor tamaño que el necesario para contener las inmundicias correspondientes a una semana. El reglamento señalaba, en otros artículos, que los excusados debían estar fuera de las casas y los receptáculos debían vaciarse por lo menos una vez cada ocho días

Al igual que ocurrió en el caso inglés, tanto las autoridades políticas como los empresarios se vieron obligados, por las presiones descritas, a dar respuesta a las demandas solicitadas, pero realmente hubo que obligarles muy seriamente como se desprende de las numerosas huelgas que protagonizaron los mineros y los obreros de las factorías vascas.

Al Gobierno le costaba promulgar leyes en este sentido, y los patronos de la Cuenca Minera vasca distaban mucho de ser filántropos paternalistas que cuidaran de sus obreros. Es más, se unieron y formaron el Círculo Minero, para defender sus intereses sin tener en cuenta los de los obreros, más bien, en contraposición a ellos.

Las leyes que el Círculo Minero promulgó, todavía en 1903, eran draconianas para los asalariados. Testimonios al respecto, como el que cuenta Facundo Perezagua de lo vivido cuando trabajaba en la zona minera, debían producir verdaderos escalofríos. Así se desprende de la Ley de Accidentes promulgada por los patronos:

… Antes del 90, en los cuarteles mineros, se leían extraños carteles como éste: Por dos piernas, 40 duros; por dos brazos, 20; por dos manos 10.

Dicho cartel, indicaba la cantidad que cobraban los obreros en caso de accidente y amputación de una extremidad.

La seguridad en el trabajo, fue una constante reivindicación no sólo en la Cuenca Minera sino también en todos los pueblos industriales de Bizkaia. Comenzaron en las últimas décadas del siglo XIX y continuaron en los años de 1920, siendo motivo de movilizaciones obreras a través de manifestaciones y huelgas.

Retomando el asunto de los retretes, decir que La Arboleda, en 1904, contaba con 20 calles y 150 casas en las que había 2.553 almas, lo que da una media de 17´2 personas por casa. Cada casa contaba con un excusado como el descrito (o sea un cajón), pero todavía no existían los pozos negros, por lo que había que retirar los mencionados cajones, de manera manual. Esta labor se continuaba realizando dos veces por semana, por el mierdero lo que provocaba un ambiente en la zona, insalubre, hediondo con emanaciones nada gratas. Así lo hemos encontrado descrito en la prensa de la época:

…si el aspecto exterior de aquellas viviendas es repugnante, el interior es de lo más triste que puede verse. Habitaciones de tablas con cuartos reducidos donde viven hacinados seres humanos sin apenas luz, pues las ventanas son estrechísimas, en el interior de aquellas viviendas se hace insoportable la vida a los cinco minutos, tal es el hedor que allí se siente.

Sobre todo las enfermedades infecciosas del aparato digestivo descendieron rápidamente con la traída de aguas, con el servicio de alcantarillado y con los lavaderos públicos.

Pero el agua llegó muy lentamente, si tenemos en cuenta, que el líquido elemento no llegó al Hospital Minero de Triano hasta 1897 y la electricidad hasta 1902, podemos hacernos una idea de por qué los mineros en la década de 1910 continuaban manifestándose.

Las reivindicaciones comenzaron a sensibilizar a la opinión pública de manera que médicos, ingenieros y arquitectos apoyaron la instalación del inodoro en las viviendas. Se desarrollaron diferentes modelos y sistemas de evacuación. Así las cosas, podemos decir que los logros no se empezaron a notar hasta que entró en vigencia la primera legislación de casas baratas (1911). Que contempló como obligatorio la instalación del retrete provisto de su sifón y correcta instalación de desagüe. En este aspecto, es interesante observar el interés que presentaban los arquitectos y las instituciones por dar soluciones ágiles. De forma que los proyectos arquitectónicos realizados por los diferentes arquitectos de casas baratas, adjuntaban a las plantas y alzados los dibujos de los retretes y el sistema de desagüe que se debía utilizar.

Por lo tanto, todas las viviendas construídas bajo las leyes de casas baratas en Bizkaia, tuvieron retrete, excepcionalmente tenían lavabo y la mayoría carecían de bañera o en su defecto tampoco tenían ducha. El modelo en cuanto a planta y alzado era prácticamente el mismo. Se trataba de un espacio estrecho y alargado, la mayoría de las veces no alcanzaba el metro y medio de ancho. El reglamento indicaba que debían tener al menos 0´50 metros cúbicos y una ventana que diera a patio o al exterior. El inodoro debía estar al fondo del estrecho espacio y debajo de la ventana.

Hemos tenido la suerte de poder visitar el interior de viviendas que se mantenían sin modificar, y debemos de reseñar que a este elemento higiénico le acompañaba el alicatado de las paredes y las baldosas del suelo. Todo ello suponía un elemento más del confort y facilitaba la limpieza y desinfección de dicha estancia. Además se procuró utilizar elementos de calidad, y muchos de los suelos estaban decorados con grecas bicolores y en algunos casos hay retretes que tienen baldosas polícromas con cuatro colores. Para las paredes siempre se eligió el blanco esmaltado en los azulejos.

Mientras que el inodoro, en las primeras décadas de siglo XX en Bizkaia, se contemplaba como una necesidad dentro de cada vivienda, no ocurría lo mismo con los elementos de baño o ducha. Como se ha indicado las casas baratas, en general, no consideraban la instalación de bañera, ducha y ni siquiera del lavabo. Los obreros, para su higiene personal, continuaban acudiendo a las duchas públicas de sus municipios, y en su defecto se lavaban por partes en un barreño en la cocina de casa.

La bañera, la ducha y el lavabo se consideraban instrumentos higiénicos que se asociaban a un lujo, del que sólo podían disfrutar los moradores de las grandes viviendas burguesas. A este respecto apuntar que, la fabricación nacional de las mencionadas piezas era escasa, excepto en retretes. Paulatinamente se comenzó a abrir comercio en este sector sobre todo en la década de los años veinte, siendo pionera la firma de José González Serrano, posteriormente en la década de los años 30 aparecerá la marca Roca. Pero las capas sociales más pudientes importaron los sanitarios, preferentemente de Inglaterra, siendo las marcas Doulton y Shanks unas de las más solicitadas.

Ana Julia Gómez Gómez

La II República.

La proclamación de la República implicaba dos importantes novedades en la política española: la afirmación de un marco democrático y la voluntad de abordar reformas sociales estructurales. Estas novedades planteaban a las derechas estudiadas hasta el momento la necesidad de definir su postura ante estas reformas y el desafío de adecuarse a la política de masas que se consolidaba. El nacionalismo vasco reunificado, por su parte, estaba a gran distancia en penetración social y capacitación política. Además, el integrismo antiliberal y reaccionario de su ideología se perfilaba como un lastre para su adecuación al nuevo marco democrático.

Sin embargo, en contra de lo que este juego de imágenes podría hacer esperar, fueron los nacionalistas vascos quienes acabaron encontrando su lugar en el nuevo marco republicano, definiendo su posición ante las reformas a realizar y adecuándose a la política de masas.

El nacionalismo vasco, tras su beligerante alianza inicial con la ultraderecha antirepublicana, derivó hacia el centro político y acabó por establecer una entente cordial con el reformismo de las izquierdas y el marco democrático. Consiguió erigir un movimiento de masas sin precedentes en las derechas españolas que prometía consolidar un marco político autónomo que conjurase el peligro de la guerra civil.

3.1.- La búsqueda de un lugar en la República.

La fiesta republicana

Los días posteriores a las elecciones municipales fueron los de una multitudinaria fiesta cívica que enmarcó la proclamación de la República. En Barakaldo, e mismo día de las elecciones a las ocho de la noche una manifestación de jóvenes recorrió la población con una gran pancarta a favor de la República. Varios disparos salieron de la manifestación cuando la Guardia Civil intentó disolverla, “siendo preciso emplear las armas para disolverlos”, según el gobernador civil. Este incidente, que se saldó con tres heridos, provocó la protesta del bloque antimonárquico ante “los desmanes de la fuerza pública que, sin motivo que lo justificase, disparó contra el pueblo”.

No se tienen noticias de sucesos el día 13, cuando en diferentes lugares del país numerosas manifestaciones presionaban a las autoridades para el traspaso de poderes.

Sí que se ajustan a la perfección con las pautas vizcaínas los acontecimientos del día 14. A las siete y media de la tarde, cuando ya se había proclamado la República en Eibar a primera hora de la mañana y al mediodía en Barcelona, pero no todavía en Madrid, siguiendo la pauta de lo sucedido media hora antes en Bilbao, una manifestación salió de la Casa del Pueblo portando banderas republicanas, socialistas y nacionalistas y se encaminó hacía el ayuntamiento6. Allí, los concejales electos del bloque antimonárquico, constituidos en Comité Republicano Revolucionario, más un concejal del PNV, solicitaron la vara municipal “en representación del régimen republicano imperante en España”. El alcalde Rodolfo de Loizaga realizó el simbólico traspaso de poderes haciendo constar que cedía ante “la fuerza naciente, con su protesta consiguiente”.

Posteriormente los concejales del Comité se dirigieron a la multitud desde el balcón del ayuntamiento y la banda de música ejecutó La Marsellesa, La Internacional y el Gernikako Arbola.

El acompañamiento musical ilustraba las tradiciones políticas que se sumaban al acta fundacional del nuevo régimen: el republicanismo, el socialismo y el nacionalismo vasco, en principio reducido a los disidentes de izquierda que se encuadraban en ANV, pero con la presencia de un concejal del PNV. El consenso entre las tres tradiciones políticas pareció funcionar durante los primeros días, en los que presumiblemente el PNV se integró en las reuniones informales de las que surgieron los acuerdos provisionales.

La principal preocupación de los nuevos gobernantes fue evitar que la exaltación multitudinaria saliera de los límites del traspaso pacífico y festivo del poder. Así, en Barakaldo se acordó formar grupos de jóvenes demócratas para mantener el orden y los concejales electos acompañaron a la Guardia Civil a su cuartel con el fin de evitar altercados. Igualmente, el socialista Eustaquio Cañas hacía saber a los religiosos que no había motivos para temer nada y aconsejaba que siguiesen con sus prácticas habituales.

En esta sesión provisional se acordó también la destitución de un empleado destacado por sus irregularidades y su filiación españolista9. Precisamente este empleado iba protagonizar un luctuoso suceso con el que de nuevo Barakaldo se desmarcaba de la tranquilidad general. Según el relato de El Liberal, increpado por un conocido sobre el fin de su situación privilegiada, el empleado disparó contra éste y huyó disparando por la calle. En su huida hirió a una mujer y congregó a una multitud en su persecución que le acorraló en un barracón de Altos Hornos. El desenlace del incidente resulta confuso, ya que mientras de la crónica de El Liberal se desprende un linchamiento mortal10, el mismo empleado aparecerá con posterioridad batallando por su reingreso y finalmente entre las víctimas de la represión de retaguardia durante la guerra civil. En todo caso, el indicente ilustra la tensión con que vivían el cambio determinados elementos cercanos a la derecha monárquica.

La normalización del traspaso de poderes se consolidó en la siguiente sesión municipal. El día 18 se produjo la integración oficial de los herederos de los  monárquicos, ahora bajo el rótulo de católicos, en la normalidad institucional republicana. El hecho de que en la constitución formal sólo se hiciera mención de la minoría católica refuerza la idea expresada con anterioridad de que el PNV ya se había incorporado en los días previos al consenso republicano. La presencia de los jeldikes se vio incrementada por la adscripción a la minoría del PNV de Antonio del Casal, elegido en la candidatura católica. De esta manera, se igualaba la correlación de fuerzas de derechas en el ayuntamiento con cuatro regidores para cada minoría.

El resultado de las votaciones para la constitución del equipo de gobierno ilustra la existencia de divergencias en el seno de la coalición vencedora a la vez que la de apoyos al margen de su grupo. Estos resultados no permiten establecer una interpretación definitiva, pero parece plausible postular el apoyo de al menos dos nacionalistas al equipo y la disidencia de un miembro de ANV. Finalmente, el alcalde accidental, el veterano republicano radical Simón Beltrán, era confirmado como alcalde.

Ocupaba la primera tenencia el también veterano socialista Evaristo Fernández. La segunda, tercera y cuarta correspondían a un aeneuvista, un socialista y un republicano, respectivamente; ANV conseguía la primera sindicatura y los socialistas la segunda.

La situación de parálisis de las derechas en Barakaldo, a pesar de la implantación de un partido como el PNV, era más que evidente. Ciertamente los nacionalistas habían presentado una candidatura propia a las municipales, pero se trataba de una opción de los nacionalistas de los barrios. En el casco urbano, el conjunto de la derecha, incluyendo personalidades nacionalistas, se había replegado hacia los valores básicos comunes en una única candidatura, entre ellos el catolicismo que le daba nombre.

A falta de prensa local, la actuación de los concejales electos por esta minoría constituye el principal indicador de la actitud de esta derecha ante el nuevo régimen. La mayoría de esta derecha olvidaba sus antiguos rótulos políticos, se autoproclamaba minoría católica y adoptaba un posibilismo similar al de los católicos de otros lugares.

Así, a la invitación del alcalde para que “con su amor al pueblo contribuyan al engrandecimiento y progreso de Baracaldo y de rechazo cooperen a la consolidación de la República”, el maurista Juan de Arizón, destacado representante de la derecha de Altos Hornos, respondía declarando que “desde el momento en que se hallan presentes en la sesión es porque muestran su acatamiento al nuevo Régimen constituido; que cree un deber colaborar en él como católico universal, que es Régimen de justicia y orden; que es incuestionable que la Nación quiso la República el día doce de Abril y por tanto le da la bienvenida y se pone a la disposición del Ayuntamiento para trabajar por el engrandecimiento de la Patria, Regiones y pueblo de Baracaldo, siempre que la República salvaguarde el orden, la justicia y la libertad”. La derecha posibilista optaba, pues, por la misma aceptación condicionada en ambas localidades.

Frente a esta opción de la mayoría de los concejales, la ausencia del anterior alcalde, Rodolfo de Loizaga, que continuó sin asistir durante todo el periodo, ilustraba las resistencias de una parte de la derecha ante el nuevo régimen. En el otro extremo, Antonio del Casal se desmarcaba de la candidatura por la que había sido elegido y se añadía a la minoría del PNV. Sin embargo, del Casal y otro concejal cercano a la sensibilidad nacionalista fueron los primeros en retirarse de la comisión encargada de revisar la actuación de los ayuntamientos de la Dictadura, presidida por el nacionalista burcetarra Baltasar de Amezaga, cuando socialistas y republicanos intentaron vetar la participación de los concejales monárquicos y católicos. La incorporación de los nacionalistas del núcleo urbano al consenso republicano no estaba tan clara como su adscripción política hacía pensar y, en todo caso, no puede extenderse al resto de las bases tradicionales del nacionalismo.

Si se prescinde del batzoki de Burceña, el único referente del nacionalismo vasco en el casco urbano era la Juventud Vasca de ANV, aliada con los republicanos. Tampoco en Barakaldo la derecha nacionalista más apegada a la defensa social y religiosa parecía demasiado dispuesta a despegarse de esos valores básicos diferenciándose del resto de la derecha en función de su nacionalismo. La implantación institucional del nacionalismo ortodoxo continuó siendo durante estos primeros meses prácticamente nula. El nacionalismo ortodoxo no existía en el núcleo urbano de Barakaldo y no fue hasta junio de 1931 que se convocó una reunión de los antiguos socios de la veterana Euskalduna de San Vicente. Según Camino, el día 13 de este mes, dos semanas antes de las elecciones constituyentes, se produjo la reconstitución de esta sociedad. En realidad, la actitud de la dirección central del PNV en los primeros meses de la República no ofreció estímulos para la diferenciación política del resto de la derecha. Su postura inicial fue de beligerancia contra la coalición reformista que inspiraba la República en alianza con la ultraderecha antirepublicana.

Esta primera alianza del PNV constituyó una contradicción con su estrategia en el resto del periodo republicano y su interpretación ha tendido a quedar desdibujada por los acontecimientos posteriores. Tradicionalmente, en la explicación de la evolución del PNV durante la República, se ha partido de la premisa de la indiferencia peneuvista ante el nuevo régimen y se ha subsumido la actitud del PNV bajo la lógica de la consecución de un estatuto de autonomía. Recientemente, Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodriguez han dado un paso más allá y llegan a afirman incluso que “la proclamación del nuevo régimen venía a suscitar ilusionantes expectativas”28. Desde esta perspectiva esta primera alianza del nacionalismo ortodoxo aparece como un tremendo error táctico que llevó al PNV a ser instrumentalizado por los tradicionalistas en contradicción con sus convicciones y tradiciones.

Esta proyección hacia el pasado del resultado final de la evolución del PNV obliga a recurrir a explicaciones ad hoc para neutralizar elementos como la Coalición del Estella que chirrían notablemente en el modelo que se dibuja. Hacer recaer el peso de una explicación en una incongruencia entre lo que una fuerza política pretendía y lo que realmente tiene poco sentido historiográfico. Resulta preferible plantearse si lo que se hizo no era realmente congruente con los objetivos que se pretendían. Ello obliga a centrar la atención en cuál era realmente el orden de prioridades del PNV en la primavera de 1931.

Puede establecerse que la consecución de la autonomía o la independencia constituía una prioridad de primer orden para el PNV, tal como defendían los autores anteriormente citados.

En el discurso nacionalista, autonomía e independencia no limitaban su campo de significación a las cuestiones formales o institucionales de organización del poder; eran inseparables de un conjunto de proposiciones substantivas que configuraban el Euskadi mítico y esencialista. Por tanto, para el PNV el mayor o menor grado de autonomía o independencia se hallaba en relación directa con el grado de cumplimiento de este ideal esencialista. El País Vasco no sería más o menos autónomo o independiente en función del nivel competencial de un hipotético gobierno, sino en función del grado en que la sociedad vasca se adecuase a ese Euskadi mítico. Puesto que valores como la religión, el antiliberalismo y el orden social eran inseparables de la idea de la libertad de Euskadi que tenían los nacionalistas, fue la defensa de estos valores lo que confirió lógica a la actuación del PNV. Dado que estos valores se encontraban directamente amenazados por el reformismo republicano, su alianza con la ultraderecha antirepublicana, lejos de un error de evaluación, aparece como el correlato lógico de los planteamientos del nacionalismo ortodoxo.

En realidad, ni siquiera el más primario interés partidista por conseguir las mayores cotas de poder en el nuevo autogobierno conferiría la lógica que se pretende a la actuación del PNV. La representación paritaria de las provincias y el sistema de elección indirecto que establecía el proyecto de la Sociedad de Estudios Vascos (propuesta base de discusión aceptada por los partidos de izquierda) aseguraba una hegemonía acaparante de la derecha en la futura cámara autónoma. Incluso en el peor de los casos, en caso de aceptarse las enmiendas de las izquierdas sobre el sufragio universal directo y la representación proporcional de las provincias, esta hegemonía derechista estaba más que asegurada. De hecho, si se extrapolasen al modelo de estatuto de las izquierdas los resultados de las elecciones de junio de 1931, se obtendría unos 59 diputados derechistas frente a una paupérrima representación de la izquierda de unos 21 diputados.

En la primavera de 1931, las izquierdas triunfantes estaban dispuestas a considerar un estatuto que, incluso en su versión más izquierdista, ofrecía al conjunto de la derecha, y concretamente al nacionalismo vasco, grandes posibilidades de dominio político. Y ello a pesar del centralismo que teóricamente presidía su ideología y de que, a diferencia del catalanismo triunfante, el PNV no había participado en el Pacto de San Sebastián y presentaba una ideología abiertamente derechista y casi integrista en muchos aspectos. Sin embargo, el PNV despreció las posibilidades que ofrecía este escenario y se alió con los enemigos del nuevo régimen. Postular que lo hizo atendiendo a la consecución de la autonomía en su sentido actual parece poco congruente.

Tampoco puede explicarse la actitud del PNV arguyendo la tradicional contradicción entre su práctica autonomista y su programa independentista. Ciertamente el horizonte independentista no se veía colmado con el marco competencial que el Estado republicano estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, el propio proyecto de la SEV distaba de ser cauteloso en este terreno al presuponer una forma federal de Estado y establecer la soberanía compartida29. Por otro lado, la reivindicación de mayores cuotas de autogobierno habría llevado lógicamente a la defensa en solitario de otro proyecto de estatuto o a la inhibición en beneficio de la lucha independentista, pero difícilmente a la alianza con carlistas, monárquicos y católicos, herederos de una sólida tradición ideológica españolista y de una larga práctica política claramente centralista y antinacionalista.

Sólo la defensa de los contenidos substantivos del Euskadi esencialista de los nacionalistas ortodoxos puede explicar su actitud, aunque la retórica nacionalista tienda a oscurecer esta realidad. Las dos reivindicaciones básicas que cimentaron la alianza en torno al estatuto de Estella (independencia religiosa y enseñanza) no pueden ser reducidas a una cuestión de reivindicación competencial. La política religiosa y la enseñanza constituían piezas claves del programa reformista que había conseguido triunfar tras la caída de la Monarquía. Cuestionar elementos como el sufragio universal, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos, la secularización del Estado y la reforma del sistema educativo en la España de 1931 no suponía una divergencia sobre el modelo de organización territorial del Estado, constituía una declaración de guerra al proyecto reformista que inspiraba la República. Y esta fue la opción que tomó el PNV.

En lógica consonancia con los contenidos substantivos que asociaba a la idea de Euskadi, el PNV sumó su nada despreciable capacidad de movilización social a la movilización general de las derechas antirepublicanas y antidemocráticas con el objetivo de impedir la consolidación del proyecto reformista republicano. Aunque la consecución del estatuto de Estella fuese el elemento aglutinante, es difícil negar que el movimiento de alcaldes iba más allá de tal objetivo, manifiestamente imposible de conseguir dada la correlación de fuerzas existente.

Por tanto, la candidatura electoral que unía a nacionalistas, católicos y carlistas en las elecciones constituyentes de junio de 1931 trascendía con mucho la cuestión autonómica y se perfilaba como la candidatura de todos aquéllos que se oponían al reformismo republicano. Era un frente antirepublicano.

Definir a la derecha católico-monárquica como “un interesado compañero de viaje”, como hacen de Pablo, Mees y Rodriguez30, además de la valoración peyorativa, lleva implícita una acusación de instrumentalización y maquiavelismo político que tiende a desdibujar la naturaleza de la Coalición de Estella. Por primera vez, cada uno desde una trayectoria diferente, nacionalistas y católico-monárquicos coincidían en concebir el autogobierno como baluarte del universo ideológico que propugnaban. Por primera vez, para la derecha vasca no nacionalista España había dejado de ser la garantía de la pervivencia del mundo que defendían. España se había hecho republicana y laica, mientras que Euzkadi se perfilaba como el referente de una nueva síntesis. Habían tenido que pasar más de treinta años para que la derecha vasca no nacionalista se aviniera a reconocer la operatividad de la propuesta sabiniana.

Llegados a este punto, la clave para entender la evolución política del PNV en los años republicanos radica en el proceso por el cual preferencias de segundo orden como las cuestiones formales de ampliación del autogobierno desplazaron a los contenidos substantivos y acabaron por mutar la política nacionalista, y en qué medida lo hicieron.

Las elecciones constituyentes de 1931

La candidatura de la Coalición de Estella reservaba para el PNV los cuatro candidatos de la circunscripción de Vizcaya-capital, en la que se integraba Barakaldo.

Ante la inhibición de las fuerzas monárquicas, la candidatura suponía para el PNV la oportunidad única de erigirse en el referente político de las fuerzas de orden y especialmente de las masas católicas. Este carácter conservador se veía reforzado por la clara extracción burguesa de estos candidatos31. Contaba además a su favor con la fragmentación que se produjo en el campo de la izquierda al desgajarse ANV del bloque republicano-socialista para competir en solitario y al aparecer por la izquierda la candidatura del partido comunista.

La oportunidad fue bien aprovechada en el conjunto del País Vasco. No sólo el PNV conseguía seis diputados, sino que la derecha católica en su globalidad salía victoriosa con 15 diputados frente a los nueve de izquierda, a diferencia de lo que ocurría en el resto de las provincias españolas.

Sin embargo, la situación fue diametralmente distinta en Barakaldo. La candidatura de Estella apenas conseguía igualar los votos obtenidos por católicos y PNV en las municipales de abril.

Una primera interpretación de estos resultados partiría de la suposición de que la derecha no nacionalista se retrajo en esta elección. Mas esta es una premisa muy poco verosímil. En primer lugar, no había razones de peso para que las bases conservadoras y católicas se retrajesen en una elección tan trascendental como la constituyente, máxime cuando los candidatos del PNV formaban parte de una beligerante oposición al reformismo republicano. Además, a escala barakaldesa, la candidatura de Estella entroncaba directamente con la dinámica de convergencia de derechas que se había impuesto en el núcleo urbano en las elecciones municipales en detrimento de la opción independiente que había significado el PNV de los barrios. En segundo lugar, este retraimiento derechista implicaría que tanto la totalidad de los nuevos votantes fruto de la ampliación del censo electoral como buena parte de los abstencionistas de abril de 1931 pasarían a votar a la izquierda. Una expansión del voto izquierdista sobre tales supuestos tampoco parece demasiado probable.

La solución a la aparente paradoja pasa por establecer de dónde procedían los votos de ANV. Teóricamente, estos votos habrían de provenir del bloque antidinástico de las municipales de abril, en el que ANV se integró y por el que obtuvo sus concejales.

Sin embargo, el voto de socialistas, republicanos y comunistas no sólo no se vio afectado por la salida de ANV, sino que incluso aumentó en tres puntos con respecto a los resultados del bloque (51,6% a 54%). Un análisis más detallado muestra que eran pocas las secciones donde los socialistas, republicanos y comunistas obtuvieron un número de votos inferior al del bloque. Concretamente, la quinta de Desierto y la segunda y tercera de San Vicente. Mantener que los votos de ANV procedían del bloque antidinástico implicaría el estancamiento del número absoluto y un ligero retroceso porcentual del voto de la derecha y una expansión de nada menos que del 35% del voto de la izquierda (21,9% a 18,9% y 51,6% a 60,6%, respectivamente). De nuevo, esta hipótesis sólo sería sostenible en el caso de que tanto los nuevos votantes como los abstencionistas de abril votaran en masa a la izquierda.

Esta suposición se ve invalidada por la tabla siguiente que recoge el resultado de correlacionar estas dos variables con los resultados electorales de cada candidatura. Las únicas correlaciones significativas se dan con la candidatura de Estella, y en menor grado con el PCE. La incorporación de nuevos votantes perjudicó a la candidatura de Estella, mientras parecía favorecer a los comunistas. Este resultado parece lógico si atendemos a la incorporación de un electorado joven. Sin embargo, ocurría lo contario con el aumento de la participación. La candidatura de Estella obtenía mejores resultados en aquellas secciones en que más aumentaba la participación. De ahí que parezca difícil mantener que la derecha se retrajo en la elección.

Las consideraciones anteriores apuntan a la hipótesis de que ANV estuvo sobrevalorada en el bloque antidinástico de abril y que la mayoría de sus votos de junio no provenían de este bloque (pues no existían), sino de la candidatura del PNV a las municipales, e incluso de las candidaturas católicas en el caso de El Desierto donde éste no se presentó en abril. Así, ANV en solitario captaría en junio un porcentaje del voto nacionalista que no la había votado cuando se presentó integrada en el bloque antimonárquico en abril.

Comparando los resultados de las municipales de abril y las constituyentes de junio observamos que la candidatura de Estella mantiene una alta correlación con los votos del PNV en abril. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en las municipales los nacionalistas no se habían presentado en El Desierto y que los monárquicos no lo habían hecho en Burceña, por lo que la variable realmente significativa sería la suma de los votos nacionalistas y de la derecha no nacionalista. Esta es la variable con la que la candidatura de Estella mantiene una correlación mayor, nada menos que un 0,95. Estella, por tanto, recogía los votos de la derecha con independencia de la adscripción nacional, de la misma manera que lo habían hecho en abril nacionalistas y monárquicos en aquellos distritos en que se presentaban en solitario, es decir, Burceña y El Desierto, respectivamente. No ocurre lo mismo con las candidaturas que compusieron en abril el bloque antimonárquico. La correlación entre la suma de estas candidaturas y el bloque es alta (0,86). Sin embargo, esta correlación no se ve afectada por la inclusión o no de los votos de ANV en el conjunto de fuerzas que se correlaciona con el bloque, cosa que no pasa  con el PCE. Este es un primer indicio de que los votos aneuvistas de junio no habían sido centrales para el bloque en abril. Pero lo realmente significativo es que se obtiene una correlación mayor (0,90) sumando los votos de ANV a los de Estella y correlacionándolos con los resultados de la derecha en abril. Por lo tanto, los votos de ANV parecen provenir en mayor grado del conjunto de votantes que en abril no votó por el bloque antidinástico.

La afirmación anterior no puede aplicarse sin embargo a todas las secciones. Ya se indicó que en San Vicente los resultados de la izquierda se resintieron por la separación de ANV. Esta circunstancia no es de extrañar si se tiene en cuenta que San Vicente representa una desviación notable de la media del voto aneuvista. Los votos de ANV se situaban entre el cuatro y el seis por ciento en todas las secciones con la excepción de las tres de San Vicente (20%, 15% y 8,6%) y la primera de Burceña (10%). Estas eran las secciones donde ANV concentraba su fuerza y dónde había aportado votos al bloque antidinástico. De hecho, si se prescinde de estas secciones tan desviadas del comportamiento medio la correlación entre la suma de votos de ANV y Estella en junio y la derecha y PNV en abril se intensifica (0,963).

Otro procedimiento más rudimentario para llegar a la misma conclusión consiste en sumar los porcentajes sobre voto emitido de cada candidatura. Con la excepción del distrito de San Vicente, la suma de PNV y derecha en abril es prácticamente idéntica a la de Estella y ANV en junio. Por lo tanto, votantes nacionalistas que se habían resistido a votar al bloque antidinástico en abril preferían en junio votar a ANV que a la candidatura de Estella.

En realidad, este trasvase de votos del PNV de abril a ANV en junio no era un fenómeno sorprendente, si se prescinde de los resultados en el resto de Vizcaya y de lo que se sabe que ocurrió después. La apuesta del PNV por una coalición derechista, católica y antirepublicana como la de Estella tenía grandes posibilidades de éxito allí donde el partido había conseguido recomponer y dirigir la comunidad nacionalista. Sin embargo, en los contextos en que la evolución de la antigua comunidad sometía a ésta a tensiones entre las diferentes líneas posibles de desarrollo, la alianza con los otrora enemigos debilitaba la posición del PNV. Este era el caso de Barakaldo, donde la opción tomada por el PNV había de ser cuestionada por dos motivos. En primer lugar, porque una dinámica genéricamente de derechas diluía la especificidad del partido como referente político, condicionaba su reorganización y, en consecuencia, dificultaba la consolidación de la comunidad nacionalista. En segundo lugar, porque la vieja matriz originaria del nacionalismo estaba fuertemente erosionada en una localidad que había traspasado incluso el marco de las escisiones históricas (Partido Nacional).

La estrategia del PNV en Barakaldo dejaba multitud de flancos abiertos para el partido. En primer lugar, dejaba en el casco urbano una comunidad nacionalista huérfana que sólo contaba con el referente de la Juventud Vasca para las actividades asociativas que le eran características. En segundo lugar, suponía un decantamiento claro hacia una de las opciones españolas en lucha que situaba en disponibilidad de ser atraídos por ANV tanto a los que no estaban dispuestos a sumarse al movilización antirepublicana como a los que se mantenían en las posiciones tradicionales de independencia y exclusividad del movimiento nacionalista. En este sentido, es importante tener en cuenta que ANV satisfacía en junio ambas sensibilidades puesto que, a la vez que mantenía su carácter progresista, se presentaba a las elecciones desvinculada de la izquierda y era, en consecuencia, el único partido nacionalista que se presentaba en solitario recogiendo la antigua tradición nacionalista de ni unos ni otros.

Su posterior fracaso no debe ocultar que en los primeros meses republicanos ANV era un serio competidor del PNV por el liderazgo nacionalista en Barakaldo, y cabe hipotetizar que en otras zonas urbanas. Partía con ventaja organizativa, no mantenía ninguna ambigua relación con aquéllos que venían gobernando la provincia y la localidad desde hacía décadas, su ideología progresista se avenía con el signo de los tiempos, aparecía libre del lastre de su alianza con izquierda y, por tanto, recogía la herencia de la independencia política tradicional del nacionalismo y, finalmente, era el único partido nacionalista victorioso, con importante presencia y en el poder en los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo.

De la comparación entre las elecciones de abril y junio en Barakaldo se desprenden dos conclusiones básicas. Primero, que como defiende de la Granja, el voto de ANV procedía del campo nacionalista, no de la izquierda, pero también, y segundo, que esta transición del voto nacionalista se produjo en Barakaldo en su mayor parte con posterioridad a las elecciones municipales. Los votantes aneuvistas de junio no habían apoyado al nuevo partido en su alianza con el bloque (con excepción de San Vicente), sino que habían votado a la candidatura del PNV en las municipales de abril, e incluso a la católica allí donde éste no se presentaba. La fuerza de ANV en Barakaldo había estado, por tanto, sobrevalorada en el bloque antidinástico y eran los resultados positivos de esta sobrevaloración la causa de que, una vez desligada de los compromisos con la izquierda, ANV se perfilara para muchos nacionalistas como el partido nacionalista de futuro.

En Barakaldo se había llegado a la situación de mayoría de edad del nacionalismo en la que cabía la posibilidad de una evolución similar a la catalana. Una parte importante de la comunidad nacionalista se había desprendido ya de los conservadores contenidos sustantivos ligados a la apelación nacionalista. La síntesis sabiniana se había agotado y la defensa de la nación vasca ya no era incompatible con ser demócrata, reformista e incluso partidario de la secularización.

Ciertamente, el 8,3% del voto emitido que había conseguido ANV no era precisamente un resultado esperanzador, pero tampoco para su rival, el PNV, dibujaban los resultados electorales de Barakaldo un panorama demasiado halagüeño. Con un 23% del voto emitido, la candidatura de Estella no conseguía ni obtener los mismos votos que la suma de las derechas de abril, retroceso que porcentualmente implicaba la pérdida de más de 8 puntos. De hecho, si consideramos que la candidatura católico-monárquica había obtenido en abril un 16% de votos, resulta difícil asegurar que con el 7% restante el PNV ganara el pulso a ANV por el liderazgo nacionalista. El gran handicap para el PNV en Barakaldo era el grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la comunidad nacionalista que impedía que el partido contara a la vez con el apoyo nacionalista y con el de la derecha católica no nacionalista. Sin embargo, no era esta la situación en el conjunto del País Vasco, ni siquiera en la ciudad de Bilbao. Por ello, la evolución de la comunidad nacionalista en Barakaldo volvía a verse, como en 1923, en vía muerta ante la desconexión con el resto del País Vasco.

La reconstrucción de las derechas

A pesar de esta probable derrota inicial por el liderazgo nacionalista, las elecciones de junio revelaban que el PNV contaba con muchas más posibilidades que su competidor de cara al futuro. En primer lugar, el apoyo de las bases católicas y conservadoras era un inmenso potencial de futuro si el partido conseguía erigirse en su referente político, a la manera en que lo era el catalanismo conservador, convirtiendo el apoyo coyuntural en base electoral. En segundo lugar, sólo el PNV podía conjugar esta expansión fuera de su base tradicional con el mantenimiento del voto nacionalista. El colapso de los mecanismos tradicionales de acceso al poder de los monárquicos y su consiguiente desorganización permitían al PNV una potencial expansión hacia la derecha no nacionalista. Por el contrario, ni la fortaleza del PSOE permitía una expansión similar de ANV hacia la izquierda, ni las características de la comunidad nacionalista una apelación a las bases de la izquierda no nacionalista. Además, la clave del éxito coyuntural de ANV era también la clave de su fracaso. Era el protagonismo obtenido por su alianza con la izquierda lo que había conferido al partido los visos de rival solvente en la lucha por el liderazgo nacionalista, pero sólo a condición de que rompiera tal alianza y se presentara en solitario. Sin embargo, ni siquiera sus mejores resultados en solitario bastaban para asegurar la presencia institucional necesaria para continuar con éxito su pugna. La implantación del PNV en la Vizcaya rural y su capacidad de pacto con la derecha minimizaban los resultados del nacionalismo progresista incluso a escala vizcaíno. De ahí, que, superados los primeros momentos de debilidad, el escenario se convirtiese en claramente favorable para el PNV, incluso en Barakaldo. Dos habían de ser sus prioridades básicas: atraer a su seno a las masas católicas y conservadoras y consolidar la comunidad nacionalista recuperando a los coyunturales tránsfugas.

La reconstrucción organizativa del PNV en Barakaldo fue un proceso significativamente lento. El inicial impulso reorganizador que siguió a la caída de Primo de Rivera se había limitado, como se indicó con anterioridad, a Alonsótegui y Burceña, donde bastó la supresión de las prohibiciones gubernativas para que los antiguos batzokis renaciesen. No fue este el caso del resto del término y destacadamente del núcleo urbano. ANV llevaba la delantera asociativa incluso en zonas de tradicional dominio nacionalista como Retuerto, donde en septiembre de 1931 el nuevo partido constituía un Eusko-Etxea. Esta fecha muestra que, a pesar de su fracaso electoral, ANV continuaba constituyendo un desafío al PNV. De hecho, la mayoría de las bajas del nacionalismo ortodoxo se concentran en dos periodos que coinciden con el nacimiento de Eusko-Etxeas.

El primer grupo de bajas, en abril de 1931, afectó al batzoki de Burceña a consecuencia de la fundación del Eusko-Etxea de Cruces. El hecho de que sólo se registraran 10 bajas y que estos nombres no se encontraran en el grupo fundador del Eusko-Etxea indica que el núcleo impulsor de ANV en Cruces era ajeno al PNV del periodo republicano. Sin embargo, el hecho de que cinco de estas bajas fueran expulsiones muestra que el nuevo partido tenía capacidad para provocar conflictos en el seno del partido ortodoxo. Además, números de afiliación tan bajos como el 21, 23, 24 o 32 revelan su atractivo para sectores muy activos del nacionalismo.

La siguiente crisis se produjo en el verano de 1931 en relación con la mencionada fundación del Eusko-Etxea de Retuerto y afectó especialmente al batzoki del Regato, en el que debían de encuadrarse los nacionalistas de Retuerto a falta de centro propio. Entre julio y septiembre, 27 nacionalistas abandonaron el partido. Esta crisis tenía mayor incidencia que la de Cruces, ya que en este caso sí que ANV se nutrió básicamente de una escisión del PNV, tal y como indica el hecho de que el secretario, el vicesecretario, el tesorero y un vocal del nuevo centro fuesen bajas del batzoki del Regato. Además, 19 bajas en un batzoki que unos meses después tendría 56 socios apunta a una incidencia importante.

El caso de Retuerto es revelador de las contradicciones que afectaban a la reconstrucción del nacionalismo ortodoxo. El hecho de que una parte significativa de los hombres que se habían afiliado al PNV con la llegada de la República estuvieran dispuestos a sumarse a los efectivos de un partido ya fracasado electoralmente revela un desacuerdo profundo con la línea seguida por el nacionalismo ortodoxo. De nuevo, la estrategia antirepublicana de alianza con la ultraderecha seguida por el PNV en los primeros meses de la República aparecía como un importante handicap para su expansión en Barakaldo.

La minoría vasco-navarra en las Cortes, en la que se integró el PNV, desarrolló en un primer momento sus presupuestos de beligerancia antirepublicana. Actos como  la despedida multitudinaria a sus diputados en Guernica en julio de 1931, donde los diputados no nacionalistas realizaron beligerantes discursos antirepublicanos, y su primera actuación en las Cortes le confirió rápidamente una imagen de profundo reaccionarismo que le valió apelativos de “cavernícola” y similares. Su retirada de las Cortes en protesta por las medidas laicizadoras no contribuyó a modificar esta imagen. No fue hasta finales de año que el PNV se desvinculó de esta beligerancia antirepublicana. La vuelta a las Cortes de los diputados nacionalistas y su votación favorable a Alcalá Zamora como presidente de la República constituyeron una declaración en toda regla de un giro corpernicano hacia una estrategia posibilista de aceptación del marco constitucional republicano.

La explicación de este cambio radical de estrategia es una cuestión clave para entender el proceso de transformación del movimiento nacionalista durante la República.

De la Granja señala que, una vez enterrado el estatuto de Estella, la colaboración con los jeldikes perdía su razón de ser para los carlistas: “conseguir el Concordato vasco y ser instrumento contra la República”, mientras que “para el Partido Nacionalista, lo esencial era la autonomía y lo accesorio una facultad concreta, incluso la concordataria”. Sin embargo, como ya se argumentó con anterioridad, resulta problemático argüir esta distinción como factor explicativo del cambio de estrategia del PNV.

La distinción entre la cuestión primordial (la autonomía entendida como delegación de poderes por parte del estado central) y lo accesorio (sus contenidos substantivos) fue la nueva estrategia del PNV, la vía que permitió una actuación posibilista en el marco republicano; no la razón de la alianza con los carlistas, puesto que esta alianza era manifiestamente contradictoria con tal distinción, tal y como se expuso. En realidad, dar cuenta de la actitud del PNV en junio a partir de su nueva estrategia de diciembre conlleva el peligro de confundir el efecto con la causa. La cuestión es por qué un partido que venía negando y negó hasta la saciedad tal distinción en favor de la indisolubilidad de la autonomía y sus contenidos concretos, y actuó conscientemente en consecuencia (sin errores tácticos), pasó en cuestión de meses a negar tal presupuesto básico.

Un factor básico a no perder de vista es que este cambio estratégico no supuso una rectificación de una línea de actuación exitosa. De hecho, no se produjo hasta que el fracaso de la estrategia inicial era notorio. Tras las elecciones y la aprobación de la Constitución, la República se había consolidado y la estrategia implícita en la coalición de Estella había fracasado; no se había conseguido evitar la implantación de una República democrática y secularizante. De ello era tan conscientes los carlistas como los jeldikes. La cuestión era qué opción tomar tras este fracaso: mantenerse intransigente en los contenidos substantivos, como defendían los carlistas, o acomodarse a la situación cambiando las prioridades y aprovechando las buenas expectativas para objetivos menos maximalistas que ofrecía la situación. Al reintegrarse a las Cortes y sumarse a los votos favorables a Alcalá Zamora, los seis diputados del PNV no decidían en una reñida elección el rumbo a seguir por el nuevo régimen ni su consolidación. Simplemente anunciaban su decisión de llevar a cabo una política posibilista y lo hacían de la manera más coherente con ella. Ya que no habían podido impedir la consolidación republicana y no pensaban continuar una oposición beligerante en este sentido, mostraban su buen criterio congraciándose con los vencedores.

Queda pendiente el interrogante acerca de las razones que llevaron al PNV a desdeñar la invitación de sus compañeros de coalición a mantenerse en la postura de abierta beligerancia. Diferentes factores de orden práctico e ideológico habrían jugado en este sentido. Un elemento sin duda importante era que la continuación de la beligerancia antirepublicana entraba en contradicción con la práctica posibilista que caracterizaba al partido. En realidad el PNV nunca la abandonó. En 1931 simplemente tomó partido en una crisis abierta; una vez resuelta la crisis con la consolidación republicana el posibilismo volvió a imponerse.

Este posibilismo nacionalista no era ajeno a una consideración de orden muy práctico. La oposición radical al régimen imperante implicaba la ilegalidad y la represión. Hasta un cierto punto, la represión constituía un estímulo para el PNV, puesto que cimentaba y movilizaba a la comunidad nacionalista. Sin embargo, como había mostrado la Dictadura de Primo de Rivera, pasado un determinado punto que tenía más que ver con la prohibición de las sociedades y la prensa que con los procesos y los encarcelamientos de activistas, la comunidad nacionalista quedaba huérfana y paralizada. La estrategia de recreación de toda una nación embrionaria en el seno del partido (partido comunidad)40 necesitaba de unas garantía mínimas de libertad de asociación y actuación política que solo la legalidad otorgaba. Una vez conseguido esto, una cierta dosis de animadversión por parte del Estado no era contraproducente.

Por otro lado, un cambio en las prioridades ofrecía mucho a los nacionalistas a diferencia de lo que ofrecía a los carlistas. El caso catalán mostraba que bajo el régimen republicano se podía conseguir un nivel nada despreciable de autogobierno y, además, que el ejercicio de tal autogobierno redundaba en la consolidación del partido que lo lideraba. Por otro lado, el creciente españolismo antidemocrático que había venido inspirando a la derecha hasta culminar en la Dictadura de Primo y el compromiso progresista y republicano del catalanismo mayoritario creaba un clima favorable y confería un halo de legitimidad republicana a las reivindicaciones autonomistas, aunque ni la trayectoria ni la ideología de sus promotores jeldikes tuvieran nada que ver con el catalanismo de izquierdas. De ahí que el prestigio del catalanismo fuera tan favorable para los nacionalistas vascos, más allá del precedente que había establecido con su Estatuto.

Pero las ventajas que ofrecía la nueva situación no acababan en la probable consecución de un estatuto de autonomía. La aceptación del marco republicano ofrecía al PNV la posibilidad de convertirse en el gran partido de las derechas vascas, dados los obstáculos a que se enfrentaban sus directos competidores. La República dejaba sencillamente inertes a los monárquicos alfonsinos pues perdían su privilegiada relación con el Estado que había constituido uno de los pilares de su poder. El otro, la oligarquía vizcaína, bastante tenía con conjurar los efectos del cambio en el terreno socio-laboral.

Los carlistas no eran un serio adversario en Vizcaya y cabía la posibilidad de aprovechar a favor del partido las debilidades inherentes a su postura de beligerancia antirepublicana, sobre todo si el PNV conseguía hacerse con el previsible autogobierno y, a partir de él, consolidar su posición en todas las provincias vascas. Además, los hábitos de participación política de las masas católicas también habían de reciclarse en apoyo electoral al PNV, puesto que, por muy beligerante que fuera la Iglesia, las normas eclesiásticas instaban al voto a las candidaturas católicas con mayores posibilidades. En definitiva, el PNV se perfilaba como una fuerza de futuro frente a las limitaciones de sus competidores de derechas.

Mas la explicación del giro estratégico del PNV no puede agotarse en el estudio de las posibilidades ofrecidas por la estructura de oportunidades políticas; es necesario hacer referencia a su evaluación por parte de aquéllos que tenían poder de decisión. La evolución hacia el posibilismo republicano se veía favorecida por esa generación que se incorporó a la dirección del partido tras la Dictadura41. La progresiva independencia de conceptos como autonomía o independencia de la síntesis substantiva sabiniana tenía cabida en el horizonte intelectual de hombres como Aguirre o Irujo, que podían así propugnar la reformulación de la estrategia política del partido tras una evaluación de las circunstancias en que éste se encontraba desde nuevas prioridades. Resulta inimaginable, por ejemplo, que un integrista de mentalidad decimonónica como Luis Arana, a la sazón presidente del partido, pudiera pilotar este tipo de evoluciones, sencillamente porque para su principal prioridad el nuevo escenario no ofrecía posibilidades, sino más bien lo contrario.

Es en este resquebrajamiento del taciturno tradicionalismo integrista de los viejos jeldikes donde radica la clave de la explicación de la famosa evolución demócratacristiana del PNV. No se trata de que los nacionalistas del PNV renunciaran a unos planeamientos religiosos casi integristas, ni al racismo, ni al antiliberalismo, sino que a la altura de 1932, la coyuntura política favorecía un cambio de acentos, de tal manera que cuestiones absolutamente subordinadas cobraban relativa autonomía y podían constituir elementos importantes a la hora de evaluar la situación para diseñar una práctica política que a su vez, en la medida en que se revelaba exitosa, había de acelerar estos cambios.

Finalmente, existe un último factor entre los condicionantes del cambio de estrategia cuya importancia se revela para el caso de Barakaldo, pero cuya incidencia en general es casi imposible evaluar. En Barakaldo, donde la matriz nacionalista se había visto sometida a serias tensiones y donde existían diferentes sensibilidades nacionalistas con prioridades propias, la estrategia antirepublicana de alianza con los carlistas constituía un importante freno al desarrollo del partido. Por un lado, remitía a un tipo de movilización genérica de las derechas que diluía al PNV como opción específica y, por tanto, la necesidad de su diferenciación institucional. Por otro, entraba en conflicto con aquellas bases del nacionalismo que no compartían tal subordinación reaccionaria. No es posible establecer hasta qué punto esta situación era generalizable, como mínimo a otros contextos urbanos. En los primeros años republicanos el nacionalismo vasco vivió una importante expansión que lo convirtió en el más importante movimiento de masas del País Vasco. Sin embargo, no se conoce el ritmo con que se reconstruyó y expandió organizativamente este movimiento.

¿Fue éste un proceso lineal desde la caída de la Dictadura o se produjo un relativo estancamiento en el primer año? El estudio de José M. Tápiz permite conocer la compleja estructura interna del partido y su implantación territorial, pero la inexistencia de series documentales completas impide a su autor detallar el ritmo de su expansión organizativa y, por tanto, dar respuesta a esta cuestión. Los escasos estudios locales disponibles tampoco permiten avanzar mucho más. En un localidad de fuerte arraigo nacionalista como Bermeo, el batzoki no se reconstituyó hasta una fecha tan tardía como abril de 1931, casi coincidiendo con las elecciones. Igualmente en Amorebieta-Etxano el proceso fue todavía más lento y la reapertura se postergó hasta mayo de 1931. Los estudios sobre Durango y Plencia no abordan este tema, ni tampoco las alianzas electorales nacionalistas en las municipales.

En todo caso, de haberse producido un estancamiento similar al barakaldés, éste no sería un factor desdeñable a la hora de enmarcar el cambio estratégico del partido. En Barakaldo este estancamiento se produjo y la expansión hacia un movimiento de masas sin precedentes no se aceleró hasta después del giro estratégico del PNV. Hasta junio de 1931 no se reconstituyó la histórica Euskalduna de San Vicente. Tras esta refundación, el proceso se estancó de nuevo hasta finales de 1932, con la excepción de la constitución a principios de este año del batzoki del Regato y los comentarios de que se estaba reorganizando el Batzoki de Retuerto a partir de unos 90 afiliados al PNV.

En abril de 1932, Euskalduna contaba con 182 socios, el batzoki de Burceña con 159 y el del Regato con 56. Euskalduna y Burceña tenían además su organización femenina, Emakume Abertzale Batza, con 107 y 105 socias respectivamente. Los datos revelan la muy desigual implantación del nacionalismo ortodoxo en el término municipal, característica tradicional del nacionalismo barakaldés que en estos momentos era especialmente relevante. Mientras tres batzokis cubrían a los 10.000 habitantes que habitaban fuera del núcleo urbano, con porcentajes de afiliación de un socio por cada 21 habitantes en Burceña y 26 en Regato, sólo Euskalduna constituía el punto de referencia nacionalista para los casi 25.000 habitantes del núcleo urbano. A mediados de 1932, en un contexto de movilización política sin precedentes, ni siquiera había conseguido el PNV reconstituir su entramado asociativo anterior a la Dictadura.

Después de la fundación del batzoki del Regato, los batzokis seguían encuadrando a 397 socios y como mucho podría elevarse la militancia a 480, suponiendo que los 90 afiliados que promovían el batzoki de Retuerto no estuviesen contabilizados en los anteriores. Del verano de 1931 a la primavera de 1932, por tanto, a pesar de sus importantes efectivos, el nacionalismo mostraba un estancamiento.

El gran salto hasta constituir un movimiento sin precedentes en la localidad se produjo con posterioridad a esta fecha. En diciembre de 1932, el PNV contaba con 684 afiliados, datos del ayuntamiento de enero de 1933 cifraban en 1018 los socios de batzokis y en 219 las emakumes46 y datos más realistas del propio PNV para enero de 1934 establecían 906 socios de batokis y 596 emakumes, sin contabilizar el batzoki del Regato.

Esta expansión se basó en la consolidación institucional del PNV completando y ampliando su red de batzokis y en el éxito de Emakume Abertzale Batza a la hora de encuadrar a las mujeres nacionalistas.

Según Camino, en abril de 1932 se fundó la sociedad Instrucción y Recreo con el fin de construir un nuevo batzoki para el núcleo urbano. Diferentes personalidades nacionalistas formalizaron la inscripción de la sociedad ante notario con un capital social de 16.500 pesetas y se emitieron 1000 obligaciones de 1000 pesetas. En junio de 1933 se produjo la inauguración de este Eusko-batjokija de Barakaldo en el Paseo de los Fueros, que continuamente se confunde con su matriz originaria en Euskalduna.

Este batzoki fue el vertebrador de la expansión nacionalista en el núcleo urbano. De los escasos 182 socios de Euskalduna en abril de 1932 había pasado a 436 a finales de 1933.

La reconstrucción continuó con la refundación del batozki de Retuerto que debió de producirse a finales de 1932, y con la fundación del batzoki de Lutxana en septiembre de 1933. Así, pues, en septiembre de 1933, el PNV no sólo había logrado reconstruir la red asociativa del nacionalismo histórico, sino que la ampliaba con nuevos batzokis como éste de Lutxana.

Por otro lado, los batzokis eran el centro de un movimiento más amplio. Los batzokis nacionalistas ofrecían espacios de sociabilidad específicos como las secciones de jóvenes (gaztetxus) o de excursionistas (mendigoxales). En este sentido, el mayor éxito del PNV durante la República fue su capacidad para movilizar un amplio número de mujeres a través de Emakume Abertzale Batza, que a finales de 1933 rozaba en Barakaldo las 600 afiliadas. Así, un nuevo batzoki como el de Luchana no sólo contaba con 150 socios, sino que encuadraba a 100 emakumes, 120 gastetxus y 20 mendigoxales.

El talón de Aquiles de este amplio movimiento social en Barakaldo era su organización sindical. A pesar de contar con el apoyo de ambas ramas del nacionalismo barakaldés, STV no logró trasladar al campo sindical la vitalidad que los nacionalistas mostraban en el ámbito político y societario en general. En abril de 1932, un solidario se quejaba de que, a pesar de disponer ya de locales, “no podemos llegar siquiera al medio millar [de afiliados], cifra para mi insignificante dado el abolengo nacionalista  de este pueblo”. A comienzos de 1933, los 325 afiliados que recogía el estadillo municipal situaban al sindicato nacionalista en un modesto lugar frente a los 940 del sindicato anarcosindicalista El Yunque o los 2408 del socialista Sindicato Metalúrgico y esto sin tener en cuenta que estos dos últimos eran sindicatos especializados, mientras que STV se dirigía a todos los asalariados. STV no rompía con el estrecho margen de afiliación del sindicalismo católico. De hecho, ni siquiera privaba a éstos de su espacio.

El Sindicato Obrero Católico Metalúrgico y el Centro Católico Obrero, con 100 y 180 afiliados respectivamente, mantenían su espacio frente a los nacionalistas.

Al margen de la fiabilidad de estas cifras, parece claro que a comienzos de 1933 el nacionalismo ortodoxo había conseguido imponerse en Barakaldo sobre su competidor de ANV. Dos eran las claves de su victoria: su implantación en los barrios y las emakumes. Si se prescinde de estos dos elementos y se reduce el análisis a la militancia masculina del núcleo urbano, la distancia entre ambas ramas del movimiento se acorta considerablemente. La vitalidad de ANV en San Vicente y el Desierto se mantuvo a pesar del restringido espacio político del nuevo partido. En febrero de 1933 la Juventud Vasca inauguraba su nuevo edificio con una multiplicidad de actos en los que marcaban su carácter liberal y laico frente al nacionalismo ortodoxo.

El nacionalismo vasco tenía serias dificultades para conseguir ser referente político en Barakaldo. A la derecha de PNV, sólo los carlistas mantenían una actividad societaria. Un listado de socios sin fecha, pero de este periodo, situaba en 290 los militantes masculinos de Sociedad Tradicionalista78, que mantuvo una permanente actividad durante los años de la República a través de conferencias y diversos actos. Las conferencias carlistas solían convocar a unas doscientas personas, mientras que la asistencia a sus veladas teatrales rondaba el medio millar. Incluso en actos puntuales como el banquete-mitin celebrado en diciembre de 1932 el tradicionalismo barakaldés podía movilizar a unas mil personas o mil doscientas en otra conferencia de abril de 1933.

Entre los carlistas y los nacionalistas, el movimiento católico barakaldés vivió durante los dos primeros años de la República una significativa revitalización.

Diferentes organizaciones como las congregaciones, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos o la Asociación Católica de Padres de Familia vehicularon la movilización católica contra las medidas laicizadoras de la República. De hecho, a juicio de Plata, el robustecimiento de la Acción Católica y asociaciones afines fue la respuesta de los católicos neutros a las República.

Esta dinamización del movimiento católico barakaldés se tradujo en 1933 en la eclosión de la prensa católica. En marzo de 1933 aparecía el Eco de la mujer católica de periodicidad mensual, el bisemanario El amigo de los niños y de los mayores y Espigas de periodicidad irregular. Coincidía esta eclosión con el momento de máxima tensión de la opinión católica vizcaína a consecuencia de la decisión del ayuntamiento de Bilbao de demoler el monumento al Sagrado Corazón construido durante la Dictadura.

Este pujante movimiento católico era un capital político que todas las opciones de la derecha barakaldesa pretendieron atraer. La pugna más sonora era la que mantenían carlistas y nacionalistas; pero este enfrentamiento abierto no debe ocultar que tradicionalmente estos católicos neutros habían sido la base electoral de los monárquicos y que éstos seguían contando con ellos para las futuras contiendas electorales, a pesar de no disponer de organización institucional durante toda la República. El catolicismo barakaldés se convirtió así durante el periodo republicano en el terreno de batalla de diferentes opciones políticas que aspiraban a erigirse en su referente político. Con ello no quiere decirse simplemente que aspiraran a captar el voto de los católicos, sino que pretendían convertirse en la voz de los católicos actuando en tanto que católicos.

Esta puntualización es especialmente necesaria en Barakaldo, puesto que el grupo de centro-izquierda como ANV nunca ocultó las convicciones católicas de sus dirigentes y buena parte de sus bases. Por ello, criticaba abiertamente actuaciones como la no intervención de la banda municipal en un baile el día de Viernes Santo forzada por la izquierda (“sectarios liberticidas”). Sin embargo, su distancia ante la estrategia de los partidos de la derecha quedaba claramente ilustrada en su crítica al carácter nacionalcatólico del Aberri Eguna del PNV del año 1933: “como dijo el mártir de Abando: Euzkadi es la Patria de los vascos, no como algunos han llegado a figurarse que, Euskadi es la patria de los católicos. La religión es universal y Jesucristo dio su sangre en el Gólgota por todos los pecadores”.

Las distinciones que ANV establecía entre política y religión no eran de recibo entre la derecha barakaldesa. Los referentes políticos en pugna pretendían erigirse en la expresión lógica y última del catolicismo, convirtiendo el voto a su partido en un resultado automático de la opción religiosa.

Desde la proclamación de la República, los carlistas tenían claro que su opción política era la expresión consecuente del sentir católico. Así, el carlista Agustín de Tellería concluía su multitudinaria conferencia en 1932 “confiando en el buen sentido de los católicos, de que éstos, por persuasión pasarán a engrosar las filas del tradicionalismo, de los soldados de Cristo, cuyo emblema es la Cruz”. Ciertamente, los carlistas sintonizaban ampliamente con los planteamientos del catolicismo social local.

Muestra de esta sintonía era la fiesta de fraternidad cristiana celebrada en la fábrica del carlista José M..Garay, concejal en varias ocasiones durante la Restauración. La doctrina social de la Iglesia como remedio mágico al conflicto social aparecía, además, en casi todas sus conferencias, desde las monográficas dedicadas al tema como la del carlista local Angel Basterrechea sobre “los grandes errores sociales” a las críticas que

Ignacio Arroyo Abaitua dirigía a “algunos patronos que se llaman católicos y en cambio niegan a sus obreros una subida de jornal que les permita vivir con decoro”.

El problema radicaba en que estos planteamientos no les alejaban demasiado de los nacionalistas, quienes también compartían este tipo de discurso. Entre las razones que los nacionalistas esgrimían desde Euzkadi para sumarse con entusiasmo al homenaje de 1935 al recién nombrado Obispo de Pamplona destacaban “por ser el obispo obrero, hijo de obrero, como tantos de nosotros, con una inmensa preocupación por la justicia social, amante como ninguno del obrero y de sus hijos por considerarles como verdaderos hermanos”. Exactamente lo mismo que, como se verá, proclamó el Obispo durante el homenaje.

Un proyecto prototípico del catolicismo social local como la Casa Social Salesiana tenía como padrino al ya mencionado carlista José M. Garay, pero su arquitecto, Benito Areso, aparece en 1936 como presidente del Batzoki de Barakaldo.

Sin duda, existía una distinción entre los nacionalistas y los carlistas en cuanto al catolicismo social que compartían. Mientras los primeros se quedaban en la cuestión ideológica, los segundos, sin apartarse radicalmente del marco, incidían también en las condiciones materiales. El sindicato nacionalista STV marcaba la diferencia entre las declaraciones retóricas y la acción práctica. De la misma manera que lo hacían las propuestas socialcristianas defendidas en las Cortes por los diputados nacionalistas en 1935, que no contaron con el apoyo de la CEDA. Pero esto sucedía cuando la ruptura del PNV con La Gaceta del Norte y el resto de la derecha ya se había producido, y el nacionalismo se alejaba de sus planteamientos de los primeros años republicanos.

Además, el panorama se complicaba cuando una parte de los llamados católicos neutros respondió a estas presiones para la alineación política apostando por una fuerza política autónoma: Acción Popular. En marzo de 1933, en una reunión a la que asistieron unos 25 individuos86, se eligió un comité organizador que daba por concluidas sus tareas a mediados de abril. Para esta fecha ya contaba la nueva formación con sus estatutos aprobados por el Gobierno Civil y procedía a su constitución con la asistencia de 50 socios. Era el primer centro del partido de Gil Robles en Vizcaya, ya que hasta junio de 1934 no se fundó el centro de Bilbao.

En Acción Popular convergían buena parte de las clases medias-altas de la localidad que tradicionalmente habían tutelado el movimiento católico y los dirigentes del sindicalismo católico local. Figuraban en su junta médicos, altos empleados de Altos Hornos e ingenieros, todos ellos con rentas anuales elevadas, acompañados de los dirigentes del Sindicato Católico Obrero Metalúrgico, posteriormente Sindicato Católico Siderúrgico, de mucha menor significación social. Sin embargo, más allá de la influencia que esta apuesta política pudo tener en la eclosión de la prensa católica local, el centro Acción Popular no tuvo prácticamente actuación pública en Barakaldo.

En resumen, las diferencias entre los referentes políticos que se ofrecían a los católicos barakaldeses no estribaban, por tanto, en la manera de abordar la cuestión social. Tampoco parecían radicar en la renovación litúrgica, si tenemos en cuenta que del mencionado homenaje al Obispo de Pamplona el acto que más impresionó al corresponsal de Euzkadi fue la misa solemne sólo para hombres. La cuestión clave era la postura adoptada ante la República. La propuesta de los carlistas era clara. Los católicos debían sumarse a la beligerancia antirepublicana que defendía el tradicionalismo, “para volver a teñir de rojo la franja morada, que actualmente ostenta la bandera nacional, y luchando contra la República si se opone a ello”, como expresaba Jesús Elizalde en 1932. Los nacionalistas y la misma Acción Popular optaban por el posibilismo, acatando el marco republicano. Como explicaba en 1933 Pedro de Basaldua en el Batzoki de Barakaldo, “para implantar el nacionalismo en España se pueden seguir dos procedimientos, uno de acción directa que es el que siguen los sindicalistas y anarquistas y otro el de la vía legal o sea sometiéndose en todo a las leyes”. Aunque este posibilismo no implicaba la renuncia a la desobediencia, ya que “los vascos no tienen por qué cumplir leyes que son dictadas por el país opresor y por lo tanto al no cumplirlas no se salen de la legalidad”.

El mismo Pedro de Basaldua, posteriormente secretario del lehendakari Aguirre, era un ejemplo de los estrechos lazos que unían a los dirigentes nacionalistas al mundo católico, a la vez, que de la resistencia de este mundo a tomar una definición política unívoca. Pedro de Basaldua se había movido preferentemente en el ámbito de las organizaciones católicas y compaginó esta actividad con su evolución hacía el nacionalismo. De ahí que en 1933 alternara las conferencias en el Centro Católico Obrero con la propaganda en el Batzoki de Barakaldo y una creciente actividad nacionalista que, tras su paso por la cárcel de Larrinaga, le confirió en 1934 una notable popularidad. Pedro de Basaldua pertenecía a una de esas familias de clase media-alta que en Barakaldo se habían mantenido alejadas del nacionalismo y que gravitaban en torno al catolicismo neutro de Urquijo y La Gaceta del Norte. Su padre, industrial y contratista, había sido presidente en los años veinte del Centro Católico Obrero; su tía, Angela Pinedo Axpe, era la presidenta de la Acción Católica Femenina y la impulsora de su Eco. El hijo de ésta, el ingeniero José M. de Basaldua Pinedo, era en 1933 el inspirador de Acción Popular. Una rama de la familia, por tanto, había optado por Gil  Robles como el referente político natural de la tradición católica. El mismo Pedro no parecía muy alejado de las opciones de su primo en el momento de proclamarse la República, pues había sido candidato en las elecciones municipales de 1931, pero no por el PNV, sino por la candidatura católico-derechista.

La tendencia que se detecta entre estas familias de clases media-alta estaba más en consonancia con la opción de Pedro de Basaldua que con la de su primo José M. Esta evolución perfilaba al PNV como la opción de futuro para liderar el campo católico. Existía, en primer lugar, un factor táctico o coyuntural. Descartada la abierta beligerancia antirepublicana de los carlistas, el tradicional tacticismo católico que propugnaba el voto para las opciones con más posibilidades de ganar jugaba claramente a favor del PNV, especialmente en 1933 cuando hasta La Gaceta del Norte defendió el voto para los nacionalistas. Pero existía, además, una evolución más profunda que afectaba a las familias de clase media-alta, componente característico de las tradicionales fuerzas vivas locales. Se trataba de una evolución generacional que llevaba a los miembros más jóvenes de estas familias de tradición católica al nacionalismo.

Un ejemplo de esta evolución lo constituye la familia Sagastagoitia. Domingo Sagastagoitia Aboitiz (n. 1847), excombatiente carlista, era un alto empleado de AHV con una larga trayectoria política en el ayuntamiento de Barakaldo. Concejal en los periodos 1885-89, 1893-97 y 1905-1910, fue alcalde en 1895 y primer teniente de alcalde de 1905 a 1910. Su definición política había sido la de católico, católico neutro o católico de Urquijo según el momento, y había presidido el Centro Católico Obrero en diferentes periodos desde 1904 a 1928. De hecho, fue como presidente de esta institución que se integró en 1928 en el Comité que preparaba el Homenaje a Primo de Rivera. Era, por tanto, un representante prototípico de las fuerzas vivas que habían dirigido la localidad bajo la tutela de Altos Hornos durante la Restauración.

El protagonismo político de la familia se mantuvo bajo la República, cuando sus hijos tomaron el relevo, pero ahora bajo progresiva adscripción nacionalista. Una adscripción tardía, sin embargo, puesto que todos ellos habían nacido en la década de los 80 y rondaban la cincuentena. En 1931, su hijo, Eloy de Sagastagoitia Iza (n. 1882), un empleado con uno de los ingresos anuales más altos de la localidad (10.000 pts), parecía seguir el camino de unidad de derechas tradicionales marcado por su padre al resultar elegido concejal por la candidatura de católicos de la derecha, en la que figuraba también Pedro de Basaldua. Ello no obstó para que en 1933 apareciese como vicetesorero del batzoki de Barakaldo. Su hermano mayor José Ignacio (n.1879) era tesorero en 1934 del mismo batzoki, cargo que había ocupado su hermano menor, Gregorio (n.1889), en 1933, a la vez que continuaba en el Centro Católico Obrero en 1936.

Si en esta generación de los hijos todavía se detectaban vacilaciones en los momentos claves, o en todo caso, no existía una militancia notoria en el campo nacionalista con anterioridad al periodo republicano, en la generación de lo nietos la adscripción al PNV era completa. Un hijo de José Ignacio era secretario del Barakaldo’ko Buru Batzar en 1931-32, otro hijo era vocal de STV y pasó por la cárcel de Larrinaga en 1934 y una hija secretaria de las Emakumes barakaldesas (otra era monja). El mayor de los 11 hijos de Eloy era también socio del Batzoki de Barakaldo.

En los Sagastagoitia se constata, por tanto, la evolución táctica y generacional de un linaje de las fuerzas vivas (todos empleados) hacia el PNV; la misma evolución de una rama de los Basaldua. Son pocas las familias de las que se dispone de tantos datos, y por tanto, pueden no ser representativas, pero no deja de ser significativo que no se detecten evoluciones a la inversa o hacia el carlismo. Ningún miembro de una tradicional familia nacionalista se pasó al carlismo vía catolicismo, mientras que sí que parecen detectarse casos en sentido opuesto. El joven arquitecto, ya mencionado, Benito Areso era sobrino de un jaimista concejal en los últimos años de la Dictadura y candidato en las municipales de 1931 por los católicos de la derecha.

Esta tendencia perfilaba a los nacionalistas como la opción de futuro de la derecha, tanto por atraer progresivamente a los católicos como por la incidencia que empezaba a tener en ese estrato de clase-media alta donde hasta el momento no habían tenido influencia.

Las elecciones de 1933

Las elecciones a Cortes de 1933 supusieron el momento álgido del PNV en este proceso de ampliación de sus bases electorales, tanto a derecha como a izquierda. La clave de este éxito radicó en la capacidad para captar a la vez el apoyo de los católicos neutros y de los nacionalistas de centro-izquierda de ANV. Esto fue posible gracias al triunfo que había supuesto sólo una semana antes de las elecciones el referéndum sobre el Estatuto. En tanto que primera fuerza política católica, el PNV podía aspirar a conseguir los votos de los católicos y de la derecha en general; en tanto que fuerza que había liderado la elaboración del Estatuto, podía reclamar los votos de los nacionalistas de ANV. El problema era como conjugar las dos posibles estrategias (frente católico, frente nacionalista) a la vez.

Diferentes factores llevaban a ANV a buscar la alianza con el PNV en lugar de con la izquierda. Junto al PNV, los nacionalistas de ANV habían colaborado en las movilizaciones nacionalistas y habían sido también víctimas de la represión gubernamental contra el nacionalismo vasco del año 1933. En el caso de Barakaldo, este acercamiento al PNV se vio acompañado del enfrentamiento violento con las izquierdas.

El 5 de mayo, tras la exitosa huelga general convocada por STV en Bilbao y la margen izquierda, la Juventud Vasca de Barakaldo fue tiroteada. A pesar de haber sido las víctimas de la agresión, seis aneuvistas fueron detenidos y la Juventud clausurada por haberse encontrado armas en su interior89. Este suceso remite a la violencia política latente en la localidad protagonizada por los grupos de acción armados de las distintas opciones políticas, entre las que, según de la Granja, se encontraba también ANV.

Habiéndose deteriorado las relaciones con la izquierda hasta este punto, no era de extrañar que las posibles estrategias electorales de ANV se limitaran al ámbito  nacionalista. La asamblea local estableció el siguiente orden de preferencias para las negociaciones electorales con el PNV. En primer lugar, una coalición de PNV, ANV y Partido Radical, que se había comprometido con el Estatuto; en segundo lugar, un frente nacionalista; y, finalmente, la libertad de voto91. En términos similares se pronunció la asamblea vizcaína del partido. Las negociaciones, sin embargo, no dieron fruto y, finalmente, a pesar de las acusaciones de deslealtad y mala fe a los jeldikes, acabaron recomendando el voto para el PNV.

La intransigencia aneuvista ante una candidatura que incluyera a personalidades católico-conservadores fue el argumento jeldike para romper las negociaciones. Tanto La Gaceta del Norte como El Nervión venían defendiendo una única candidatura católica, es decir, una reedición de la candidatura de Estella, cómo mínimo para el distrito de la capital. Sin embargo, tampoco en esta línea las negociaciones electorales del PNV dieron fruto. La derecha no nacionalista acabó presentando una candidatura que incluía a monárquicos y tradicionalistas. Las escasas posibilidades de esta candidatura eran evidentes, ya que La Gaceta del Norte, no sólo apoyó a los nacionalistas siguiendo las directrices eclesiásticas de votar a la opción con mayores posibilidades, sino que además conminó a la candidatura de la derecha a retirarse.

La única referencia a las actividades de apoyo a esta candidatura en Barakaldo es un telegrama del bloque de derechas pidiendo protección al Ministro de la Gobernación “para evitar tener que defenderse por sí mismos”. Pedro Elías, que  firmaba el telegrama como presidente de este bloque de derechas, era un ingeniero de Altos Hornos que había sido jefe de la Unión Patriótica. Sin ningún tipo de estructura asociativa, la actividad monárquica en Barakaldo seguía dependiendo de las personalidades tradicionales y destacadamente del poder de la empresa Altos Hornos. No en vano, Gabriel Zubiría, presidente de AHV, había sido el director de la juventud monárquica en 1930. Resulta significativo que la misma La Gaceta del Norte, que  apoyaba a los nacionalistas, calificase a los atacados como católicos, subrayando que, a pesar de su propia opción, el catolicismo local constituía la base casi natural de la derecha no nacionalista.

El PNV, por su parte, concurrió finalmente en solitario a las elecciones, sin que ello supusiera ningún fracaso para los jeldikes. De la Granja establece que “el PNV negoció a dos bandas: con la derecha católica y el centro” y “no tuvo voluntad de llegar a una alianza electoral y se sirvió de ANV para echarles la culpa de la ruptura de sus acuerdos con los radicales y con los católicos, porque prefirió acudir en solitario a las elecciones para rentabilizar por completo el reciente éxito del Estatuto”. Así, pues, “el PNV, sin hacer concesiones, obtuvo los apoyos de La Gaceta del Norte y de ANV”.

En la triangulización que volvía a presidir la vida política vasca, el PNV, consciente de la excelente coyuntura, aparecía como una fuerza centrista, ajena a las estridencias de ambos extremos. Un artículo significativamente titulado “Por qué votaré la candidatura nacionalista sin ser vasco” ilustraba que el pragmatismo nacionalista llegaba en esta ocasión a substituir el originario antimaketismo por apelaciones a los inmigrantes en las que subrayaba su carácter demócrata-cristiano y su condición de dique contenedor de la izquierda: “Porqué elegí libremente este país para crear en él mi familia y mi hogar, atraído por su belleza natural y por la nobleza y laboriosidad de los vascos” “Porque el Partido Nacionalista Vasco no pretende imponer fuera de su patria ni ideas ni formas de gobierno y es tradicionalmente demócrata y cristiano” “Porque trata, heroicamente, de detener la invasión de demagogias exóticas que quieren cambiar sus leyes y sus instituciones”.

Con el 31% de los votos, el PNV se convertía en 1933 en el primer partido del País Vasco y conseguía 12 de los 16 diputados en liza. A pesar de su recuperación, la derecha no nacionalista había de conformarse con dos actas para los tradicionalistas y una para Renovación Española. La izquierda, por su parte, sólo conseguía las minorías por Vizcaya-capital, donde fueron elegidos diputados Prieto y Azaña.

En Barakaldo, los resultados de las elecciones supusieron una espectacular recuperación de voto conjunto de la derecha. La derecha no nacionalista, que concurría por primera vez en solitario a unas elecciones republicanas, conseguía el 11% de los votos. El PNV, por su parte, alcanzaba el 37%. El crecimiento nacionalista en relación a los resultados de 1931 era más que notable, máxime cuando en aquella ocasión representaba a toda la derecha en la llamada Coalición de Estella. La izquierda, por su parte, cosechó los peores resultados de la etapa republicana. Izquierda y derecha prácticamente empataron en esta elección.

Posteriormente a las elecciones, estalló una agria polémica entre Euzkadi y Tierra Vasca sobre el destino de los votos de ANV. Un primer indicio del compromiso de los aeneuvistas con la candidatura jeldike es la continuación de la violencia que le enfrentaba a la izquierda. En la tarde del día de elecciones, grupos de izquierda dispararon contra miembros de ANV en un bar y por la noche la Juventud Vasca fue ametrallada de nuevo99. Como en mayo, el incidente se resolvió con la detención de la junta directiva de la Juventud y un segundo cierre de la entidad, ante las protestas de los aneuvistas que señalaban al juez municipal, hijo del primer teniente de alcalde socialista, como dirigente de los grupos de acción de la izquierda.

Este ataque provocó también la repulsa del PNV, “más cuando durante toda la jornada del domingo nuestros compatriotas de Acción laboraron con tanto entusiasmo como que más en favor del triunfo de la candidatura patriota”. Sin embargo, rápidamente el PNV se aprestó a minimizar el apoyo recibido. En abierta polémica con Tierra Vasca, desmentían los jeldikes que hubieran existido 2000 papeletas con el sello de ANV, “no llegaron a 200″. Cuatro días después aceptaban que éstas habían sido cerca de 600, es decir, la mitad de la fuerza electoral que estimaban a los aneuvistas.

Aun descontando el apoyo recibido de derecha e izquierda, estos resultados no dejaban de ser un éxito para el PNV. Y es que, como concluía Langille, “ha llovido mucho desde 1931 (…) En dicha época el Partido Nacionalista Vasco, no contaba en toda la anteiglesia más que con un solo batzoki y el número sus afiliados no llegaba a 300. Ahora 7 batzokis con un millar de afiliados, mil mujeres…”.

3.2.- Bases sociales y electorales

En las elecciones de 1933 el nacionalismo vasco había concluido en Barakaldo el proceso de expansión y reorganización iniciado tras el desconcierto que siguió a la proclamación republicana. Había consolidado su presencia institucional y sus bases electorales y parecían derivar hacia el centro del espacio político, más por contraste con lo que pasaba en el resto de España que por evolución ideológica.

Antes de continuar con el hilo cronológico, se realizará un análisis de qué grupos sociales encuadraban estas opciones y qué grupos les votaban, es decir, el anclaje social de cada opción.

Antes de abordar este análisis de las bases sociales y electorales de los distintos grupos de las derechas locales es necesario realizar algunas consideraciones sobre los criterios de clasificación utilizados. La escala social que se utiliza se ha establecido a partir de las profesiones recogidas en los padrones municipales. Sólo para algunos casos puntuales se dispone de otro tipo de información como la fiscal. A partir de la profesión se han establecido los siguientes grupos socio-profesionales:

a) clases altas, que engloba a propietarios, profesionales liberales (abogados, médicos, etc) y altos empleados como ingenieros o gerentes.

b) clases medias, incluyendo tanto a los grupos mesocráticos independientes (comerciantes, industriales, contratistas, etc.) como a los dependientes (empleados, funcionarios, etc)

c) oficios, que agrupa a artesanos como herreros, zapateros, carpinteros, etc.

d) clases bajas, que incluye a todos los trabajadores, ya sean especializados o no.

e) labradores

Toda clasificación social se enfrenta a multitud de objeciones tanto por los límites de cada categoría como por la vaguedad e imprecisión de las fuentes en que se basa. Las categorías utilizadas para este estudio pretenden simplemente ser operativas. Intentan ser homogéneas para permitir la comparación, a la vez que dar cuenta de las fronteras sociales existentes en ambas localidades.

Barakaldo era una población fruto de la inmigración de obreros que trabajaban en grandes industrias como Altos Hornos de Vizcaya. Era una localidad dividida básicamente entre trabajadores de fábrica y empleados (77,5% y 8,8%, respectivamente). La presencia de propietarios y rentistas era mínima, (0,12 %); igualmente la de clase alta (0,67%). Las clases medias independientes llegaban al 3,5% y en oficios al 2,95%. Un 10% son labradores.

Las bases sociales

El primer obstáculo al que se enfrenta el análisis de las bases sociales de las diferentes fuerzas políticas es la falta de homogeneidad de las muestras sobre las que se trabaja, ya sea por su tamaño o por la forma en que se han obtenido. Las muestras se han elaborado a partir de las juntas de las sociedades locales, de los candidatos a concejal o de las personas que por algún motivo aparecen en la documentación trabajada. Su tratamiento acrítico implica un riesgo de distorsión notable, ya que la parcialidad de la fuente puede trasladarse al análisis. No puede compararse una muestra de militantes de ANV obtenida a partir de la juntas de las Eusko-Etxeas más las listas parciales de sus fundadores con una muestra del PNV obtenida sólo a partir de las juntas de los batzokis.

Los hombres que integraban las juntas o los candidatos no necesariamente tienen por qué ser socialmente representativos de los militantes. Por el contrario, parece plausible la existencia entre los integrantes de las juntas de una sobrerrepresentación de hombres procedentes de las clases medias o altas, ya fuera por relevancia social, educación o simplemente hábito de actuación en la esfera pública. Por ello, se ha optado por reducir la comparación a muestras de integrantes de las juntas de las sociedades políticas. Las conclusiones refieren, pues, al perfil social de los dirigentes locales. En los casos en que se tiene más información se hace un análisis aparte. Sólo para la Sociedad Tradicionalista de Barakaldo se dispone de un listado completo de sus socios.

Por otro lado, el tamaño de las muestras oscila notablemente. Ni todas las opciones tenían la misma implantación, ni se han encontrado las series completas de juntas para toda la República. En el caso de Acción Popular esto no representa un grave problema. Se trataba de una opción minoritaria en ambas localidades que, además, casi no dejó rastro de actividad. En este sentido, los 15 hombres de Barakaldo que fundaron el centro de este partido resultan bastante significativos del grupo social que representaban. No ocurre lo mismo con opciones de mucha mayor implantación como el nacionalismo vasco. En este caso, la carencia de información sobre años o barrios puede introducir distorsiones.

La información sobre las personas que forman las muestras se ha obtenido básicamente a partir de los padrones municipales que se han completado con otras fuentes como censos electorales, listados de contribuyentes, etc.

PERFIL SOCIAL

Frente al carácter mesocrático del resto de las opciones, el nacionalismo ortodoxo aparece como una opción claramente interclasista con un notable peso de las clases bajas. El 66.6% de los dirigentes locales del PNV procedía de las clases bajas, de los cuales un 53.8% aparecía en las fuentes consultadas como jornaleros u obreros. Este peso de los trabajadores perfila al nacionalismo como un movimiento claramente popular, pues cabría suponer que este porcentaje se ampliaría todavía más en la militancia. El otro componente fundamental de las bases sociales nacionalistas serían las clases medias, destacadamente las dependientes. La presencia de las clases medias (29.4%) dobla el porcentaje de este grupo sobre la población barakaldesa (12.2 %), pero esta desproporción es mucho menor en este caso que en el resto de las opciones de la derecha local. Un 2.5% de clases altas entre los dirigentes nacionalistas constituye un dato revelador de ese progresivo desembarco de la burguesía local en el nacionalismo durante la República que se ha comentado con anterioridad. En resumen, pues, el análisis de la composición social del grupo dirigente local nacionalista presenta la imagen de un movimiento en el que las clases medias y altas están sobrerrepresentadas, pero que a la vez, cubre todo el espectro social en un amplio frente interclasista.

Por contraste, se subraya el carácter mesocrático de los dirigentes del resto de las opciones de la derecha. Incluso en el tradicionalismo, cuyo arraigo popular en el País Vasco es destacado por diferentes autores, destaca la presencia hegemónica de las clases medias dependientes. El carlismo barakaldés era un movimiento dirigido por empleados (60%) que sólo contaba con un 27% de obreros entre sus dirigentes.

Mucho más elitista era el movimiento católico. El hecho de que la presencia de las clases bajas entre sus dirigentes superase ligeramente la de los carlistas no cuestiona esta caracterización. El 32% de trabajadores es un efecto de la composición de la muestra, ya que se han incluido las juntas del Sindicato Católico Siderúrgico. Aún así, destaca entre los dirigentes católicos la notoria sobrerrepresentación de las clases altas, nada menos que un 9.6%. Esta fuerte implicación refuerza la idea ya expuesta de la tradicional tutela de la burguesía local sobre el mundo católico. De hecho, el mundo católico era y había sido el único ámbito de actuación posible para estos grupos burgueses no nacionalistas o carlistas, ya que no existió durante la República una sociedad monárquica local. Se subraya así la íntima relación entre mundo católico local y orden burgués. Una simbiosis tradicionalmente expresada en clave monárquica que a la altura de la República quedaba huérfana en cuanto a su adscripción política.

La continuación lógica de esta simbiosis entre catolicismo y burguesía local era Acción Popular. Un análisis de sus 15 dirigentes revela la hegemonía de las clases medias y altas. Un 23% de clases altas apunta a que Acción Popular era la opción política por la que más decididamente apostó este grupo social. Como ya se indicó, los dos obreros que alternan con este grupo de ingenieros industriales, médicos y altos empleados de AHV eran dirigentes del sindicalismo católico con los que había que contar necesariamente si se pretendía conseguir un cierto calado social para el nuevo partido.

En resumen, pues, puede concluirse que en todos los grupos de la derecha local  las clases medias estaban sobrerrepresentadas en relación a su porcentaje sobre la población. Sin embargo, esta sobrerrepresentación no impide que las diferentes opciones se puedan ordenar a lo largo de una escala que iría desde el movimiento más popular que era el nacionalismo hasta Acción Popular que aparece como un grupo claramente burgués. Esta ordenación se ve confirmada si, en lugar de atender a la profesión, se tienen en cuenta los ingresos anuales declarados en el Padrón Municipal de 1930.

Desde este criterio, el carácter popular del nacionalismo queda incluso amplificado, pues el 46.9% de sus dirigentes no supera las 2.500 pts anuales. Esta cantidad se corresponde con un jornal de unas 8 pesetas diarias que es lo solían declarar la mayoría de los jornaleros en el padrón municipal. El 59% no pasa de las 3000 pts anuales que abren la franja de confluencia entre los obreros especializados y los empleados bajos. Además, el 92% está por debajo de las 4000 pts. anuales que constituía el salario de los empleados medios, entre ellos algunos maestros.

En contraste a este carácter popular del nacionalismo, el grupo dirigente carlista se perfila más mesocrático. Sólo un 29% de ellos está por debajo de las 2.500 pts frente al 46% de los nacionalistas y un 25% supera las 4.000 frente al 8% nacionalista. En el caso de los católicos el contraste es más acusado. No se trata sólo de que el 50% de los dirigentes católicos supere las 4.000 pts., sino que además un 25% está por encima de las 6.000 pts. que constituían el salario anual de los altos empleados y de los profesionales liberales mejor remunerados. Téngase en cuenta que esta cantidad era la declarada por la mayoría de los ingenieros y que las 8.000 pts anuales sólo las superaban los miembros de las familias propietarias tradicionales y algún fabricante. En este sentido, el que los católicos cuenten entre sus dirigentes con alguna persona que declara ganar 10.000 pts. marca la pauta del carácter eminentemente burgués del movimiento católico barakaldés.

Otro criterio para reforzar la caracterización social llevada a cabo es el del servicio doméstico. El tener criada en la casa era el distintivo evidente de que una familia pertenecía a la clase media o alta. Es cierto que no existía una relación directa entre ingresos y servicio, es decir, que unas familias podían no tener servicio teniendo ingresos superiores a otras que lo tenían. Pero el hecho de que algunas familias estuviesen dispuestas a pasar estrecheces por no renunciar a su criada revela que el servicio doméstico constituye un criterio de primer orden de lo que podría denominarse conciencia de clase media. Desde este criterio, la graduación anteriormente establecida no sufre alteración. Un 7.5% de los dirigentes nacionalistas tiene servicio doméstico y un 8.3% de los carlistas, frente al 15% de los católicos y el 20% de Acción Popular.

Así, pues, parece claro que existía una diferencia clara en función de la penetración social de las diferentes opciones de la derecha barakaldesa. Frente al carácter burgués o pequeño burgués de carlistas, católicos y Acción Popular, el nacionalismo ortodoxo aparecía como un frente interclasista con notable arraigo popular.

Establecida así su diferencia en cuanto a la extracción social de sus dirigentes con el resto de las derechas, la cuestión sería establecer qué le diferenciaba de su competidor de centro izquierda ANV. A primera vista, el grupo dirigente de ANV parece más popular que el del PNV.

Sin embargo, la diferencia fundamental estriba en que ningún miembro de las clases altas participa en ANV. Esta ausencia se deja sentir en los ingresos de los dirigentes aneuvistas. Ninguno de ellos gana más de 5.000 pts. anuales, mientras que cerca de un 8% de los nacionalistas del PNV lo hace. Pero más allá de este dato, el porcentaje de clases medias es similar en ambos partidos nacionalistas y el grupo dirigente de ANV tiene incluso mejor situación económica que sus competidores ortodoxos. El hecho de que un 21% de los aneuvistas ingrese entre 4.000 y 5.000 pts. anuales sitúa al 78% del grupo por debajo de las 3.500 pts. anuales frente al 86% de los nacionalistas del PNV. Un 10% de dirigentes con servicio doméstico confirma esta imagen de una base social de ANV similar a la del PNV. En realidad, apenas se aprecian diferencias en relación al perfil social de los dirigentes de ANV y PNV, aunque ciertamente el porcentaje de casos sin datos es mayor en ANV. Este resultado no es sorprendente. Como señala de la Granja, ANV era una escisión del nacionalismo y se nutría de sus efectivos. Las razones de la escisión eran ideológicas y no suponían la expresión de intereses de diferentes grupos sociales. Nacionalistas ortodoxos y aneuvistas competían por las mismas bases y recogían los mismos hábitos de movilización.

Hasta el momento se ha venido trabajando con muestras restringidas a los dirigentes con el fin de realizar una comparación sobre realidades homogéneas. Pero existen datos para constituir muestras más amplias que permitan avanzar en la caracterización social de la militancia.

La única muestra completa de militantes de la que disponemos refiere a los tradicionalistas. Se cuenta con un listado de socios de la Sociedad Tradicionalista, probablemente del año 1934, que incluye la profesión de buena parte de los 290 socios.

Los datos de este listado son coherentes con la parte del fichero de afiliados que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca y que abarca las fichas de la

M a la Z.

La principal dificultad para la obtención del perfil social de los militantes carlistas a partir de este listado estriba en el peso (21,7%) del epígrafe sin trabajo en la profesión. Este porcentaje no responde a una incidencia desmesurada del paro entre los tradicionalistas, sino al parecer a la inclusión en el listado de individuos prácticamente adolescentes. Al menos esto es lo que se deduce al consultar la fecha de nacimiento en otras fuentes. Se ha intentado reducir la incertidumbre que plantea esta categoría a partir de otras fuentes, y se ha prescindido del resto añadiéndolos en el apartado sin datos. De esta forma, el perfil social se calcula a partir de las tres cuartas partes de la muestra, si bien cabe esperar que esta limitación no afecte significativamente a los resultados, pues, como se indicó, la mayoría de los excluidos parecen ser adolescentes, normalmente hijos de militantes de los que sí se dispone de datos.

La militancia carlista en Barakaldo confirma en buena parte el perfil de sus dirigentes, aunque en clave más popular. El peso de las clases altas entre los dirigentes se reduce entre los militantes (3% a 1,8%) y el de clases bajas se amplía (33% a 50%), pero, aún así, las clases medias siguen siendo el componente más relevante de la militancia carlista (44%). Nótese que ni siquiera atendiendo a su militancia el tradicionalismo barakaldés supera en presencia de clases bajas al grupo dirigente nacionalista.

Se dispone de otro listado completo de militantes para ANV. Sin embargo, no se trata de un listado general de socios, sino estrictamente de los nombres de los 51 fundadores en 1931 del centro de ANV en el barrio de Cruces. La muestra es, por tanto, mucho más parcial que la de los tradicionalistas, puesto que nos restringe a un solo barrio y, además, a un barrio que no formaba parte del casco urbano. En este caso, el contraste con el perfil social de los dirigentes es notable, ya que las clases medias casi desaparecen (2,6% frente al 29,4% entre los dirigentes) y las clases bajas se convierten prácticamente en la categoría única (94,7%). La presencia de trabajadores entre los fundadores de ANV en Cruces es por tanto masiva, pero este dato debe ponerse en relación con la composición social del barrio. De hecho, los trabajadores monopolizaban en exclusiva la junta del Eusko Etxea de Cruces de 19333, mientas que sabemos por la muestra de dirigentes que esto no ocurría en el conjunto de la localidad.

No se ha encontrado ningún listado completo de militantes del PNV. En su lugar se ha confeccionado una muestra de 164 individuos a partir de diversas fuentes que incluye concejales, dirigentes o militantes citados por cualquier razón. El análisis de esta muestra confirma el carácter popular e interclasista del nacionalismo. A diferencia de los casos anteriores, esta muestra no populariza el perfil social con respecto a los dirigentes, sino que incluye a otros grupos sociales como los labradores no presentes entre los dirigentes.

Tras este análisis de la base social de las derechas locales es posible realizar un somera radiografía de la adscripción política de los grupos sociales medios y altos en Barakaldo, atendiendo al padrón de 1930. Para ello se ha tenido en cuenta a las personas que declaraban ingresar más de 4.000 pts anuales, que como se señaló marcaba la frontera de los empleados medios. Dentro de este grupo se han establecido diferentes franjas de ingresos. No debe olvidarse que cualquier panorámica de la localidad ha de hacerse diferenciando sus diferentes núcleos. Se excluye Burceña porque no hay datos completos.

En El Desierto, el casco urbano moderno, sólo ocho personas superaban las 10.000 pts. anuales. De ellos, dos eran monárquicos y uno católico. No había, por tanto, nacionalistas activos entre el estrato social superior del moderno Barakaldo. Sobre las 21 personas que declaraban entre 7.000 y 9.999 pts anuales se dispone de la filiación de siete. De ellos, tres son monárquicos y tres católicos; del séptimo se sabe que era considerado adicto por los nacionalistas. Menos representativo es el tramo comprendido entre las 6.999 y las 5.000 pts, pues estaba compuesto por 107 personas de las que sólo se conoce la filiación política de 17. En todo caso, el predominio de católicos y monárquicos era notorio. Entre ellos se empieza a encontrar ya a algún carlista, un republicano y sólo a dos nacionalistas (un militante y un farmacéutico considerado adicto). En el estrato más bajo (4.999 – 4.000) esta proporción varía, ya que de 17 personas con datos sobre un total de 92 se identifica a tres nacionalistas y tres republicanos. Los católicos, sin embargo, siguen constituyendo el subgrupo más numeroso. Las clases medias del Desierto eran, por tanto, mayoritariamente católicomonárquicas, con una presencia muy escasa de nacionalistas activos, similar a la de republicanos.

La situación era diferente en San Vicente, el viejo centro de Barakaldo. Sólo los hermanos Begoña Careaga superaban las 10.000 pts, y ambos eran monárquicos. Predominaban también estos entre la franja de 9.999 a 7.000 pts (dos monárquicos y un futuro combatiente carlista sobre un total de seis). Sin embargo, los nacionalistas eran mayoritarios en el siguiente tramo (tres nacionalistas y un católico sobre un total de 13).

Igualmente, eran mayoría los nacionalistas en el último tramo. Los nacionalistas contaban, por tanto, con numerosos efectivos entre la clase media de San Vicente, en contraste con su debilidad en el Desierto.

Retuerto, finalmente, presentaba un perfil similar al de San Vicente; monárquicos en la cúspide, presencia creciente de nacionalistas a medida que se desciende en la escala de ingresos.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las clases medias y altas, al igual que el resto de la población, residía en el Desierto, puede concluirse que la adscripción política mayoritaria de las clases medias-altas de Barakaldo era católico-monárquica y que los nacionalistas sólo contaban con elementos políticamente activos reducidos entre los estratos inferiores de estos grupos y, además, localizados en Retuerto y San Vicente.

EDAD

El grupo dirigente del catolicismo barakaldés destaca por su avanzada edad. El 40% de los dirigentes católicos habían nacido antes 1891, es decir, tenía más de cuarenta años en el momento de proclamarse la República, frente al 23% del PNV, el 11% de ANV y el 10% de los tradicionalistas. Incluso, más de un 18% de los católicos tenía más de cincuenta años en esa fecha, mientras que este porcentaje se reducía al 10% para el PNV, al 2,8% para ANV y a ninguno para los tradicionalistas. Ningún dirigente católico contaba con menos de 25 años en 1931, mientras este grupo representaba más de una cuarta parte de los dirigentes carlistas, el 22% de los jeldikes y el 14% de ANV.

Los datos por grupos de edad muestran que el PNV era la fuerza política que abarcaba un más amplio espectro de edades. Los dirigentes jeldikes tendían a ser más jóvenes que la militancia que representaban. En contraste con esta difusión nacionalista, el grueso de los dirigentes tradicionalistas se situaba entre los 40 y los 21 años en el momento de la proclamación republicana. La militancia carlista era todavía más joven con casi un 30% menor de 20 años en 1931.

Si el perfil social de los jeldikes no parecía diferenciarlos en exceso de sus competidores de ANV, las dos ramas del nacionalismo sí que se diferenciaban en función de la edad. No era tanto que los dirigentes aneuvistas fueran más jóvenes que los jeldikes (apenas un año de media), sino que tendían a concentrarse en unos grupos de edad frente a la difusión tanto por arriba como por abajo de los jeldikes. El 74% de los dirigentes de ANV tenía entre 40 y 26 años en 1931, siendo el grupo más numeroso 37% los que contaban entre 31 y 26 años al proclamarse la República. Tras este grupo de edad existe un abismo importante.

Puede resultar un tanto aventurado, pero no carece de sentido suponer que los dirigentes de ANV eran básicamente los miembros de la Juventud Vasca promotores del Partido Nacional. De hecho, este grupo más numeroso contaría de 18 a 23 años en el momento del golpe de Estado del general Primo de Rivera y el grueso de los dirigentes no superaría los 32 años en esa fecha. Esta característica no es extensible a la militancia de Cruces. Los fundadores de ANV de Cruces tenían una media de 28 años y el 46% de ellos no superaba los 25. Eran, por tanto, bastante más jóvenes que los dirigentes en general.

Lugar de nacimiento de los dirigentes

Los fundadores de Acción Popular, por su parte, se concentraban exclusivamente en los grupos de edad comprendidos entre los 40 y los 26 años en 1931, es decir, 42 y 28 en el momento de fundarse la agrupación.

En resumen, la principal conclusión que se desprende de la comparación en función de la edad es que el PNV era la fuerza más representativa de todos los grupos edad, tanto en lo referente a dirigentes como a militancia, mientras el resto de las opciones presenta perfiles más decantados hacia grupos de edad concretos.

LUGAR DE NACIMIENTO

Finalmente, merece la pena detenerse en el análisis de una última variable que diferencia claramente a las opciones de la derecha local. Se trata de la procedencia geográfica de estos dirigentes. La graduación que habíamos obtenido en la escala social se repite en este caso. Casi la mitad de los dirigentes católicos no eran vascos de nacimiento, mientras que los efectivos del nacionalismo, como cabía esperar, eran todos vascos o de origen vasco, aunque nacidos fuera del País Vasco. Entre ambas opciones, tres cuartos de los carlistas eran vascos. Esta clara diferenciación en la composición de los partidos políticos de la derecha barakaldesa según lugar de nacimiento resultará determinante para el estudio de su base electoral. El lugar de nacimiento constituye, por tanto, una variable diferenciadora de la base social de los distintos grupos de la derecha barakaldesa.

La similitud de la base social de las dos ramas nacionalista es total en cuanto al lugar de nacimiento. A pesar de la superación teórica del antimaketismo, todos los dirigentes de ANV eran vascos al igual que los del PNV.

El viraje hacia el centro del nacionalismo vasco.

Mientras el catalanismo conservador comenzaba su suicido político endureciendo sus posiciones, el nacionalismo vasco evolucionaba en dirección contraria.

A partir de 1933 se inició un periodo de ruptura con el resto de la derecha vasca que condujo al PNV a la aceptación del marco republicano y a la revisión de su práctica derivando hacia el centro político. Un año después de las elecciones de 1933, la diferenciación del PNV del resto de los grupos de la derecha vasca había evolucionado hacia la abierta ruptura. La explicación de esta evolución radica en el bloqueo del Estatuto Vasco en las Cortes dominadas por la derecha y, a escala vasca, en el conflicto de los ayuntamientos con el gobierno.

Tras haber sido plebiscitado, el proyecto de Estatuto Vasco fue, en palabras de de la Granja, torpedeado por las nuevas cortes de mayoría cedista y radical. La cuestión alavesa empantanó su tramitación y el Estatuto quedó paralizado en junio de 1934 al abandonar los diputados nacionalistas las Cortes en solidaridad con los diputados de la esquerra. Esta segunda retirada sintetizaba la importante evolución que había vivido el partido en sólo dos años. En primer lugar, el motivo de la retirada ya no era la oposición al reformismo republicano, sino, por el contrario, la oposición al antireformismo que inspiraba a la derecha española. En segundo, sus acompañantes ya no eran la ultraderecha, sino los catalanistas de izquierda. Estaba claro que la defensa de los contenidos substantivos asociados a la síntesis sabiniana, ya no dirigían la estrategía nacionalista. La autonomía entendida como transferencia formal de poder había pasado a ser la prioridad. Una prioridad que la derecha española no estaba dispuesta a satisfacer.

El origen del conflicto de los ayuntamientos estaba en la invasión del Concierto Económico por parte del ministro de Hacienda con un nuevo impuesto sobre la renta y sobre todo con la prohibición de gravar el vino, cuando este gravamen constituía un renglón clave para las haciendas locales vascas. El conflicto se radicalizó por la actitud del ministro de Gobernación y del gobernador civil de Vizcaya. Los ayuntamientos vascos se reunieron a principios de julio de 1934 en Bilbao y eligieron representantes para una Comisión Ejecutiva Permanente, a pesar de la presencia policial. Este desafío provocó la destitución del alcalde de Bilbao y de cinco de sus tenientes de alcalde. El 2 se septiembre se celebró una asamblea en Zumárraga, donde intervinieron Prieto y diputados de la ERC, además del PNV. La carga policial en Guernica al día siguiente avivó el conflicto y llevó a la aprobación de un acuerdo de dimisión de todos los ayuntamientos vascos, medida que se cumplió en casi todos los de Vizcaya y Guipúzcoa.

Durante estos meses el PNV había pasado del enfrentamiento a la colaboración con la izquierda en una movilización conjunta de oposición al gobierno. De la Granja afirma que durante el verano de 1934 la ruptura con la derecha fue total. La fisura más grave fue la que se produjo entre los jeldikes y La Gaceta del Norte, que en un primer momento había visto con buenos ojos el movimiento de los ayuntamientos, pero que se retiró y pasó a combatirlo al apuntarse la izquierda. El PNV recibió durísimos ataques de la derecha durante todo este periodo.

Esta ruptura con las derechas y la convergencia práctica con la izquierda, forzó al PNV a definir doctrinalmente su especificidad frente a unos y a otros. Se creaba así una coyuntura que favorecía el desarrollo de los componentes demócrata-cristianos latentes en el partido. Es en este contexto que los nacionalistas vascos planteaban en 1935 sus propuestas social-cristianas acerca del salario familiar y la participación de los obreros en los beneficios de las empresas en unas Cortes abiertamente antireformistas.

La excepcionalidad

En el País Vasco, la crisis institucional no arrancó de la intervención gubernativa, sino de las dimisiones de los concejales en protesta ante el conflicto del  vino. En Barakaldo, dimitieron todos los concejales del PNV, de ANV y los socialistas, con la excepción del Primer teniente de alcalde, el veterano Evaristo Fernandez. Sólo permanecieron en sus cargos los republicanos y los católicos independientes. A estas dimisiones, que quedaron convertidas en suspensiones, se añadió la crisis interna de los republicanos en 1934. Ya desde agosto cuatro concejales radicales habían retirado su confianza al alcalde por ser “varios los actos puramente administrativos resueltos por el señor Beltrán del disgusto de los ediles exponentes”.

La crisis municipal se iba a ver amplificada como consecuencia de los sucesos de octubre de 1934. La huelga general de octubre tuvo en la margen izquierda un carácter violento e insurreccional. En Portugalete resultó muerto un suboficial de la  Guardia civil y en Barakaldo los huelguistas se apoderaron del ayuntamiento, abierto por el concejal de ANV, Miguel de Abasolo. La represión gubernamental amplió el enfrentamiento que ya venía desde el conflicto del vino. A finales de 1935, la situación del ayuntamiento era poco menos que caótica. En noviembre el alcalde se dirigía al gobernador pidiendo el nombramiento de un teniente de alcalde que pudiera substituirle en sus ausencias como gestor de la Diputación. El primer teniente, el socialista Evaristo Fernandez, no había dimitido, pero no acudía al ayuntamiento; el segundo, el aneuvista Miguel de Abasolo, estaba suspendido y condenado a 8 años de inhabilitación; el tercero, el socialista Cañas, estaba además preso en Granada por “incitación a la rebelión y tener indicios racionales para sospechar que ha sido agente de enlace entre las organizaciones en la revolución de Asturias, Vizcaya y Andalucía”69 aprovechando su empleo de representante de la cooperativa socialista Alfa de Eibar; y el cuarto, un radical, había renunciado por trabajar en Bilbao.

El PNV se encontraba aislado de la derecha y fuera del poder local por las dimisiones. Sin embargo, esto no suponía ninguna crisis para el nacionalismo vasco. El PNV no tenía como objetivo la defensa de los intereses de las fuerzas vivas en las instituciones y no dependía de su presencia en ellas ni del resto de la derecha para seguir existiendo. Contaba con la fuerza de un impresionante movimiento social que encuadraba y dirigía. Durante estos meses, los nacionalistas se replegaron en la ampliación y consolidación del movimiento. Frente al aislamiento político prevalecía la voluntad nacionalista de transcender el estricto ámbito de la política para encuadrar bajo la influencia del partido otros aspectos de la realidad de sus seguidores. La formulación del corresponsal de Euzkadi en Barakaldo, Langille, ilustra este carácter de partido-comunidad con voluntad totalizante que Granja atribuye al PNV 70: “Bien seguro estoy de que de no ser yo nacionalista me serviría para mi preocupación este abarcar todos los ramos y trabajar en todos ellos con singular actividad, como el nacionalismo viene trabajando en su corta vida”.

El enfrentamiento con el gobierno y la represión cimentaban la movilización de las bases nacionalistas y apuntalaban su expansión en Barakaldo. En el marco de la búsqueda del “verdadero sentido de la hermandad racial” que pretendía conseguir el PNV, Langille anunciaba que la emakumes intentaban establecer un consultorio para los solidarios parados y sus familiares con medicamentos gratuitos y que, para ello, contaban ya con cuatro enfermeras y doce en preparación. Con la acción de sus mujeres el nacionalismo ortodoxo local reforzaba uno de sus flancos más débiles: el social. El consultorio habría de instalarse en los nuevos locales de STV, cuya inauguración estaba prevista para octubre. Con motivo de tal acontecimiento, se preveían solemnes actos que habían de reforzar la comunidad nacionalista local y que incluían misa solemne, bendición de los locales, mitin y banquete. Como en periodos anteriores, los proyectos de afirmación nacionalista habían de enfrentarse con la suspensión por orden gubernativa.

Habiendo encauzado el tema sindicalista, el nacionalismo local se atrevía en estos meses a encarar otra actividad clave para la perpetuación y expansión de la comunidad nacionalista: las ikastolas. Por primera vez, encontramos formulaciones en Barakaldo acerca de la importancia de la lengua para la comunidad nacionalista.

Defendía Langille que “es la lengua el pensamiento de la raza, por ser su forma genuina de expresar los conceptos e ideas. Raza y lengua están tan íntimamente ligadas que la afinidad de la primera se demuestra por la afinidad de la segunda. Sin embargo, los lamentos y apelaciones del corresponsal del Euzkadi al racismo local permiten suponer que la escuela vasca local no había conseguido satisfacer las expectativas de los nacionalistas. La ikastola barakaldesa, para cuyo funcionamiento se habían reservado locales ya en el diseño del nuevo batzoki, no superó los 40 alumnos y en 1935 descendió a 35.

La voluntad nacionalista de constituir un embrión del futuro Estado vasco llevaba a los nacionalistas barakaldeses a encarar, incluso, la organización de los intercambios comerciales. Así, Langille daba cuenta del éxito de las gestiones realizadas para vender en Barakaldo el trigo y la paja de los agricultores ribereños, “labor positiva de acercamiento entre las mismas necesidades de hermanos de la propia sangre, que anteriormente distanciados y sin apenas conocerse, se unen hoy con apretado abrazo al grito poderoso del genio de la raza”.

Esta estrategia de consolidación del movimiento nacionalista subrayando sus características específicas en cada uno de los ámbitos de la realidad social tenía como contrapartida la ruptura de lazos con el resto los sectores de derecha cuyo voto el nacionalismo intentado capitalizar. Sin embargo, el nacionalismo seguía manteniendo sus puentes con el amplio catolicismo neutro sin definir políticamente. Cualquier católico de la época, escandalizado por el lamentable estado de la moralidad pública y los peligros de las nuevas diversiones de masas, hubiera coincidido con el diagnóstico del corresponsal de Euzkadi: “estamos llegando a un extremo intolerable. Recientemente, en ese mismo cine, se pusieron en la pantalla unos gráficos de propaganda soviética. Antes y ahora, inmoralidades, desnudeces y groserías a todo pasto. Y ello para público de ambos sexos y de todas las edades”.

No en vano, Langille se inscribía entre “todos aquéllos que propugnamos porque la familia cristiana sea célula viva sobre la que se asiente como un sillar firme la nueva sociedad” y avisaba: “¡Padre y madre vascos!. En estos momentos en que un materialismo grosero quiere corromper el alma de tus hijos para más tarde apoderarse de ellos, percátate del peligro que esto supone y acostúmbrales a las sanas costumbres en las que se criaron nuestros mayores”.

El problema era si esta coincidencia de planteamientos había de bastar para que los católicos aceptasen como solución a su descontento actos de clara filiación nacionalista como la jira de Santa Agueda, que daba pie a Langille a realizar las formulaciones anteriores. Mas no por ello cejaban los nacionalistas en su empeño. Es significativo que en un contexto de ruptura política e institucional como el de 1935, el único acto en el que los nacionalistas participasen con el resto de las fuerzas derechas fuese el homenaje al Obispo de Pamplona, el barakaldés Marcelino Olaechea.

La iniciativa había provenido de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos.

A instancias de ésta, el ayuntamiento radical acordó en su momento la felicitación al nuevo obispo con motivo de su nombramiento8y colaboró en los actos de homenaje a través de la minoría católica, en la que el alcalde delegó la representación del consistorio. El carácter no nacionalista de quienes impulsaban el acto y su oficialismo no constituyeron un obstáculo para que Euzkadi se volcase en el homenaje con exhortaciones obreristas.

El catolicismo barakaldés también se había reorganizado jerárquicamente, como ya se indicó, en torno a la Acción Católica. Sin embargo, este encuadramiento se traducía más en una en la inhibición política que en un encauzamiento de la opinión católica hacia alguna de las opciones existentes. Se han encontrado las series de la prensa católica local desde 1933 hasta agosto de 1935. A diferencia de La Gaceta del Norte o de otras publicaciones católicas locales, la prensa católica barakaldesa se limitaba a cuestiones de catequesis, sin entrar en comentarios de actualidad o artículos de opinión política. No pretendía, por tanto, constituirse en guía para la actuación política de los católicos. Sólo algún que otro comentario o noticia indica que la prensa católica local mostraba simpatía por el decreto de Dollfuss en Austria que restablecía la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y se congratulaba ante el concordato alemán que aseguraba la libertad a la Iglesia católica para autorregularse con mantenimiento de la enseñanza religiosa. En este sentido, la creencia de que la Iglesia poseía derechos anteriores a la cualquier formulación estatal, y que, en consecuencia, el Estado debía respetar su primacía en estas cuestiones, constituía la premisa de la percepción de la prensa católica local de la situación política internacional. En esto coincidía plenamente con la línea editorial de La Gaceta del Norte que sí que trataba profusamente estos temas o con La Defensa de Vilanova.

Ahora bien, no iba más allá en cuanto a la concreción de un programa político genérico, ni en cuanto a medidas concretas de política local.

Tampoco había propuestas políticas concretas en la percepción de las tensiones sociales por parte del catolicismo barakaldes. Los planteamientos del catolicismo barakaldés sobre la cuestión social no diferían en exceso de los de La Defensa: las tensiones sociales se reducían a una mera cuestión ideológica El problema no era tanto una determinada distribución de los recursos materiales como la negativa de los trabajadores a aceptarla.

“Con la cuestión social empezó el abandono de la fe religiosas; aumentó cuando fue creciendo la irreligión; y cesará cuando los hombres vuelvan los ojos a Cristo y acaten sus preceptos, cuando sea efectivo el reino de la caridad y de la justicia [...]¡Obrero! reflexiona; si se hubiesen practicado siempre esas dos virtudes ni tú tendrías de qué quejarte del patrono, ni el patrono tendría porqué quejarse de ti”.

Las tensiones sociales eran, por tanto, consecuencia del abandono por parte de los obreros de la religión; el retorno de las masas obreras a la Iglesia católica establecería la paz social, el “reino de la caridad y la justicia”. En realidad no hay manera de saber cómo se conseguiría tal objetivo, puesto que la vinculación entre religión y paz social constituía un axioma del pensamiento social católico que nunca se explicaba. Ello induce a pensar que básicamente por la aceptación de los trabajadores de sus condiciones de vida y trabajo. De ahí, la insistencia en la religión como dique contenedor de las pasiones materialistas. En este sentido, El amigo de los niños y de los mayores daba cuenta entusiasta en 1934 de la fiesta de fraternidad cristiana el día del Sagrado Corazón en la fábrica de José M. Garay concluyendo que “bien saben todos los patronos y obreros de la sociedad y las industrias que o vuelven a los caminos de Cristo, y para ello tienen que recristianizarse y expulsar de sí todo lo que no esté en el espíritu de Cristo, o el socialismo se hará dueño de ellas”.

Insistía la prensa católica local en que “en ningún lado como en el reino de Cristo se encontrará amor al obrero, respeto a su dignidad de hombre y de cristiano, respeto a su trabajo”. Amor, dignidad y respeto eran las ofertas del catolicismo social a los trabajadores. La reducción de la cuestión social a términos ideológicos o psicológicos ya señalada no puede estar más clara.

Este tipo de catolicismo social presidía el discurso de la prensa católica de la localidad. Incluso el recién nombrado Obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, proclamaba en el Gran Cinema en 1935 “que bajo la sotana guardará siempre la blusa del obrero, por ser hijo de un humilde trabajador”. Estas continuas apelaciones a los obreros reflejaba la preocupación del catolicismo local por no perder la influencia que todavía retenía sobre sectores de las clases trabajadoras y su empeño por recuperarla en el resto como único medio de frenar las doctrinas socialistas. Sin embargo, decía poco acerca de a cuál de las opciones políticas en lucha que pretendían ser la voz de los católicos debían votar éstos.

Ni siquiera después de acontecimientos tan graves como los de octubre de 1934 se pronunciaba la prensa católica local por soluciones políticas concretas. El único artículo dedicado a estos sucesos daba cuenta del horror con que los católicos contemplaban estos hechos con una metáfora paradigmática del tipo de percepción de las tensiones sociales expuesta con anterioridad: “la fiera humana, sin ley ni freno religioso ni civil, ha dado rienda suelta a todos sus más bajos instintos que se han cebado con inaudita saña en cuanto han encontrado ante sí en su criminal desbordamiento”. Sin embargo, la conclusión de artículo, lejos de proponer medidas socio-económicas o políticas, reafirmaba la necesidad de una reconquista ideológica del pueblo, en la línea de los principios inspiradores de la Acción Católica: “oremos por los descarriados y envenenados por las más inícuas propagandas, para que se conviertan; execremos la perversa maldad de los repulsivos inductores; y vayamos decididamente al pueblo para ahogar sus rencores con la superabundancia de nuestro amor cristiano”.

Los ideólogos del catolicismo barakaldes todavía confiaban en sustraer al pueblo de la influencia contaminante de las ideas exóticas, reconduciéndolo hacía un catolicismo sinónimo de justicia y paz social. Los católicos vilanoveses, por su parte, parecían haber arrojado ya la toalla en este empeño y reclamaban la intervención del Ejército. El contraste no podía ser mayor.

Las elecciones de 1936

Mientras el catalanismo conservador (y la derecha catalana que había representando durante tantos años) parecía diluirse en el discurso radical de las españolas, el nacionalismo vasco seguía el camino inverso, colocándose en solitario entre los dos grandes bloques políticos en pugna. Esta postura le valió una renovada animadversión del resto de la derecha vasca que ampliaba la ruptura iniciada en 1933. Pero las presiones más importantes para que el nacionalismo se plegara a un frente de derechas provinieron del catolicismo, incluido el mismo Vaticano. A pesar de ello, el PNV se mantuvo en su negativa a llegar a un acuerdo electoral con el resto de las derechas vascas. Un paso tan drástico obligó al nacionalismo vasco a justificar decididamente su actuación. La salida fue la insistencia en un programa social-cristiano reformista propio y diferenciado del espíritu antirreformista y reaccionario de las derechas. Culminaba, así, una evolución hacia el centro político inversa a la que habían seguido muchos sectores de la derecha en el resto de España. Se trata de la conocida “evolución democráta-cristiana” del PNV, cuya explicación constituye uno de los desafíos más importantes para la historiografía sobre el nacionalismo vasco.

Como señala de la Granja diferentes factores jugaron un papel decisivo en esta evolución: una nueva generación de dirigentes, el peso creciente del sindicato STV y la misma práctica democrática a lo largo de la República. La propia realidad de un movimiento interclasista de masas actuando en un marco democrático estaba disolviendo los referentes tradicionales de la síntesis sabiniana y posibilitando nuevas conexiones anteriormente impensables como las existentes entre la apelación nacional y democracia o entre la apelación católica y la reforma social. Estos elementos bastarían para construir un modelo explicativo de la evolución del PNV hacía la democracia-cristiana. Podría afirmarse que las transformaciones en el seno del partido le convertirían en prácticamente incompatible con el resto de las derechas a la altura de 1936. De ello, se concluiría, en palabras de Tusell, que si bien “no se podía decir todavía, propiamente, que el PNV fuera un partido demócrata-cristiano [...], estaba ya muy cerca de la democracia cristiana y su evolución se completó rápidamente en años venideros”.

Sin embargo, este modelo explicativo da más cuenta de las condiciones que hicieron posible el cambio que del mismo cambio y, sobre todo, de su rapidez. El movimiento se había reorganizado apenas cinco años antes en la más estricta ortodoxia sin concesiones a los críticos que, como se sabe, tuvieron que abandonar el partido para fundar la minoritaria ANV; las presiones de STV no consiguieron que se celebrase el esperado congreso para definir la doctrina nacionalista ante los problemas económicos-sociales; la dificultad para renovar los postulados tradicionales era notoria; los jóvenes diputados no eran los únicos dirigentes del partido, etc. Sería necesario variar los acentos en el modelo explicativo para cuenta de una evolución del PNV hacia planteamientos demócrata-cristianos menos lineal y más acorde con la complejidad del movimiento nacionalista a finales de la República.

La hipótesis es que las transformaciones en el seno del movimiento no estaban todavía lo bastante maduras como para imponer un cambio de programa. La cuestión era mucho más compleja. Se trataba más bien de un afloramiento de líneas de desarrollo que no tenían por qué ser mayoritarias, pero que se vieron favorecidas y potenciadas por una coyuntura política concreta: el bloqueo de un frente de orden derechista como consecuencia de la ruptura con el resto de las fuerzas de la derecha. Una ruptura que no encontraba su explicación en la evolución ideológica del PNV, sino en el ámbito de la práctica política.

En este sentido, como señala de la Granja, la cuestión clave era el Estatuto. La tradicional práctica posibilista del PNV acabó convirtiendo el Estatuto vasco”(cualquiera que fuera y con quien fuese preciso) [en] su objetivo inmediato y el eje de su política electoral y de alianzas”. Puesto que la experiencia del bienio había demostrado la hostilidad de las derechas hacia la autonomía vasca, el abismo entre la derecha y el PNV se ampliaba. En la medida en que el frente derechista quedaba descartado, el PNV se veía impelido a formular una oferta específica que subrayara sus diferencias con la derecha, pero dejase clara su distancia con la izquierda. Esta oferta tenía, además, que conjurar las previsibles consecuencias electorales de la ruptura con los católicos neutros de La Gaceta. En consecuencia, la coyuntura favorecía el protagonismo de los elementos social-cristianos y demócratas del partido. No se trataba de oportunismo ni de manipulación por parte de la cúspide del PNV para salir de la difícil situación política en que se encontraba. Estos sectores existían realmente en el partido y su existencia indica que los procesos de transformación cualitativa mencionados anteriormente estaban produciéndose en el seno  del movimiento nacionalista. Por el contario, de no haberse producido estos cambios a lo largo de los años republicanos, el PNV podría haber retornado al tradicional discurso de afirmación nacionalista como manera de eludir las graves cuestiones que se estaban debatiendo en las elecciones de 1936, tal y como había hecho en Barakaldo en la municipales de 1931. Ahora bien, el programa demócrata-cristiano era la consecuencia y no la causa de la ruptura con la derecha.

Ante el discurso nacionalista barakaldés en la campaña electoral se tiene la sensación de que no se está diciendo nada nuevo, pero que por primera vez se está diciendo en serio. En primer lugar, los nacionalistas debían defenderse de las acusaciones de estar favoreciendo a la izquierda con su negativa a integrarse en un frente de derechas. A ello respondía Langille insistiendo en el carácter de dique contra las izquierdas que siempre había desempeñado el PNV y acusando al Frente Popular de no dar publicidad en la campaña a sus principios marxistas. Pero los artículos del corresponsal de Euzkadi en Barakaldo se dirigían mucho más a marcar combativamente las diferencias con la derecha que con la izquierda.

Las premisas sobre las que se habían construido los frentes de derecha anteriores se volvían ahora contra los nacionalistas que se veían obligados a dejar clara su voluntad de no alterar el orden social. Sin embargo, se afirmaba de manera clara que eso no significaba una aceptación de la situación socio-económica existente: los trabajadores tenían reivindicaciones justas que había que atender. Los nacionalistas afirmaban explícitamente que defensa del orden y reformismo social no eran incompatibles, y daba la sensación de que no lo hacían, como hasta al momento, para salir del paso. Con tal afirmación los nacionalistas estaban atentando contra una de las premisas más básicas y primarias de la socialización política de las bases electorales de la derecha, un elemento casi emocional que los propios nacionalistas habían explotado en profundidad en anteriores contiendas electorales. La doctrina social de la Iglesia habría de conjurar ese desasosiego.

Así, en palabras del corresponsal de Euzkadi en Barakaldo: “No nos atajen por ahí las llamadas derechas: no pretenda n decir de nosotros que en esta forma, alentando a las clases humildes en sus justas reivindicaciones, alentamos la subversión, el desorden, la anarquía. Las doctrinas que nosotros explicamos en este aspecto  son las doctrinas emanadas de la misma cátedra de San Pedro”.

En realidad, nada de lo que se estaba propugnando era nuevo, ni siquiera privativo de los nacionalistas. Como hemos expuesto, el movimiento católico barakaldés a través de su prensa defendía estos mismos planteamientos. Sin embargo, el hecho de que el PNV se viese situado a la defensiva y obligado a reiterar una y otra vez lo que en teoría era sabido y compartido por todos los católicos refuerza la sospecha ya expresada de que el discurso social de los católicos era para la mayoría de ellos una mera coartada para mantener las cosas tal y como estaban; algo que había que decir para no parecer retrógrado, pero poco más que un desideratum de regeneración moral del obrero. El que algunos católicos realmente creyeran que no estaría mal corregir algunos abusos no bastaba para cambiar postulados mucho más primarios de defensa del orden social; de la misma manera que las normas eclesiásticas que teóricamente habían de guiar el comportamiento de los católicos no conseguían despegar a los católicos neutros de los postulados de la ultraderecha vasca.

En teoría, los católicos tendrían que votar al PNV tanto por coherencia con sus postulados sociales como por ser el partido católico con más posibilidades de ganar. Sin embargo, los nacionalistas tenían plena conciencia de que éste no iba a ser el voto de la mayoría de los católicos neutros y se veían obligados a reiterar unos argumentos en teoría compartidos por todos. Era la frustración ante esta paradójica situación lo que llevaba a los nacionalistas a denunciar por primera vez el papel que, en la práctica, el catolicismo jugaba como coartada de intereses sociales y políticos concretos: los nacionalistas “quieren la religión para defenderla y tú quieres la religión para defenderte”.

El discurso del nuevo presidente del batzoki de Barakaldo en su toma de posesión a los pocos días de las elecciones ilustraba esta situación. Como ya se señaló, Benito Areso estaba muy ligado al catolicismo local y había sido el autor del proyecto de la Casa Social Salesiana, empresa presidida por el fabricante local José M. de Garay, carlista muy activo en el mundo católico. Ello no impedía que Areso marcase con claridad las distancias con respecto a sus compañeros del movimiento católico: “Me reafirmo en estos momentos en mis principios cristianos y vascos. Pero, entended lo bien, no haré nunca de mi cristianismo arma ofensiva de combate, no me serviré nunca de él para salvar intereses egoístas [...] Y para terminar, tengamos en cuentas siempre  que vivimos en un ambiente obrero, cuyas reivindicaciones justas debemos en todo momento apoyar”.

Las denuncias nacionalistas de instrumentalización de la religión por parte de la derecha marcaban un punto sin retorno en las pautas de movilización política de las  bases electorales de las derechas barakaldesas. En el lema que presidía la campaña nacionalista (“¡Civilización cristiana! ¡Libertad patria! ¡Justicia social!”116) la apelación a la religión ya no remitía a su sentido tradicional, sino que adquiría su significado a partir de los otros dos componentes: la apelación nacionalista y la social.

La apelación nacionalista remitía a la consecución del Estatuto, que como vimos se había convertido en el objetivo prioritario del PNV. Los avatares que el proyecto estatutario había sufrido durante los años anteriores habían transformado también los referentes tradicionales de esta apelación. La reivindicación del autogobierno ya no evocaba al antiliberalismo combativo de 1931 y a la defensa de un mundo corporativo tradicional, sino que parecía resignada o reconciliada con el marco republicano, incluso cuando era previsible una victoria de la izquierda.

La apelación a la justicia social diferenciaba a los nacionalistas del resto de la derecha al afirmar su voluntad reformista. En este sentido, puesto que el programa social del PNV nunca se había llegado a definir con claridad, el discurso del sindicato nacionalista, STV, era la referencia. Como señalaba desde Barakaldo, Onzale: “¡Profesional vasco! T ú que te percataste, por vivir en ambiente obrero, como ningún otro, que el actual régimen capitalista, basado en los principios del liberalismo, es falso, pues trata al trabajo del ser humano como una simple mercancía…” [vota la candidatura del PNV]“ por cristiana y por ser vasca cumple en todo los postulados que Solidaridad mantiene…” .

En el mismo sentido, Langille oponía a la promesas del Frente Popular, las mejoras concretas que los nacionalistas defendían para los obreros como la participación en los beneficios de las empresas y el salario familiar.

Subordinada a estas dos apelaciones, la defensa de la civilización cristiana adquiría unos sentidos muy diferentes a los que había tenido con anterioridad. Los nacionalistas ofrecían a los católicos la defensa de los principios cristianos en las Cortes y aplicación de la doctrina social de la Iglesia; pero poca cosa de lo que cualquier católico medio, incluidos venía entendiendo por defensa de la civilización cristiana, es decir, supresión de una Constitución laica, subordinación del Estado a la Iglesia, imposición coactiva de los principios católicos a toda la sociedad, supresión de las reformas sociales, etc.

Todos estos sentidos tradicionales se veían recogidos y, aún, radicalizados en la apelación religiosa de La Gaceta del Norte. Frente a la moderación nacionalista, el portavoz de los católicos neutros se añadía al discurso apocalítico de la derecha no nacionalista.

Carecemos de fuentes para estudiar la actitud de esta derecha en Barkaldo durante la campaña electoral, pero todo hace suponer que sus personalidades se centraron en las dimensiones prácticas de la contienda electoral, dejando la propaganda a los medios de comunicación de la capital. La propaganda electoral de la derecha vasca no nacionalista partía de la premisa de que el país se encontraba al borde de la revolución y de que eran necesarios remedios contundentes para evitar este peligro. La Gaceta del Norte traducía estos al lenguaje católico clamando “¡Todos a una, en la Cruzada contrarevolucionaria!”.

El oasis barakaldés

El nacionalismo vasco aguantó relativamente bien la bipolarización electoral. Ciertamente, bajaba de un porcentaje de voto emitido del 31% en 1933 a un 23%, pero seguía siendo la fuerza más votada en Vizcaya-provincia y en Guipúzoca, además de superar a la derecha no nacionalista en Vizcaya-capital. Tras la segunda vuelta, el PNV obtuvo nueve diputados (perdía tres en relación a 1933), mientras que el resto de las derechas había que conformarse con ocho (dos menos) y la izquierda ganaba cinco y se situaba en siete. Además, el PNV seguía siendo a distancia el primer partido vasco, ya que el resto de las fuerzas políticas se presentaban en coalición.

La pérdida de votos que sufrieron los nacionalistas en estas elecciones muestra que para la mayoría de los católicos los referentes de la apelación religiosa seguían siendo los que defendía La Gaceta del Norte y su traducción política la ultraderecha, carlista o monárquica. El PNV había salido claramente derrotado en la batalla que mantuvo con estas opciones de la derecha por capitalizar el voto de las masas católicas. De hecho, las formulaciones en clave demócrata-cristiana de los nacionalistas sólo habrían servido para tranquilizar la conciencia de los votantes para los que pesaba más el nacionalismo que el catolicismo.

El problema para el PNV fue que este nuevo discurso tampoco consiguió retener a los votantes que se le habían añadido por la izquierda en 1933. Desde 1934, ANV había vivido una evolución hacia la izquierda que se saldó en enero de 1936 con el abandono del partido de sus fundadores. En febrero de 1936, ANV se integró en el Frente Popular en Álava, Navarra y Guipúzcoa. En Vizcaya, la pretensión aeneuvista de colocar un candidato propio frustó esta integración. Así, pues, ANV en Vizcaya se vio como en 1933 en la difícil tesitura de presentar una candidatura en solitario, con nulas posibilidades de éxito, o proclamar la libertad de voto; y, como en 1933, esta fue la opción tomada. La crisis que en Barakaldo produjo la posterior integración de ANV en el Frente Popular vizcaíno muestra que la preferencia por la alianza con la izquierda en lugar del frente nacionalista no contaba con la unanimidad entre los militantes de la localidad. Sin embargo, la libertad de voto concedida operaba en un contexto bastante diferenciado de la situación de 1933: el partido no colaboraba con la candidatura del PNV, sino más bien con la del Frente Popular, y tanto su discurso como los actos en que participaba favorecían también a este último.

Los resultados de las elecciones de febrero de 1936 en Barakaldo muestran que el revés electoral del PNV fue considerable. Los jeldikes perdieron más del 20% de los votos obtenidos en 1933, en un momento, además, en que el censo y la participación electoral se habían ampliado.

La derecha no nacionalista, por su parte, se hacía con el 15 % de los votos emitidos (50% de incremento con respecto a 1933) y el Frente Popular con el 58% (casi un 30% de incremento con respecto al voto total de todas las izquierdas en las anteriores elecciones).

Una frase de Langille resumía la resignación con que los nacionalistas asumían unos resultados esperados: “Seamos sinceros con nosotros mismos: Hemos luchado y nos han ganado”. Pero el reconocimiento de esta derrota no había de cambiar la estrategia peneuvista. El PNV mantuvo tras las elecciones una entente cordial con las izquierdas que se manifestó en el voto favorable a Azaña como presidente del gobierno, a favor de la destitución de Alcalá Zamora y, finalmente, a Azaña para la Presidencia de la República.

Con ello conseguía la reactivación decidida del proceso autonómico paralizado por las derechas en el bienio anterior. Pero esta entente cordial no se podía reducir al mero tacticismo. Abría posibilidades de un nuevo consenso político, un marco de funcionamiento bastante alejado de la realidad española y catalana por el que en Barakaldo los nacionalistas apostaron audazmente.

Como se señaló anteriormente, la victoria del Frente Popular acababa con la excepcionalidad instaurada por la intervención gubernamental en los ayuntamientos. De alguna manera, la reincorporación de los concejales destituidos a sus cargos venía a reeditar la fiesta republicana de 1931. Al igual que en esta fecha, una manifestación de simpatizantes del Frente Popular acompañó en Barakaldo a los ediles y se reprodujeron los discursos desde el balcón consistorial. Pero en esta ocasión, entre los que reintegraban rodeados del aura democrática, entre los que no habían colaborado con los traidores al espíritu republicano, estaban los concejales nacionalistas.

La reintegración de los concejales cesados con motivo del conflicto de los ayuntamientos no había de resolver el bloqueo político del consistorio barakaldés que ya duraba casi dos años. Los concejales socialistas se declararon incompatibles con los concejales que habían permanecido en sus cargos durante el conflicto (radicales, republicanos independientes y católicos) y se retiraron del ayuntamiento. Posteriormente lo hicieron los nacionalistas de la derecha y los de la izquierda. El ayuntamiento llegó a la parálisis total cuando también se negaron a desempeñar sus funciones el resto de los concejales, “todos los cuales alegan hallarse coaccionados por la hostilidad manifiesta de los partidos políticos que integran el llamado Frente Popular”. Concluía el secretario municipal su informe al gobernador expresando su preocupación por los conatos de manifestación contra estos concejales que “fácilmente pueden degenerar en alteraciones del orden público”.

Con esta declaración de hostilidades a sus antiguos socios republicanos, los socialistas consiguieron forzar un nuevo consenso político que ilustraba el clima político surgido en el País Vasco tras el bienio negro. Un acuerdo entre las fuerzas que habían sostenido el conflicto de los ayuntamientos, es decir, PSOE, ANV y PNV, permitió la normalización institucional del ayuntamiento. El 10 de marzo se convocaba una sesión para destituir al alcalde y proceder al nombramiento de un nuevo equipo de gobierno. El socialista Eustaquio Cañas, preso en Granada a consecuencia de los sucesos de octubre de 1934, ocupaba la alcaldía. Otro socialista retenía la primera tenencia; el aeneuvista Miguel de Abasolo se mantenía en la segunda, y el PNV se incorporaba en la tercera. La cuarta y una de las sindicaturas eran para los socialistas, y la otra sindicatura para ANV.

Las bases de este nuevo consenso aparecían en la moción conjunta que socialistas y nacionalistas (de ambas tendencias) presentaron en la siguiente sesión. La moción contenía una serie de declaraciones generales de carácter vasquista como la defensa del Concierto Económico, la autonomía municipal o , incluso, “el anhelo de derogación de la ley de 1839, destructora de la libertad originaria de nuestro pueblo”. Pero, además, contenía un programa de normalización institucional con el que se pretendía dar solución al  problema vasco: elecciones municipales, elecciones para las diputaciones (“fin del vergonzante periodo de gestoras”) y aprobación inmediata en las Cortes del Estatuto vasco plebiscitado en 1933. Se trataba, en definitiva, de un programa coherente de actuaciones para normalizar la situación en el País Vasco y consolidar un marco político democrático.

En Barakaldo, pues, la entente cordiale que el PNV mantenía con el Frente Popular daba un paso cualitativo para transformarse en coalición de gobierno. En los meses que siguieron hasta la guerra civil, el discurso del corresponsal nacionalista se avenía a este acuerdo con las izquierdas “propugnando en todo momento un espíritu de colaboración, de convivencia, entre los diversos partidos políticos, y apelando en su favor al bien común y a los “principios de equidad y de justicia, sin dejarse arrastrar por afanes bastardos de partido o de venganza”. Con ello, los jeldikes se desligaban definitivamente del resto de la derecha con quienes, sólo cinco años antes, habían formado una combativo frente contra la República. La ruptura con la derecha se había consumado. En lo político nada podían esperar los nacionalistas de ella. Habían que seguir conjurando, sin embargo, el peso de tradicionales apelaciones como la religiosa. En la línea del discurso mantenido en la campaña electoral, la exposición de Langille no podía ser más clara al respecto: ¡”Venimos propugnando en todo momento un espíritu de colaboración, de convivencia, entre los diversos partidos políticos [...] Bien sé que existen personas que se alarman ante toda innovación de carácter social o económica y en sus gritos desaforados muchas veces sacan a relucir el problema religioso como medio para escudarse contra las normas de la justicia. No debemos ser nosotros nunca los que de tal manera procedamos; en nombre de esos mismos principios religiosos que legítimamente podemos sustentar, defendamos siempre todo principio de justicia, sea cual fuera la persona o entidad que los defienda”.

El alcance de la apuesta nacionalista quedó claro cuando el gobierno Azaña convocó elecciones municipales con un nuevo sistema que incluía la antevotación del alcalde. El carácter mayoritario de la nueva fórmula que impelía a los partidos a coaligarse para no perder la alcaldía o quedar fuera del municipio hizo que el nacionalismo vasco hubiera de enfrentarse de nuevo al espinoso tema de las alianzas electorales. En muchas localidades, los nacionalistas buscaron el apoyo de la derecha para sus candidatos, como  en Bilbao; en otras ciudades, como San Sebastián, monárquicos y nacionalistas apoyaron a un católico; mientras en Vitoria algunos jeldikes defendieron la unión católica. En Barakaldo la opción nacionalista fue bastante más audaz y mostraba su apuesta por recrear un nuevo modelo de funcionamiento político en torno a las fuerzas que habían secundado el conflicto del vino y que gobernaban en el ayuntamiento, marginando a la derecha no nacionalista y católicos neutros. Sobre el transfondo de aceptación recíproca de las reglas del juego, nacionalistas e izquierda se batirían electoralmente y la derecha y los católicos neutros habrían de plegarse previsiblemente a votar a los primeros. El punto débil de esta nueva estrategia eran los nacionalistas de ANV. Si los nutridos efectivos aeneuvistas de la localidad se aliaban con la izquierda, al PNV no le quedaría más remedio que buscar el apoyo de la derecha y los católicos. La prueba de la importancia que los jeldikes daban a la creación de un único frente nacionalista fue la generosa oferta que realizaron a ANV: la alcaldía para el aeneuvista Miguel de Abasolo y el 50% del resto de la candidatura. Que esta oferta era un regalo envenenado se vio rápidamente.

La Asamblea de Delegados de Vizcaya de ANV había aprobado el ingreso en el Frente Popular con motivo de estas elecciones. El comité municipal de Barakaldo votó en contra y se negó a acatar el acuerdo de la Asamblea. Esta actitud provocó un grave cisma en el partido, que provocó la expulsión del comité municipal indisciplinado. Las Eusko-Etxeas de Burceña, el Regato y Retuerto se alinearon con la dirección del partido y la Juventud Vasca de El Desierto apoyó al comité municipal cesado. A la rebeldía de la sociedad mayoritaria en la localidad se añadieron los concejales aeneuvistas, circunstancia que provocó que el ANV expulsase también a su minoría municipal.

Esta crisis está en el origen de la fundación en vísperas de la guerra civil de Acción Autónoma Vasca, en la que se integraron los expulsados.

Las elecciones fueron suspendidas a principios de abril, pero llegó a celebrarse la antevotación para alcalde. El socialista Leonardo Calderón venció al nacionalista Miguel de Abasolo, mas la distancia entre ambos (58% a 41%) no fue tan grande como harían esperar los resultados de las elecciones de febrero. Dado que el candidato de la izquierda obtuvo un porcentaje de voto similar al de febrero, la pregunta que se plantea es de dónde salieron los votos de Abasolo. ¿Se trataba de un efecto de la abstención (41% frente al 22% de febrero), o realmente la estrategia jeldike tuvo éxito y consiguió atraer a la derecha y a los nacionalistas de izquierda?

El final de un largo trayecto.

En las semanas previas al estallido de la guerra civil el PNV había pasado de posiciones integristas y antiliberales a un compromiso con el marco democrático republicano. La reivindicación nacionalista se había impuesto sobre el resto de elementos ideológicos de la síntesis sabiniana originaria. En Barakaldo, incluso había conseguido someter a la derecha no nacionalista obligándola a replegarse tras las candidaturas nacionalistas. Se abría la posibilidad del desarrollo del marco democrático sobre la base de la competencia entre dos grandes bloques políticos: el nacionalismo y la izquierda. En el

País Vasco, el cambio de prioridades nacionalista había convertido al movimiento nacionalista en un elemento clave para la consolidación del sistema político. No resulta descabellado aventurar que la derecha no nacionalista hubiera tenido que plegarse a la coordinación nacionalista en los años venideros. En todo caso, en los últimos años republicanos, el nacionalismo vasco no había contribuido a la fractura social que acabaría emergiendo violentamente en la guerra civil.

Antonio Fco. Canales Serrano

Las peculiaridades de su abastecimiento, a través de cantinas proveídas y regidas por los propietarios de las minas, a lo que había que añadir el tipo de alimentos que consumían, generalmente de escasa variedad y valor nutricional, trajeron consigo unas consecuencias que fueron más allá del ámbito meramente alimenticio. En efecto, si la primera huelga que se tiene constancia en la zona minera de Asturias fue como consecuencia de las quejas de los mineros por la alimentación que recibían, en los montes de Triano, el problema de las subsistencias era una clamor continuo en todas las reivindicaciones obreras e, incluso, llegó a constituir un elemento sino primordial, si básico para aglutinar adhesiones al incipiente movimiento obrero.

Estas son las líneas generales que se abordan en la presente comunicación: cómo se abastecían los mineros de los alimentos; tipo y calidad nutricional de su alimentación; y por último, las repercusiones que en el ámbito laboral se vieron reflejadas como consecuencia de las irregularidades denunciadas por los mineros en lo que se refiere a los dos puntos anteriormente citados.

Cantinas y tiendas obligatorias, 1882-1890

Las condiciones de vida de los mineros de Triano han sido ampliamente descritas y estudiadas. La dureza del trabajo minero, al igual que los requisitos y obligaciones que los patronos exigían y que fueron el germen de amplias movilizaciones obreras, fueron reflejados a través de distintos canales de comunicación, claro está, desde la óptica de aquellos que las contaban. Si nos remitimos a un artículo aparecido en la Revista de Estudios Vascos Zumárraga en 1953, firmado por Javier de Ybarra, nieto de aquellos propietarios de minas del mismo nombre, mucho se dice de lo que la explotación de estos yacimientos supuso para el devenir económico de Vizcaya y de la parte que a los patronos mineros les correspondió en este éxito empresarial, que tal era el concepto que se tenía de las minas. Efectivamente, desde el punto de vista patronal, las minas no eran más que un negocio más al que, por supuesto, había que sacar el máximo rendimiento. La vertiente social de la cuestión minera era observada por los propietarios mineros desde una óptica de labor benéfica, no exenta de un matiz  paternalista. Desde esta concepción de las relaciones patronos-mineros, estos primeros crearon una cobertura de asistencia espiritual, entre la que destacaban patronatos, asilos y hospitales, instituciones todas ellas de beneficencia particular tuteladas por distintas órdenes religiosas. Por lo tanto, para la patronal había que alimentar el alma de los obreros y componer los cuerpos de aquella mano de obra necesaria para el buen funcionamiento del engranaje económico del que las minas eran una pieza fundamental.

Pero, mientras los patronos se dedicaban a cubrir las necesidades espirituales y componer los cuerpos quebrados de los mineros, ¿cuál era el vivir día a día de estos trabajadores? No entraremos en la presenta comunicación a detallar la problemática de la vivienda en la zona minera, tan sólo en cuanto a aquellos puntos que estaban estrechamente vinculados con la alimentación de los mineros. Aún así, reseñar que tanto los barracones en los que estaban obligados a vivir los mineros, como la comida que estaban obligados a comprar en las tiendas obligatorias eran fruto de las más ácidas y corrosivas críticas. Cualquier pretexto era bueno para hacer saber las condiciones en las que vivían los mineros y el tipo de géneros alimenticios que consumían. Por su crudeza, estos aspectos de la vida minera pasaron a formar parte de las primeras reivindicaciones laborales, y dentro de la literatura societaria se convirtieron con el tiempo en un mito del que ningún escrito que hiciera referencia a la historia de los montes de Triano podía sustraerse. Así, por ejemplo, cuando el articulista, escritor y ensayista Julián Zugazagoitia, a la sazón edil socialista del Ayuntamiento de Bilbao, publicó en 1930 su libro El Asalto, basado en la figura del político socialista Facundo Perezagua, describía de este modo las condiciones de vida de los mineros con respecto a la vivienda y alimentación:

Los mineros no tenían casa; se albergaban en los barracones de los capataces, en cubiles que los cerdos rechazarían; allí comían o se surtían de los géneros averiados y podridos de la cantina, adquiridos a precios que el capataz imponía.

La descripción no puede ser más gráfica, ni menos veraz tampoco, a tenor de lo que en abril de 1882 se reseñaba el rotativo El Noticiero Bilbaíno3. No sin cierta chacota, el corresponsal de este periódico en Gallarta, indicaba que en la alimentación de los mineros por evitar enojosas digestiones, no figuraban los exquisitos platos de principios, bistec, postres y demás exquisiteces que adornaban las cartas de dos de las más prestigiosas fondas bilbaínas, la de doña Brígida y la de la Prusiana. La variada alimentación de estos obreros, llena de infinidad de baterías de pucheros, se componía de alubias, habas y garbanzos, de una ínfima ración de buen tocino americano, todo a ello a un precio desorbitado. Se calculaba que un minero gastaría a diario de 3,5 a 4 reales diarios en su alimentación, cuando los jornales variaban de 10 reales mínimo hasta 17 reales máximo. La cantinela de la carestía de los artículos de primera necesidad fue algo constante en todas las referencias al tema de la alimentación de los mineros de Triano y la escasa variedad y pésima calidad de estos artículos también. La verdad es que los jornales no daban para más. Si al elevado desembolso que suponía la alimentación, se añadía el coste no ya de la vivienda, sino del lugar donde dormir, los mineros tampoco tenían mucho margen donde escoger una dieta variada, acorde con sus necesidades nutricionales, aunque los proveedores se hubiesen esforzado en hacer llegar mayor selección y mejor calidad de alimentos hasta las cantinas.

Por lo tanto, la dieta del minero estuvo sujeta desde el comienzo de las explotaciones mineras de Triano, reglamentadas por los patronos mineros, a los imperativos que éstos establecían en torno a las cantinas de uso obligatorio. Las legumbres por su baratura eran el plato estrella, por no decir monocorde de la dieta del minero, puesto que proporcionaban la energía sino necesaria para reponer las fuerzas, sí para continuar la dura faena destripando o transportando mineral. Aún así, las legumbres por si solas, como hidratos de carbono y proteínas no complejas, no compensaban las necesidades proteínicas de los mineros y para solventar este déficit, se les añadía tocino que con su alto valor energético paliaba en cierta medida esta carencia.

Si a este menú se añadía un cuartillo de vino, mal que bien, se completaba la pitanza del minero, hasta la próxima comida, en la que generalmente se repetían los mismos manjares.

El debate de las incipientes sociedades obreras en torno a la alimentación del minero se encauzó desde un primer momento en que aquellas deficiencias nutricionales que se observaban en la dieta de éste, eran consecuencia directa de la obligatoriedad de comprar en las cantinas de los barracones donde vivían. En efecto, los mineros se veían forzados a adquirir los géneros en las cantinas que eran regentadas por los capataces de las minas en las que trabajaban. Estos géneros, puestos a la venta a un elevado precio, eran de ínfima calidad. La solución para las asociaciones obreras pasaba por eliminar esta venta exclusiva en la zona minera y dar paso al libre comercio. Durante los años 1882 y 1883, eran continuas las súplicas de estas agrupaciones para dar fin a la venta exclusiva en las cantinas mineras. Aún así, representantes de la patronal minera, si bien reconocían la carestía de los artículos de primera necesidad, sostenían que si los mineros se atenían a una alimentación más modesta, podían ahorrar algunos cuartos y que en Triano podían encontrar ocupación cuantos fuesen. Y para rematar la jugada, desde los periódicos afines a los propietarios de las minas se hacían continuas referencias a los controles y reconocimientos satisfactorios que se hacían a diario de leche, pan y otros artículos de consumo diario en las tiendas exclusivas de la zona minera.

Mientras tanto, las asociaciones obreras continuaban con sus denuncias acerca de la obligatoriedad de comprar en las cantinas y tiendas de los patronos, arremetiendo duramente contra la carestía y la calidad de los alimentos que en ellas se vendían.

Bastión para este tipo de reivindicaciones fue la huelga minera de 1890, en la que entre las consignas que se lanzaban contra la explotación laboral y en demanda de la jornada de ocho horas, también se gritaba: ¡Mueran los cuarteles! ¡Fuera las tiendas obligatorias! Independientemente del malestar que generaban las irregularidades en el abastecimiento de alimentos por su carestía y calidad, las consignas anteriormente indicadas mostraban claramente la capacidad de cohesión que el hecho alimenticio pergeñó al movimiento societario desde sus orígenes, siendo una de las reivindicaciones más repetidas y más utilizadas. Desde el punto de vista de las asociaciones obreras, la huelga minera de 1890 se saldó con una clara victoria a favor del movimiento obrero, y no sin cierto cinismo lo corroboraban los representantes de la patronal en las minas, para quienes con el consabido lema ¡Abajo los cuarteles y tiendas obligatorias!, por fin se habían terminado estos abusos a cambio de una amplia libertad por parte de los  obreros para albergarse y comprar comestibles. Se decía que el conflicto había sido conjurado sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Reivindicaciones obreras y mejoras sociales, 1890-1907

A pesar de que como consecuencia de las reivindicaciones de la huelga de 1890 había desaparecido la obligatoriedad de comprar en las cantinas de los barracones, en la práctica los capataces se las idearon para que esta obligatoriedad continuara. De este modo, muchos de los capataces indicaban a sus mineros que debían de realizar el gasto en las cantinas que regentaban bajo coacción de ser despedidos si no lo hacían. Ya se podían quejar los obreros de que en esas cantinas se expedían los géneros hechos una porquería y que estuviesen pidiendo a voces una inspección de sanidad, e incluso de que los precios eran muy altos. Y de nada servía ir a quejarse a las autoridades, puesto que las protestas caían en saco roto.

La cuestión alimenticia, además de ser un elemento más de sumisión obrera ante los atropellos de los capataces, era un elemento de discordia entre los mismos mineros. No faltaban las quejas entre los mismos mineros ante la docilidad de otros compañeros, en el caso que se cita de origen gallego, que además de someterse a agotadoras jornadas de trabajo que rebasaban el límite establecido por la ley, se dejaban robar en los comestibles, e incluso envenenar por el mal estado en que éstos se encontraban.

Las quejas ante la mala calidad de los comestibles y el vino que se vendía en las tiendas era una constante y en mayo de 1896, la Comisión nombrada el primero de Mayo en el frontón de Gallarta y los Comités Socialistas de Bilbao de Bilbao, la Arboleda y Gallarta, publicaron un manifiesto dirigido a los trabajadores de Vizcaya en el que se encaraba abiertamente este asunto9. En este escrito se daba a conocer la malísima situación por la que atravesaban los mineros, además de citar los cuarteles instalados en las minas y sus condiciones, se mencionaba también quiénes eran los que explotaban estos cuarteles y las tiendas obligatorias, y quién era el que les abastecía de géneros alimenticios. Se indicaba que los géneros que se expendían en estas cantinas y tiendas obligatorias, eran de malísima calidad, lo peor de cada clase. Al parecer, todo era bueno para los mineros. Todavía se hablaba cuando el abastecedor de estas tiendas contrató a varios hombres para quitar gusanos en grandes cantidades del tocino destinado a los cuarteles mineros y que se vendió tan bonitamente. Los precios de estas tiendas obligatorias eran entre un 25 y un 30 por ciento más caros que los regían en las tiendas libres de la Arboleda y sobre géneros de mucha mejor calidad.

El único expendedor de los artículos de consumo a los obreros de las minas donde existían los cuarteles era un comerciante de Bilbao apellidado Padró, desconocemos su nombre, que pagaba a los propietarios mineros de la razón Sres. Zaballa 14.000 pesetas anuales para mantener su exclusividad en el abasto. Desde luego, las minas no eran para nada un mercado nada desdeñable, con una población que oscilaba entre los 25.000 y 27.000 trabajadores.

Otro motivo de queja de los mineros era las irregularidades que se constataban en las pesas y en las medidas, a pesar de los periódicos reconocimientos de las autoridades, a los que se consideraban puras pantomimas. Y claro, a estos abusos en las cantidades de los géneros se añadían los abusos en la calidad de los alimentos, puesto que había tiendas donde se vendían productos adulterados y en mal estado. ¿Pedir responsabilidades a las autoridades de estos atropellos que ellas mismas debían evitar, cuando uno de los concejales del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana era propietario de dos tiendas?

En junio de 1896 se estaban estudiando en las Cortes las reclamaciones de los mineros de Vizcaya, y reunidos varios representantes del Círculo Minero en el Gobierno Civil de Vizcaya, manifestaron que dónde existían los cuarteles y las tiendas obligatorias era en las minas de Matamoros, Reineta y algunas otras de Allende y no en las que ellos explotaban. Los del Círculo Minero crearon una comisión de la que tomaría parte el diputado Adolfo Urquijo, que gestionaría con los propietarios de las minas, entre ellos su suegro José Martínez de las Rivas, la desaparición de barracones y tiendas obligatorias. Estas medidas tomadas por la patronal poco o nada podían decir a las asociaciones obreras. Valga como ejemplo que en 1895 las Cortes votaron un crédito de cien mil pesetas anuales para vigilar el trabajo de las minas. Un año después el reglamento para su aplicación todavía estaba para su estudio en el Consejo de Estado, y a saber cuando saldría de allí12. Ante semejante dilación, bien poco parecía que les podría interesar a las autoridades los abusos a los que eran sometidos los mineros.

En 1899 las asociaciones obreras consideraban que la zona minera era el sumidero donde iban a para todos los géneros podridos del comercio de Bilbao, y como a los obreros no se les vendía otra cosa, no les quedaba más remedio que comérselos.

Un ejemplo, en septiembre de este año, la Dirección de Sanidad del Puerto de Bilbao inutilizó 2.660 kilos de bacalao y 126 cajas de tocino que se hallaban en putrefacción y que llegaron a Bilbao a bordo del vapor Elvira, y que era de suponer que su destino serían las minas de Triano. Eso sí, no se desveló el nombre del comerciante al que iba destinado este cargamento.

Ante las continuas quejas de los atropellos por parte de los patronos mineros, uno de estos, que además era concejal del Ayuntamiento de Bilbao, utilizaba la plataforma que le brindaba un pleno de esta entidad para hacer un panegírico de la actuación de los patronos. El señor Alonso Allende, que era como se llamaba este concejal, dijo textualmente Los mineros (patronos) no explotan a los obreros, al contrario, lo que hacen es darles de comer. La indignación de algunos concejales, entre ellos del concejal socialista Merodio, les llevó a considerar estas declaraciones como una desvergüenza, puesto que ninguna explotación eran tan odiosa como la de las minas, además de por los atropellos laborales, por la cuestión de las tiendas obligatorias donde se expedían comestibles adulterados, lo que llevaba a los mineros a llevar una vida de esclavos.

Comenzado el siglo XX, el comercio libre intentó hacerse camino en la zona minera, pero topaba con fuertes dificultades para su consolidación por la competencia desleal de que era objeto por las tiendas obligatorias. En agosto de 1903 la Agrupación Socialista de Las Carreras presentó dos escritos al Circulo Minero sobre la situación de los obreros de la minas. En el segundo de estos escritos de solicitaba mejorar la triste situación de los mineros a causa de la carestía de los productos de primera necesidad, al mismo tiempo que justificaba la conducta del comercio libre, abocado a soportar la competencia de las tiendas de los patronos mineros. En primer lugar, decía este escrito, era un hecho que los mineros estaban obligados a proveerse de las cantinas y otras tiendas de los capataces de las minas, unas veces por la falta de dinero, como consecuencia de lo tardío en percibir sus pagas y otras por la amenaza más o menos directa de sus encargados. En segundo lugar, aquellos mineros que vivían fuera de los barracones por estar casados o alojados en otro tipo de locales, recibían un salario menor, por lo que hacían un gasto menor también en las tiendas libres, en detrimento de este tipo de comercio. En tercer lugar, las tiendas obligatorias se aseguraban el cobro de los gastos hechos por los mineros descontándoselo de los jornales, mientras que el comercio libre no tenía medios para garantizar que se le pagase lo que les debía. La única solución que tenían los comerciantes libres era la de aumentar sus precios, en ocasiones mayores que los de las tiendas obligatorias, pero eso si, sus géneros eran de mejor calidad que los de éstas últimas. Las soluciones que se proponían para evitar las cortapisas para el comercio libre eran las siguientes: que los mineros compraran donde quisieran y que se pagase a los mineros a mes vencido y no con los retrasos de hasta más de diez y de veinte días, para evitar los daños que los malos pagadores causaban a las tiendas libres. Ya no se hablaba de géneros en mal estado o de mala calidad, la cuestión a debate era la carestía de los productos de primera necesidad.

En octubre de 1903 un nuevo movimiento huelguístico azotó a la zona minera y ante el dramático cariz que tomaron los acontecimientos, después de terminada la huelga se realizaron diferentes informes para determinar cuál era la situación real de los mineros antes de estallar el conflicto. Entre estos estudios, se encontraba el de los Sres. Salillas, Sanz Escarpín y Puyol, a cargo del Instituto de Reformas Sociales. Según estas investigaciones, había en la cuenca minera de Vizcaya, de once a doce mil mineros, procedentes un 70 por ciento de Galicia, Asturias y Castilla. Ganaban desde 1,25 pesetas como jornal mínimo, a un máximo de 3,75 pesetas. Las jornadas eran de nueve horas y media en invierno y de doce en verano. Se alimentaban, por término medio al mes, con 60 kilos de pan, cinco de tocino, tres de tasajo crudo, dos de judías y garbanzos y 50 de patatas. Cada día consumían un cuartillo de vino y una copa de aguardiente, bebidas casi siempre adulteradas. Todo ello muy caro, mucho más caro que en Bilbao.

Cada año, a causa de las lluvias, los mineros dejaban de trabajar de ochenta a noventa días. Dormían en habitaciones realquiladas o en los barracones, dos en cada cama… Según los comisionados, las habitaciones destinadas a dormitorios eran verdaderos cajones de madera. Por trabajar rudamente al aire libre enfermaban del aparato respiratorio, y muchos morían de pulmonía. Por dormir como dormían, las enfermedades de la piel se propagaban rápidamente; en tres años se comprobó en los hospitales mineros 360 casos de sarna. Con anterioridad, la vida de estos obreros era más dura. Diez y siete huelgas parciales y tres generales, desde la de 1890, y el consiguiente incremento de edificios y comercio en los pueblos mineros, habían creado la situación previa a la huelga de 1903.

Las quejas siempre venían de los obreros connaturalizados y fijamente avecindados en la cuenca minera, organizados en asociaciones políticas. Por el contrario, a la mayoría de los obreros trashumantes y andariegos, poco les importaba seguir alimentándose de quince gramos de tasajo salobre y soportar dormir en el más raído de los petates. Para los autores de este informe, si a las quejas sobre la alimentación, se añadían las condiciones de los dormitorios de los barracones, era un hecho innegable que en la cuenca minera de Vizcaya existía el germen y la razón de una serie de conflictos sociales, de luchas, huelgas y motines más o menos lejanos, pero que llegarían de no llevarse a cabo una política que satisficiese a todas las parte implicadas.

Para prevenir y evitar cualquier movimiento huelguístico, los patronos pedían una ley de huelgas y un aumento de la Guardia Civil; los obreros, solicitaban una organización severa de la Inspección del Trabajo y de las Juntas provincial y municipales de reformas sociales, que en Bilbao no habían llegado a funcionar siquiera. En definitiva, que en la cuenca minera había un problema de higiene y de salubridad, al que se añadía un problema político y se hacía urgente su solución16. Mientras tanto, el Estado, el Gobierno y el Parlamento aplazaron en los momentos de la huelga de 1903 el remedio a la situación de los mineros, sin que pasado medio año después de este conflicto, hubieran tomado solución alguna.

El malestar por el encarecimiento de los productos de primera necesidad en la zona minera era cada vez mayor, y el 1º de abril de 1904 las Agrupaciones Socialistas de Gallarta, Ortuella, Las Carreras, Arboleda y San Julián de Musques, además de las  Sociedades de resistencia de Obreros Mineros, Forjadores y Martilladores, Barrenadores y Maquinistas de las Secciones de La Arboleda, convocaron a los mineros a un mitin monstruo que tendría lugar en el Frontón de Gallarta el día 3 de ese mes, para pedir de los poderes públicos el abaratamiento de estos productos. Cualquiera que fuese el tipo de movilización obrera encaminada a mejorar la alimentación de los mineros y el abaratamiento de los productos de primera necesidad topaban con la mayor indiferencia por parte de patronos y autoridades. En 1907, se llegaba a la conclusión de que con lo que comía a diario un minero y con el trabajo tan duro que tenía que realizar, era imposible vivir.

El alimento diario de los mineros en este año 1907 poco había variado del de sus compañeros de 1882, ahora bien, se había sustituido buena cantidad de las legumbres por las patatas, género mucho más económico. Por la mañana, unos comían unas sopas insípidas y otros un puchero de patatas con una insignificante tajadita de tocino. A las doce de la mañana, la mayoría consumían alubias y otros garbanzos, con otra pequeñísima ración de tocino. Vino, lo bebían los menos. Por la noche, la mayor parte cenaban el resto de las alubias de medio día y los demás un puchero de patatas, acompañadas de una tajada de tocino tan grande que la mayoría de las veces la ingieren sin darse cuenta. Estos eran los alimentos que reparaban las fuerzas de los mineros. Se calculaba en este año 1907 que un minero consumía al mes por término medio: 11 panes, a 75 céntimos cada uno 8,25; Celemín y medio de alubias, a 2 pesetas el celemín 3,00; Un quintal de patatas, a 6 reales y medio la arroba 6,50; Cuatro kilos de tocino, a 2 pesetas kilo 8,00; Habitación 11,00; Tres kilos de tasajo, a 1,50 pesetas el kilo 4,50; Calzado 3,00; Ropa 5,00; Tabaco 3,00; Lectura 0,50; Vino, 10 cuartillos a 30 céntimos uno 3,00. Total de gastos 55,75

En este cálculo mensual no se incluían otros gastos menudos que eran absolutamente indispensables. Además, había que tenerse en cuenta que el cálculo de gastos estaba hecho para una sola persona, no para una familia.

El ingreso mensual de un minero podía calcularse en un término medio de 60 pesetas, a pesar de que el jornal era de 3 pesetas diarias, puesto que se calculaba que entre fiestas, paros forzosos por falta de trabajo o por los temporales, enfermedades u otras contingencias, tan solo quedaban 20 días hábiles al mes. Por lo tanto, la diferencia a favor del minero era de 4,25 pesetas. Este cálculo estaba hecho para mineros solteros, con lo que no era difícil imaginarse la situación de aquellos que tenían que mantener una familia.

Calidad

Calidad de la dieta de los mineros de Triano.

Como consecuencia de los escasos datos que poseemos es difícil determinar la evolución de la dieta de los mineros de Triano. Para 1882 se hablaba de que su dieta se componía básicamente de alubias, habas y garbanzos, acompañados de una pequeña cantidad de tocino20. Se supone, que éstos serían los alimentos que constituían la comida del mediodía, sin que tengamos relación de qué alimentos componían el sustento del resto del día. Es de pensar, que por la noche muchos comerían las sobras del mediodía, o se apañarían con la consabida sopa clarita, que también solía constituir el desayuno de la mayoría de los mineros.

La siguiente noticia sobre los alimentos que constituían la dieta de estos mineros data de 1903, y estos datos se reducen a lo que por término medio consumían durante un mes. Otro tanto de lo mismo ocurre con los datos proporcionados para 1907, en los que de nuevo nos presentan los consumos medios mensuales de estos trabajadores, aunque esta vez, sí que se indica cuál era la dieta completa diaria de los mineros. A partir de los datos presentados para ambos años, 1903 y 1907, sobre estos consumos mensuales, hemos calculado los consumos diarios. Los datos pueden parecer contradictorios, básicamente por la falta de uniformidad de las fuentes pero, en última instancia, resultan esclarecedores acerca de la alimentación de los mineros de Triano. También, hay que indicar el escaso margen de tiempo transcurrido entre 1903 y 1907 como para dar cabida a cualquier cambio drástico en la dieta de estos trabajadores.

Si observamos el consumo de pan, pasamos de 2 kilos diarios en 1903 a 605 gramos también diarios en 1907. La primera cifra puede parecer exagera, mientras que la segunda parece acercarse más a la realidad. A su vez, la cantidad de tocino consumido en ambos años sufrió una pequeña variación, mientras que la cantidad de tasajo se mantuvo igual para los años indicados. Por su parte, las judías experimentaron un elevado crecimiento, de 2 kilos anuales a 6 kilos también por año en 1903 y 1907 respectivamente. Esta variación puede obedecer a la diversidad de las fuentes consultadas, aún así la cantidad de 67 gramos diarios de estas legumbres indicada para 1903 se asemeja un tanto exigua, en comparación con los 200 gramos que se reseña para 1907.

1.- Consumos mensuales

2.- Consumos diarios

Fuentes: elaboración propia a partir de: La Lucha de Clases, Las minas de Vizcaya (2 de abril de 1904); La Lucha de Clases, Crónicas de las minas (26 de enero de 1907).

En cuanto al consumo de patata, parece que decreció algo desde 1903 hasta 1907, si bien, se quedó para ambos años en torno al kilo y medio la cantidad de este producto que los mineros comían al día. Por lo que respecta al vino, las cifras también bailaban. En 1903 se indicaba una cifra que rebasaba el litro de vino consumido al día, mientas que en 1907 esta cantidad se redujo básicamente a un tercio de la misma. El litro largo al que se hace alusión que consumían de diario los mineros en 1907 (un cuartillo diario, equivale a 1,156 litros) nos parece un poco exagerada y proclive a hacer pensar en una pandemia de alcoholismo que arrasaba la zona minera, mientras, la cifra aportada para 1907 muestra estar más acorde con la realidad.

La cuestión que se nos plantea con estas cifras en la siguiente: ¿cubrían estos aportes nutricionales las necesidades dietéticas de los mineros de Triano? Los datos arriba reseñados sobre consumos, hacen referencia a los alimentos sin elaboración alguna, lo que hace subir el aporte energético como consecuencia de las grasas añadidas para cocinarlos. Teniendo en cuenta este dato, hemos calculado la cantidad de kilocalorías consumidas a diario por los mineros de Triano según las fuentes indicadas.

Las cifras de 1903 no parecen, en absoluto acordes con la realidad. El consumo de pan parece excesivo, al igual que el del vino. Probablemente, puede que sean estos dos datos los que camuflen un resultado que podría ser más parejo a lo que realmente comían los mineros. Sin embargo, las cifras de 1907 sí que concuerdan más con la alimentación que llevarían a cavo los mineros. Si analizamos las cifras ofrecidas en este último año, observamos que el peso de la dieta recae sobre los hidratos de carbono y sobre las grasas (pan, patatas y tocino), que son los elementos básicos para proporcionar el combustible que necesita el cuerpo humano. Las proteínas, aunque en menor medida, también pueden ofrecer esta energía y, paradójicamente, esta es la partida que menos kilocalorías aportaba a esta dieta. Mención aparte merecen las legumbres, que frente a las noticias que tenemos de épocas anteriores en la que monopolizaban básicamente la dieta del minero, para 1907 tan solo constituían una quinta parte del aporte energético de la dieta diaria de estos trabajadores.

Evidentemente, las necesidades energéticas varían en función de la actividad de las personas. Se calcula que en aquellos trabajos de intensa actividad física se puede llegar a necesitar 4.000 kilocalorías diarias, siendo la media calculada para los varones de entre 2.700 y 3.000 kilocalorías. Sin duda alguna, el trabajo en las minas exigía un elevado esfuerzo físico, y teniendo en cuenta los datos arriba indicados, si un minero consumía en 1907 una cantidad de 4.524 kilocalorías diarias, se encontraba ligeramente por encima de lo que sus necesidades alimenticias requerían. Ahora, también hay que tener en cuenta el exceso de trabajo que en algunas épocas podría darse, con el consiguiente mayor consumo de energía, que podía quedar compensado por los periodos de astenia laboral.

A modo de conclusión, se puede observar que la alimentación de los mineros de Triano sufrió pocas modificaciones desde 1882 hasta 1907. El aporte energético venía dado por los hidratos de carbono proveniente de las legumbres, que fueron poco a poco sustituyéndose en mayor o menor proporción por patatas, alimento de menor calidad nutritiva pero mucho más barato. Por supuesto, que la carne fresca estaba por completo ausente de su dieta, y las proteínas provenientes de las legumbres, a pesar de no ser tan completas como las animales, se veían compensadas por pequeños aportes de tocino que, a su vez, conferían elementos grasos a la alimentación. También el tasajo, carne seca de vaca importada de Argentina, era otro componente proteico de la dieta del minero, barato aunque de dudosa calidad culinaria. No se han encontrado reseñas del consumo de bacalao por parte de los mineros, aunque en referencias a los ajustes de los comerciantes bilbaínos con las autoridades del puerto de Bilbao, constan referencias de cargamentos de este producto destinados al consumo de la zona minera, eso sí, de la más ínfima de las calidades. Otro elemento de primera necesidad imprescindible en la dieta del minero era el pan y su venta no estaba exenta de continuas quejas por irregularidades en cuanto a su calidad y a su peso.

Por lo tanto, la dieta del minero sufrió un deterioro de su calidad nutricional en cuanto se fueron incorporando productos, como la patata, más baratos y no tan completos como las legumbres a las que se sustituía. La carestía de los géneros de primera necesidad fue desde el primer momento uno de los muros contra los que topaba cualquier intento de mejora de la calidad nutricional de los alimentos. Que las legumbres fueran de menor tamaño, o que el tocino procediera de los Estados Unidos como consecuencia de su baratura, no repercutía en su aporte nutricional, a no ser, claro está, que sus condiciones sanitarias no fueran las adecuadas para su consumo, y de ello derivaran intoxicaciones y otras consecuencias nefastas para la salud de los mineros.

Aún así, no hemos encontrado noticias sobre casos graves de intoxicaciones en la zona minera por el mal estado de los alimentos. Por lo tanto, la piedra angular en la que se basaba el problema de la alimentación de los mineros era el control por parte de los patronos ya fuese de un modo directo o indirecto de los canales de distribución y venta de los géneros alimenticios, permitiendo la venta de unos productos de pésima calidad a unos precios tan elevados que podían llegar hasta doblar el precio de los mismos en la Plaza de Abastos de Bilbao. Esta carestía llevó a los mineros a ir sustituyendo aquellos componentes de su dieta más susceptibles al cambio por otros géneros que, si bien, eran similares, no tenían la misma calidad nutricional. Por consiguiente, la dieta del minero se fue empobreciendo desde el punto de vista alimenticio, aunque por las cantidades reseñadas, aumentó la cantidad de las raciones gracias a los aportes de otros comestibles más baratos y menos completos, como ocurrió con el incremento del consumo de la patata.